En una larga --y ríspida, según versiones-- reunión con los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión, fue divulgada antier la propuesta de distensión del conflicto chiapaneco elaborada por la Secretaría de Gobernación. El documento --que se presenta con una semana de retraso-- expresa un significativo retroceso en las posturas gubernamentales anunciadas el pasado 24 de junio, cuando el titular de esa dependencia, Francisco Labastida, ofreció a los legisladores revisar las posiciones del Ejército en Chiapas.

No puede ignorarse que entre el anuncio de la propuesta y su presentación a la Cocopa, el presidente Ernesto Zedillo pronunció, el 1o. de julio en Simojovel, un discurso de tonos hostiles e intransigentes no sólo hacia el EZLN, sino también hacia la diócesis de San Cristóbal de las Casas, su titular, el obispo Samuel Ruiz, y la autodisuelta Comisión Nacional de Intermediación.

El texto presentado por la Segob recoge el endurecimiento gubernamental y lo plasma en una serie de propósitos tan ambiguos como amenazantes para los indígenas rebeldes. Pide, por ejemplo, que la Cocopa convenza a los zapatistas de que acepten el desarme ``voluntario'' de sus ``cuadros regionales, milicianos y simpatizantes que no estén amparados'' por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, sin que quede claro a quiénes se refiere; pretende introducir en el proceso de pacificación ``mecanismos de negociación por regiones y a escala de las comunidades'', e incorporar ``la participación de todos los actores políticos'' en lo que parece un intento por desconocer que, de acuerdo con la ley, las negociaciones de paz son bilaterales y que el interlocutor del gobierno federal es la comandancia del EZLN; ofrece como medida de distensión lo que debería ser un acto de justicia --la excarcelación de los zapatistas presos--, y aunque plantea la suspensión de las incursiones policiaco-militares en los municipios autónomos, propugna por que éstos ``retornen'' a la ``legalidad constitucional'', en contexto de la remunicipalización emprendida por el régimen de Roberto Albores, pero sin especificar las modalidades y alcances de esta propuesta.

Comparado con el certero y preocupante diagnóstico de la situación de Chiapas formulado por la Cocopa --en el cual se establece claramente la necesidad de dar cabal cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés y atender las condiciones planteadas por el EZLN para volver a la mesa del diálogo--, el texto gubernamental pone de manifiesto posturas desfasadas de la acuciante realidad de ese estado y hasta contraproducentes de cara a la distensión necesaria. La propuesta de la Segob parecería, más bien, un nuevo movimiento en la estrategia de dejar pasar el tiempo y apostar a una mayor descomposición del conflicto chiapaneco.