Ha pasado un año desde que en las elecciones del 6 de julio de 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el PRD la ganó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo la jefatura de gobierno de la ciudad con cerca de la mitad de los votos. Sin embargo, el avance democrático sigue atrapado en el envejecido y descompuesto régimen político de partido de Estado materializado en el PRI-gobierno y su control del poder federal y de la mayoría de los estados de la república.
El autoritarismo priísta sigue mostrando su cara, endurecida por el riesgo de perder el poder: violenta intransigencia en Chiapas; imposición de gobiernos estatales ilegítimos y corruptos (Chiapas, Tabasco, Yucatán, entre otros); corrupción de los sistemas policiacos y judiciales e impunidad; mantenimiento de una política económica y social que agrade a la mayoría de la población y reproduce la informalidad y la inseguridad pública; apoyo irrestricto al gran capital monopólico, sobre todo el especulativo; destrucción del patrimonio público con su privatización irreflexiva; conversión en pública de la deuda privada de grandes empresarios ineficientes o curruptos (Fobaproa y carreteras concesionadas como ejemplos más espectaculares); etcétera.
El cambio democrático logrado en las urnas, no se manifiesta en las instituciones públicas, cuyo gobierno y operación signen las reglas del viejo régimen; ejemplo notorio por su importancia social son las universidades públicas regidas por leyes orgánicas envejecidas y verticalistas. La mayoría de la población, hundida en el desempleo, la pobreza y la informalidad causadas por 15 años de crisis económica continua y políticas neoliberales salvajes, amedrentada por la violencia que alimentan y que tiene como actores a parte de los aparatos policiales, judiciales y gubernamentales, alienada por grandes espectáculos deportivos, musicales, religiosos fabricados por los medios, no logra mantener una acción ciudadana intensa y constante que acelere el proceso democratizador.
En el DF, uno de los fragmentos de la gran metrópoli, el PRD y el gobierno de Cárdenas han hecho esfuerzos muy importantes para impulsar el cambio democrático: búsqueda de consensos partidarios para lograr la reforma política plena; trabajo legislativo para cambiar la base legal de la gestión urbana; construcción de una relación abierta y participativa con la ciudadanía; solución de problemas cruciales (ambulantaje, seguridad, empleo) mediante el diálogo con sus actores; una política territorial y social orientada a las necesidades de los sectores más vulnerables; transparencia en el gasto y lucha contra la corrupción en la administración; supresión de prácticas corporativas con las organizaciones sociales y de manipulación de los medios; y muchos otros cambios, poco espectaculares pero sustantivos para la construcción de otra forma de gobierno.
Pero enfrentan límites y conflictos: ausencia de facultades para actuar en la política económica y social; permanencia de una estructura legal y administrativa atrasada y opuesta al cambio; limitación de recursos, agravada por el recorte presupuestal federal; falta de medios de coordinación con el gobierno del estado de México; ataques sectarios del PAN, el PRI y sus grupos corporativos; crítica mordaz, subjetiva y manipulada de muchos medios de comunicación; oposición del sindicato de trabajadores del DF controlado por el PRI; poca movilización social de apoyo al cambio; presión de la población que ante sus necesidades inmediatas olvida la profundidad de la crisis urbana y los límites de acción gubernamental; etcétera.
Hoy lo que está en juego es el futuro de la ciudad y sus habitantes, no sólo un hombre, su gobierno y su partido. Los sectores democráticos tienen que reforzar la participación para el cambio, con el gobierno que eligieron libremente, con vigor y firmeza pero sin perder su espíritu crítico. Construir una ciudad para todos requiere de la acción de todos sus ciudadanos.