Pese a los continuos esfuerzos para encontrar una salida pacífica y negociada al conflicto chiapaneco, lo cierto es que, a más de cuatro años y medio de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el proceso de diálogo en Chiapas se encuentra en un tenso impasse. En los últimos meses, hechos como la masacre de Acteal; la operación abierta e impune de grupos paramilitares en las regiones de los Altos, la selva y el norte; la campaña xenófoba contra la presencia en Chiapas de extranjeros defensores de los derechos humanos, y los actos de hostigamiento a los municipios autónomos zapatistas, han erosionado gravemente el clima político y social en ese estado sin que, hasta la fecha, se cuente con caminos despejados por los cuales transitar hacia la paz.

Y pese a la urgencia por restablecer el diálogo, el gobierno federal ha descalificado, de manera continua, casi todas las iniciativas de acuerdo y mediación emprendidas desde que se suspendieron las mesas de negociación de San Andrés: la propuesta de ley en materia de derechos y cultura indígenas formulada, de forma consensada, por la Cocopa, fue rechazada por el Ejecutivo; los acuerdos de San Andrés permanecen incumplidos, y la propia Conai, única instancia efectiva de mediación en Chiapas, optó por disolverse ante la presión sistemática, proveniente de diversas oficinas del poder público, a la que fue sometida. Incluso, en fechas recientes los importantes esfuerzos realizados por la Cocopa no han tenido éxito ante la insistencia del gobierno federal en establecer un diálogo directo con el EZLN.

En ese contexto, si bien es deseable que el conflicto chiapaneco sea resuelto de manera pacífica en México y por los mexicanos, la creciente violencia contra las comunidades indígenas, la falta de vías para el diálogo y la inexistencia de canales de mediación entre el gobierno y el EZLN, han suscitado la preocupación internacional. Es lógico, por lo tanto, que personas, grupos e instituciones de gran autoridad moral -entre los que figuran 100 diputados suizos; Mary Robinson, la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ahora el propio secretario general de la ONU, Koffi Annan- realicen declaraciones en torno a la situación imperante en Chiapas.

Pero más allá de que se cristalice o no una contribución de buena voluntad de Annan, que el secretario general de la ONU se informe sobre las circunstancias prevalecientes en Chiapas resulta en sí mismo un hecho significativo, pues revela que la problemática chiapaneca -como lo fueron en su momento los conflictos en Guatemala, El Salvador, Yugoslavia y la región de los Grandes Lagos africanos- es un tema importante en la agenda mundial en pro de la paz y la convivencia armónica de los pueblos. Además, para dar idea de la importancia de la colaboración internacional en esos asuntos, no debe olvidarse que México mantuvo una posición activa durante los conflictos armados en Centroamérica y que, por ejemplo, la participación mexicana fue decisiva en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno salvadoreño y el FMLN.

Con todo, es claro que el conflicto chiapaneco puede resolverse exclusivamente por los mexicanos si el gobierno federal se decide a cumplir los acuerdos firmados y emprende una serie de medidas encaminadas a construir un clima propicio para la reanudación del diálogo con el EZLN.

Para ello, resulta indispensable desmantelar a los grupos paramilitares, detener definitivamente las presiones y la persecución contra los municipios autónomos, retirar a los efectivos militares de las comunidades indígenas y aprobar por consenso leyes y reformas constitucionales que den validez y soporte legal a los acuerdos de San Andrés. Acciones como ésas serían, antes que los discursos, la mejor muestra de que México puede transitar, sin ayuda del exterior, hacia una paz justa y digna en Chiapas.