El tercer recorte presupuestal confirma que fue un grave error calcular en 15.50 dólares por barril el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de crudo para este año. Pero, acaso como rectificación a una observación anterior, hay que reconocer que no se trata de un error técnico, sino de una lamentable decisión política. Los hechos parecen confirmarlo.

La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 1998, por una parte, y de la miscelánea fiscal 1998 por otra, se enfrentaba con el bloque opositor PAN-PRD, que amenazaba con rechazar las iniciativas y exigir una profunda rectificación, para la cual no sólo técnica y económica, sino aun políticamente, no estaba preparado el gobierno. ¿Por qué? Pues simplemente porque este gobierno, como muchos otros, ha temido realizar una profunda reforma fiscal en la que realmente se grave al capital y se supere la regresiva visión que hace descansar los ingresos tributarios gubernamentales en los causantes cautivos, es decir, en los asalariados, a través del impuesto sobre la renta (ISR), que en los últimos cuatro años (1994 a 1997) ha representado más de 40 por ciento de los ingresos tributarios. Además, como contrasentido complementario, estos ingresos tributarios han bajado su participación en los ingresos presupuestales del gobierno federal, pues de 73 por ciento registrado en 1994, llegaron a un raquítico 58 por ciento, entre otras razones --por no decir fundamentalmente-- por la creciente participación de los ingresos petroleros, principalmente los derechos de extracción de hidrocarburos o, lo que es lo mismo, la renta petrolera, que de representar 12 por ciento en 1994 alcanzó 26 por ciento en 1996 y cerca de 20 por ciento en 1997.

Esto permite asegurar que un presupuesto gubernamental fundado en una estimación de 15.50 dólares por barril para la mezcla mexicana del crudo de exportación --aprobada en el Congreso por la alianza PRI-PAN-- resultaba por principio de cuentas muy riesgoso, por no decir irracional, no sólo porque los precios internacionales del petróleo venían cayendo desde 12 meses antes, sino porque incluso el importante incremento de la demanda de crudo en 1997 no había logrado frenar ese descenso. Pero también resultaba irracional porque impedía --en contra, incluso, de cierta intención gubernamental original-- impulsar cambios fiscales que hicieran menos dependientes del petróleo los ingresos y permitieran el inicio de una fase fiscal más racional, más coherente y, en definitiva, más justa, en la que el asunto del impuesto al valor agregado (IVA), por cierto, resultaba relativamente secundario.

Era evidente entonces que a finales de 1997 el gobierno requería el máximo apoyo y acuerdos para lograr la aprobación de sus iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para 1998. Y para ello contaba con su miscelánea fiscal. Así, pronosticando altos ingresos petroleros, prometía también ampliación del gasto e impulso al desarrollo económico, sin el desgaste político que representaba aumentar impuestos o modificar sustantivamente la estructura y el nivel fiscal actuales. Por ello, no sólo consiguió un amplio apoyo entre los sectores empresariales más fuertes, sino también entre capas empresariales y asalariados medios. Con ello logró el apoyo del PAN no sólo para evitar la baja del IVA, sino el rechazo de sus iniciativas fiscales.

Hoy, luego de tres recortes que acumulan poco más de cuatro mil millones de dólares, se despeja toda duda respecto a una maniobra que --se pensaba-- no resultaría tan clara, porque, en rigor, no era evidente que los precios se desplomaran aceleradamente y tampoco que tuvieran tantas dificultades para recuperarse; menos aún que hubiera necesidad de esta tercera rectificación, sobre la base --loca, como el mercado-- de un precio promedio de 11.50 dólares, que a pesar de todo garantizará un ingreso petrolero no inferior a 19 mil millones de dólares, tanto por los derechos de hidrocarburos como por el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS), el IVA neto y otros pequeños rubros.

Por todo esto, este tercer recorte pone en evidencia no sólo la violenta maniobra gubernamental de finales del año pasado, sino su timidez e incapacidad políticas para impulsar una reforma fiscal de fondo que termine de tajo no sólo con muchísimos privilegios --como los que disfrutan especuladores y rentistas financieros al no pagar impuestos--, sino que establezca bases justas para una recaudación que, de manera prioritaria, libere a Pemex de unas ataduras que le impiden proyectarse como empresa fuerte, integrada e integral.