En el estado de Guerrero se experimenta actualmente una situación de elevada tensión y temor. Luego de los enfrentamientos de El Charco y Los Pantanos entre efectivos militares y presuntos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), la presencia policiaca y castrense se ha elevado significativamente, especialmente en las zonas rurales, y se han intensificado los operativos de persecución de las organizaciones guerrilleras que operan en la entidad. Los retenes, los patrullajes y los cateos en carreteras y comunidades se han incrementado de manera notoria y, por ello, muchas poblaciones deben sumar a su problemática diaria --marcada por el hambre, la enfermedad, la injusticia y la falta de oportunidades de desarrollo-- el miedo y la incertidumbre provocados por las movilizaciones de las fuerzas de seguridad.

Incluso, los operativos encaminados a identificar y detener a presuntos guerrilleros han afectado a campesinos inocentes y, en múltiples ocasiones, individuos y organizaciones que no tienen relación con los grupos armados que operan en Guerrero, pero que sí mantienen una posición de denuncia y defensa de sus derechos e intereses, han padecido el hostigamiento de parte de las autoridades.

Es claro que el aumento de la actividad militar en el estado no ha contribuido a atemperar la grave situación de pobreza, inseguridad y persecución que sufren numerosas organizaciones y comunidades indígenas y campesinas de Guerrero. Un ejemplo de ello es el asesinato, cometido apenas ayer, de Eusebio Vázquez Juárez, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Tepetixtla, quien ya había sido amenazado de muerte a causa de las denuncias que formuló en torno a la actividad de grupos paramilitares en la sierra guerrerense y los atropellos que, presuntamente, algunos elementos del Ejército Mexicano habrían cometido en contra de campesinos. Con el homicidio de Vázquez Juárez, son ya 34 los militantes de la OCSS asesinados desde la masacre de Aguas Blancas, en 1995. En la gran mayoría de los casos, los asesinatos permanecen impunes.

Al grave fenómeno de descomposición social que prevalece en Guerrero como consecuencia de la miseria, la injusticia, la impunidad, la insalubridad, el analfabetismo, las violaciones a los derechos humanos y la intimidación que padecen gran parte de las comunidades, las autoridades deben responder, antes que con medidas de fuerza, con acciones que atiendan las graves carencias materiales, sanitarias y educativas que agobian a los pobladores rurales, y con la inmediata detención y castigo de los responsables de los asesinatos y atropellos cometidos en contra de luchadores sociales y campesinos indefensos.

Lograr la reconciliación social mediante del diálogo, la atención de las demandas populares, la desaparición de los cacicazgos y la erradicación de la impunidad es la mejor vía no sólo para restablecer la paz y el estado de derecho en Guerrero, sino para dar solución a la violencia política y social que ahí se vive como resultado, justamente, de la opresión y la miseria que, históricamente, han padecido los campesinos y los indígenas guerrerenses.