Circulan en el Distrito Federal cerca de 12 mil taxis piratas

Daniela Pastrana /I Ť Con amparos inservibles, en su mayoría producto de la reventa de sentencias caducas, documentos falsificados de placas robadas, o sin permiso alguno, avalados sólo por la pintura verde, un copete y un taxímetro -en muchas ocasiones alterado para cobrar de más-, en la ciudad de México circulan sin concesión oficial cerca de 12 mil taxis, según estimaciones de autoridades capitalinas.

La cifra es más del doble del número de vehículos piratas -5 mil- reconocidos por el pasado gobierno, y que en 1995 obligaron a las autoridades capitalinas a aplicar un programa urgente de reemplacamiento que, según la evaluación de dirigentes transportistas, ``no sólo no funcionó, por la corrupción que había abajo, sino que incrementó el problema''.

En esta administración, más de 3 mil 500 vehículos han sido remitidos al corralón por falta de documentos para acreditar el servicio.

``Lo que comúnmente ocurre, sobre todo en el caso de los vehículos que han sido sancionados y remitidos a los corralones, es que el amparo que tienen no les funciona, no les sirve. La gente ha sido sorprendida, les han vendido un amparo que ni siquiera ellos promovieron'', explica Alejandro Garay Ramírez, subdirector de Evaluación Técnica y Legal de la Secretaría de Transporte del Distrito Federal.

Para el panista José Luis Luege, presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea en la pasada legislatura, el problema actual se origina en el crecimiento explosivo que se dio en la gestión de Manuel Camacho Solís, cuando según un diagnóstico que hizo la comisión legislativa, el número de placas de taxis se incrementó en razón de uno a cuatro.

¿Por qué? La negociación política se traducía en permisos y concesiones, sostiene el ex asambleísta. ``Era como la caja chica del gobierno para pagar favores o acuerdos políticos y se otorgaron permisos sin necesidad y más bien como pago de prebendas y compensaciones del gobierno''.

Pese a todo, coinciden dirigentes, funcionarios y políticos, el problema de los taxis ``es el menor dentro de los conflictos del transporte''. El gran nudo para el gobierno, afirman, está en los microbuses.

Crecimiento ``brutal''

Del crecimiento desmedido del servicio colectivo registrado en los últimos 20 años, los taxis independientes se mantuvieron al margen... hasta que Manuel Camacho Solís llegó a la regencia de la ciudad.

Durante su gestión, afirma Luege, se desbordó el problema. Así nada más, de 20 a 80 mil juegos de placas en cuatro años. ``Brutal'', dice el panista.

En 1992, Camacho Solís firmó un decreto para prohibir la expedición de nuevas concesiones.

¿Qué pasó? ``Empezaron a salir los piratas'', dice Juan García Luna, presidente de la Organización de Dirigentes Nacionales del Transporte (Odinatra) y representante del PRD en la Comisión del Transporte del DF. Placas construidas, duplicadas, robadas. Incluso, había una banda que se dedicaba a robar placas estacionadas en las calles para después hacer documentos falsos. En 1995, el conflicto obligó a las autoridades al programa de reemplacamiento

``Pero lejos de sanear, el reemplacamiento incrementó el problema'', dice García Luna, uno de los ocho líderes cúpula del transporte. ``Hubo gente que nunca fue notificada, que luego se amparó. Y los amparos se revendieron. Había mucha corrupción abajo, los inspectores recogían las placas y después ya no aparecían en la dirección de transporte''.

Simplemente, dice, en la época de transición entre Camacho y Manuel Aguilera, cuando el entonces coordinador de Transporte, Joel Ortega, renunció por la candidatura del PRI a una diputación federal, se registró un aumento de 3 mil juegos de placas. Más aún, al entregarse la placa metropolitana a los microbuses, los propietarios entregaron las anteriores a la DGT; pero en lugar de destruir estas placas, las autoridades las transformaron en concesiones para taxis.

Amparos y esperanzas

Jorge González Rosales tiene motivos para estar enojado con el gobierno del DF. De los tres taxis que tiene, dos están en el corralón por falta de documentos para probar la concesión. Y los amparos que obtuvo con la ayuda del diputado federal del PRD, Bruno Espejel --antes de las elecciones, claro--, no sirven para nada.

``El diputado nos ha dicho que tengamos paciencia porque el gobierno tiene que actuar parejo para que no parezca que hay favoritismos de ningún tipo, como taparle el ojo al macho, pues, pero que si los vamos a poder sacar'', dice esperanzado el conductor.

Como él, los otros 220 integrantes de la organización de taxistas de Pantitlán --en la que hay 600 unidades amparadas--, confían en que finalmente habrá nuevas placas.

``Lo más común es que los amparos sean colectivos, respaldados por una organización'', dice Alejandro Garay Ramírez. Y explica: ``La simple existencia del amparo no es garantía de que la autoridad no puede ejercer sus funciones. Aun cuando exista el amparo, aun cuando sea legal, no significa que tiene el beneficio de la suspensión''.

Desde su oficina en el tercer piso de la Dirección General de Transporte, el funcionario asegura que cuando se han detectado casos en que efectivamente hay un impedimento legal para imponer sanciones de inmediato se ordena la liberación de los vehículos.

Sin embargo, sostiene, ``son pocos, muy, muy pocos los casos. En la mayoría son amparos que están sobreseídos, que no tienen validez o que fueron promovidos por personas distintas''. Peor aún, se han detectado sentencias alteradas y documentos falsos. En esos casos, dice el funcionario, se solicita la intervención del Ministerio Público. Aunque en realidad, la infracción es suficiente para que se desistan de reincidir.

Explica: ``La sanción, de acuerdo con lo que determina la ley, es una multa de 160 a 200 salarios mínimos, que son más o menos como 6 mil pesos, y queda un registro en el área de inspección. En el caso de reincidencia, el monto de la infracción se duplica. Entonces ya no es negocio ¿verdad?''.