En otro escenario, el sindicalismo oficial está planteando, en otro intercambio, conceder la flexibilidad que reclama el sector empresarial a cambio de que quede intocado el esquema de control del que hoy son sus principales privilegiados. En otras palabras, ``estoy dispuesto a reducir la estabilidad en el empleo, pero no me toques mi negocio; quiero seguir realizando contratos de protección y continuar enriqueciéndome con las cuotas sindicales y patronales, sin tener la obligación de dar cuentas a nadie''.

En estos dos escenarios se coincide en lo esencial: bajo la excusa de la llamada modernización y competitividad, reducir la estabilidad laboral, o sea, facilitar formas temporales y precarias de contratación y permitir al patrón un despido libre y reducido en su costo, así como mantener las formas de control y corrupción que hoy invaden al sector sindical.

En un tercer escenario, el sindicalismo no oficial parece dividido en una doble posición: reforma sí o reforma no. Efectivamente, algunas organizaciones como la Intersindical Primero de Mayo o el Sindicato Mexicano de Electricistas plantean que no existe una correlación de fuerzas favorable a los trabajadores en estos momentos y que aceptar la reforma equivale a dar un cheque en blanco a la reforma neoliberal que impulsan los empresarios corporativos y el sindicalismo oficial.

Otras organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo o distintos sindicatos universitarios, pugnan por una reforma laboral que no solamente incluya cambios en la legislación, sino una modificación integral de las condiciones en las que se presta el trabajo, como parte de la reforma política por la que se lucha hoy en el país.

Los objetivos que se plantean son: abrir espacios de democratización real en el movimiento sindical, la autonomía frente al gobierno, flexibilidad con bilateralidad y la modernización laboral que dé a los actores productivos la legitimación necesaria de la que actualmente carecen, gracias al corporativismo existente.

Estas organizaciones recogen en lo esencial lo que han sido las demandas fundamentales del sindicalismo independiente y democrático en los últimos lustros, y obviamente se oponen a la reforma neoliberal que significaría un grave retroceso en las condiciones de los trabajadores.

Independientemente de los argumentos que animan cada una de las posiciones, hoy es claro que una división del sindicalismo no oficial abonaría el terreno a una reforma que no conviene a los trabajadores.

Por ello, más allá de lo que pareciera ser un falso dilema entre reforma sí o reforma no, el reto del sindicalismo democrático es construir un polo de unidad con las fuerzas políticas y sociales e iniciar una amplia movilización y de formación de opinión pública en torno a las necesidades urgentes de los trabajadores: crecimiento real del empleo y los salarios, respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, democracia y autonomía sindical e igualdad ante la ley.

Encontrar las coincidencias con los partidos políticos que han presentado proyectos o anteproyectos de ley laboral, realizar un trabajo de cabildeo en los órganos legislativos, así como pugnar por la incorporación de los temas laborales en los proyectos de reforma del Estado, son pasos importantes que deben orientar a una acción de real confrontación con quienes insisten en construir un país a la medida sólo de los grandes empresarios y de los líderes sindicales que siguen lucrando con los derechos laborales.

Más allá de un no rotundo a la reforma laboral neoliberal, hay una propuesta democrática que hay que consensar, publicitar y luchar por ella. Desconocerla es hacer el juego a los que apuestan al inmovilismo para lograr conservar sus privilegios y dejar que sea por la vía de la práctica cotidiana, como se dé la verdadera reforma laboral, y a través de contratos flexibles, contratos de protección, apartados de excepción e impartición de la justicia laboral a cargo de la ``interpretación'' muchas veces dolosa de las autoridades.

Hace unos días Miguel Angel Rivera, en su columna Clase Política (La Jornada, 13-06), decía que cuando McDonald's llegó a México enfrentó un movimiento de huelga porque instrumentó un sistema de contratación por horas, siendo que esa modalidad es ilegal. Esto es impreciso porque la ley no lo impide; el conflicto tenía que ver con la costumbre de aceptar emplazamientos de huelga, con el fin de celebrar un contrato colectivo, de sindicatos -en ese caso uno de la CROC- que ni siquiera cuentan con afiliados en la empresa. Este es un eterno drama de las pequeñas y medianas empresas que son chantajeadas por líderes sindicales -en complicidad, muchas veces, con las autoridades- y que no tienen más salida que darle dinero o aceptar la imposición de un contrato colectivo de protección, casi siempre ``convenido'' a espaldas de los trabajadores.

Al hablar de la ley laboral es frecuente toparse con comentarios prejuiciados. Los he oído en comunicadores, como Pedro Ferriz de Con, la última vez para descalificar la huelga de sobrecargos de Aeroméxico afirmando que la requisa está autorizada en la Ley Federal del Trabajo.

Es claro que Ferriz no sabe lo que la ley dice: ``se ofenden los derechos de la sociedad... a) Cuando declarada una huelga ... se trate de subsistir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse resuelto el conflicto de la huelga''. La requisa es parte de la Ley de las Vías Generales de Comunicación y su fin es prever conflictos que pudieran surgir en casos de guerra o amenazas a la paz interna. En contraste, al mismo tiempo, en Francia, en plena fiebre mundialista, los pilotos de Air France declararon una huelga, provocando pérdidas millonarias y cientos de molestias, pero allá nadie pensó, de la empresa o del gobierno, en medidas que lastimaran el derecho de huelga.

Hay, también, inclinación a exagerar opiniones sobre la necesidad de las reformas a la ley laboral. El presidente de Concamin, Jorge Marín S., afirmó recientemente que el retraso en los cambios nos hace competir en forma desventajosa en el marco de la globalización. Otra falsedad, la ley no frena la eficiencia productiva, ésta se debe a factores derivados de la falta de apoyos a la empresa nacional, al desarrollo tecnológico y la cultura empresarial que no permiten generar estrategias de largo plazo.

La prisa, más bien, parece buscar legitimidad para hacer despidos más fáciles y sin indemnizaciones, omitiendo propuestas que alienten nuevos colchones sociales (seguro del desempleo). Su idea es acabar con la estabilidad laboral y el carácter tutelar de la ley para, en la indefensión, propiciar una mayor explotación del trabajador a un relativo bajo costo.

En el terreno colectivo, al hablar de corporativismo se piensa, regularmente, en la disposición estatutaria que tienen algunos sindicatos y centrales -la CTM, por ejemplo- para obligar a un trabajador a pertenecer a un determinado partido (el PRI) y se cree que eliminando esa exigencia se acaba con el mismo. En realidad esta apreciación es incompleta. Erradicar el corporativismo significa acabar con el control y la injerencia que el gobierno ejerce sobre las organizaciones sociales a través de sus dirigentes para ganar su incondicionalidad y mantenerlos alineados a sus designios. Las reformas, sin duda, deberán contribuir a la modernización eliminando los resabios corporativos de la ley y sus prácticas inherentes, que no permiten que los sindicatos asuman su corresponsabilidad en el desarrollo productivo y democrático del país.

Así, artículos de la ley que permiten que la autoridad diga quién tiene derecho o no a crear sindicatos; a manejar discrecionalmente los contratos colectivos para permitir una industria gansteril de la protección -donde los trabajadores afectados no tiene ninguna participación-; que sólo reconocen la figura del secretario general como representante del sindicato; que justifican los apartados de excepción y aceptan la simulación justiciera que ofrece el tripartismo de las juntas laborales, deben desaparecer si priva un ánimo incluyente y plural en las reformas.

Con la nueva ley, además, hay que eliminar prácticas escudadas en argumentos legaloides que no permiten que se ejerza de manera plena la libertad sindical. Tal es el caso de la llamada cláusula de exclusión, símbolo del control de un sindicalismo caduco y coercitivo.

Una reforma laboral progresista debe reivindicar las bondades de la bilateralidad en un nuevo diálogo entre sindicatos, empresarios y gobierno sustentado en el respeto, la autonomía, la responsabilidad y la tolerancia. Vencer el autoritarismo y el control es una consigna de estos tiempos que aplica hasta en el futbol.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular, José Antonio González Fernández, ha llamado a presentar propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT). En particular indicó que las propuestas deberán hacerse entre julio y agosto del presente año, para que la respectiva iniciativa de ley de Ernesto Zedillo esté lista en septiembre. Ante la inusual velocidad política que se manifiesta, surgen varias interrogantes básicas (La Jornada, 13-VI-1998).

La primera pregunta es: ¿los trabajadores y patrones están claros de que la Ley Federal del Trabajo está compuesta por mil 10 artículos básicos, más los transitorios? Igualmente hay que tener presente que la reforma implicaría modificar el artículo 123 constitucional, el cual tiene 31 fracciones para el apartado A y 14 fracciones para el apartado B (ver Ley Federal del Trabajo, ed. STPS, 1992, 454 pp). Además, considérese que en el ambiente sindical y político está el planteamiento de suprimir el Apartado B, por lo cual se prevé una amplia discusión de este punto, tanto al interior del Congreso como fuera de él.

La segunda pregunta surge de manera natural: ¿una ley de este tamaño podrá ser revisada, analizada, criticada y evaluada en dos meses? En tercer lugar podemos preguntarnos, ¿a quién le interesa la discusión de esta ley?, ¿sobre quiénes va a tener efecto? Para responder a esta cuestión, el Instituto Nacional de Estadística, Goegrafía e Informática (INEGI) nos proporciona los siguientes datos:

Así las cosas, la LFT rige en principio para 68 millones de mexicanos, de los cuales actualmente se halla en la PEA un total de 38 millones. A grandes rasgos, el CT agrupa a 4.5 millones de trabajadores, es decir, ya representa a sólo una quinta parte de los trabajadores, si tomamos como base el dato de 25 millones de asalariados que usa el INEGI. Por el contrario, si partimos de que hay una PEA de 38.39 millones, entonces el CT representaría casi la décima parte del mundo productivo.

Además, el millón y medio de empresarios --grandes, medianos, pequeños-- representan sólo una mínima parte de los 68 millones de mexicanos de 12 años y más, y de los 38 millones de la PEA. Pues bien, lo que indican las cifras es la poca representatividad que tienen el CT y el CCE frente a una sociedad de las amplias dimensiones que tiene México.

Por otro lado, si se reconoce que México es un país en proceso de ``modernización'', también cabe plantear la cuarta pregunta: ¿es correcto que una ley con efectos en millones y millones de personas, sea formulada y discutida en 60 días sólo por un puñado de líderes patronales y sindicales, que únicamente piensan en sus intereses particulares? ¿Acaso no es justo y necesario que en México ya se consideren otras maneras de hacer cambios a las leyes? ¿O vamos a continuar con la misma pésima historia de que sólo se aprueben autoritariamente las iniciativas de ley enviadas por el Presidente? ¿Esta actitud sería moderna y democrática?

Si cualquier persona que pretende trabajar en México será regida por esta LFT, ¿no es razonable que se establezca un periodo más amplio para discutir, analizar y formular reformas a tal ley?, ¿no sería pertinente establecer canales para promover la participación de los millones de mexicanos que forman la población trabajadora?

Además, el Congreso de la Unión está con una agenda legislativa bastante cargada y complicada de por sí: una iniciativa de Ley sobre los Derechos Indígenas y otra iniciativa de Ley para decidir el Fobaproa: ambas van a crear tensiones fuertes en el Congreso. Además, se pretende agregar la iniciativa de reforma a la LFT, que de ninguna manera va a ser sencilla ni rápida. ¿Acaso en el México moderno no hay lugar para la cordura?