Fue un error no dar marco legal al presupuesto del DF: magistrados

Jesús Aranda Ť El gasto público en el Distrito Federal ``nunca podrá ser justo ``mientras se considere al Presupuesto de Egresos como un acto materialmente administrativo y no como una norma general, y ``no tendrán ninguna efectividad el principio de reserva de ley en materia presupuestaria ni la fiscalización a través de la Asamblea Legislativa'', advierten el presidente de la Suprema Corte, José Vicente Aguinaco Alemán, y los ministros Genaro Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Prácticamente, indican, se acabó el control jurídico del Presupuesto de Egresos y ``quizá sólo quede el control político'' en la medida en que la mayoría legislativa quiera pedirle cuentas al gobierno que representa. Ello, se lamentan lo ministros, ``cuando el presupuesto en el país comenzaba a ser discutido en los órganos legislativos e, incluso, cuando ya existe un acuerdo político para crear un órgano superior de auditoría de la federación, para que la Cámara de Diputados revise las cuentas del presupuesto en el país''.

La Corte, insisten, debió analizar a fondo la acción de inconstitucionalidad --en lugar de sólo sobreseer--, ya que el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal no es un acto materialmente administrativo, sino una norma jurídica cuya finalidad es, por un lado, autorizar ``el cuánto, el cómo y el para qué de los gastos públicos'' y, por el otro, limitar a la administración el principio de legalidad, propio del estado de derecho.

Severos en sus juicios, afirman que, a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta pública del DF, el control externo del gasto público --a través de los legisladores locales--, ``será un mero ritual simbólico sin debate democrático alguno y sin oportunidad para las minorías de impedir la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, aún con falta de programas, objetivos y metas'', aseveran los ministros.

``Carece ya de sentido la creación en la Constitución del binomio gobierno-Asamblea Legislativa del Distrito Federal'', puntualizan, y rematan: ``A partir de hoy no será la Asamblea Legislativa la que se entere de actividades u omisiones ilegales en el manejo de los fondos de todos, sino --si bien nos va-- la opinión pública a través de la prensa''.

``Habrá presupuesto, pero no democracia'', hacen énfasis al expresar su voto de minoría --que se integra al dictamen de la Suprema Corte en el que el máximo tribunal de justicia del país determinó el sobreseimiento de la demanda de los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que denunciaron la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas--.

De este modo, los ministros aseguran que, ante la falta de control en el ejercicio del gasto público, ``aflorarán desviaciones de poder que traerán como consecuencia el despilfarro, conductas negligentes, imprevisoras, ilegales y el subempleo de los recursos públicos, al aprobarse éste únicamente por la mayoría, sin la posibilidad de que --por no considerársele norma de carácter general-- no puede ser objetada legalmente a través de la acción de inconstitucionalidad'' pretendida por los legisladores opositores.

Además, subrayan los ministros al manifestar su inconformidad con el fallo del pleno que de facto aprobó la legalidad del presupuesto del gobierno capitalino, la consecuencia será que se evitará la transparencia en el manejo de los caudales públicos; la eficiencia en la gestión de los recursos financieros y el robustecimiento de las garantías de los administrados, toda vez que dicho presupuesto ``será aprobado con facilidad por la Asamblea Legislativa del DF, sin oportunidad para las minorías de impedir que éste se apruebe aun con falta de programas u objetivos''.

En este sentido, los ministros señalan que de esta manera ``se olvida y defrauda la función legislativa de la Asamblea en materia presupuestaria, perdiendo de vista que dicho órgano representa al único sujeto y objeto del interés total y absoluto en el Distrito Federal: el pueblo''.

En su reflexión que pareciera ir más allá del ámbito legislativo del DF, los ministros expresan: ``Si el Presupuesto de Egresos ya no tiene su asiento en el democracia formal y pluralista de la Asamblea Legislativa, sino exclusivamente en las manos del Ejecutivo, la responsabilidad de éste será mayor en las decisiones presupuestaria''.

De cualquier forma, insisten en su argumento de que la Corte debió analizar a fondo la denuncia de los diputados de oposición que objetaron la legalidad del citado presupuesto, ya que la ausencia de una clara y solvente información sobre el contenido del Presupuesto de Egresos ``será un espacio oscuro, misterioso, lleno de sorpresas para la gran masa del pueblo capitalino, e incluso para los propios legisladores''.

El voto de minoría de los tres ministros --del cual tiene copia La Jornada--, hace énfasis en que al estar imposibilitados los legisladores de oposición a solicitar el examen de la constitucionalidad del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, la mayoría del gobierno podrá aprovechar esta ``aprobación'', para legislar con carácter general sobre los más diversos sectores del ordenamiento jurídico generándose ``riesgos innecesarios''.

Así las cosas, puntualizan, el criterio mayoritario saca de derecho constitucional al Presupuesto de Egresos y lo entrega a la gestión administrativa del gobierno descendiendo así un piso en el nivel constitucional al establecer el Presupuesto de Egresos y el control de la gestión financiera al nivel de los actos administrativos, con la creciente pérdida de vocación de generalidad y permanencia de las normas ``con fuerza y valor de ley''.

Concluyen los ministros con las preguntas: ``¿Quién va a fiscalizar externamente el gasto en el Distrito Federal? ¿Cómo sabrá la Asamblea la forma y cuantía de lo que se ha gastado, y en qué medida se han alcanzado (si es que los hubo) los programas y objetivos previstos? ¿A quién y cómo exigir las oportunas responsabilidades?''.