Con un padrón de más de siete millones de habitantes, realizar elecciones en el estado de México significa tanto como organizar comicios, al mismo tiempo, en otras 12 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Como se aprecia, en esta relación están dos de los estados que tuvieron recientemente elecciones para cambio de gobernador y que tanto impacto causaron en la opinión pública nacional: Durango y, sobre todo, Zacatecas.

Hace unos días, en este espacio señalamos que la actividad política ya está en efervescencia en el estado de México, y como consecuencia de la misma, la directiva del PRI estudia la forma de realizar las elecciones internas para que el candidato a gobernador tenga un respaldo popular como el que dio la victoria a su compañero Patricio Martínez en Chihuahua, y evitar los problemas internos que derivaron en la derrota de Zacatecas.

El mayor obstáculo está en las cifras y el enorme costo -político y económico- que tendría realizar unas elecciones abiertas, pues teóricamente podrían votar los siete millones de empadronados, aunque no sean militantes del tricolor.

Dejar abierta la posibilidad de que en un proceso interno voten hasta los rivales del partido es un riesgo político muy grande, y hacer dos comicios en un plazo muy corto requiere de un dinero que el PRI no tiene.

El diagnóstico y el remedio

Por otra parte, está la necesidad de no dar pasos atrás. De ninguna manera resulta conveniente para el CEN del PRI dar la apariencia de pretender poner fin a mecanismos democráticos de elección de sus candidatos.

Este es un dilema que se ventila entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) presidido por Mariano Palacios Alcocer, y la directiva estatal que encabeza el ex diputado Arturo Montiel. Incluso participa de forma discreta, en su calidad de militante del partido, el gobernador mexiquense César Camacho Quiroz.

El mandatario estatal ha propuesto un sistema de elección indirecta que no tiene los problemas de las votaciones abiertas y tampoco significa una vuelta al sistema antidemocrático del ``candidato de unidad'', que en la práctica sólo encubría el ``dedazo''.

Esta forma de elección indirecta sería mediante comicios en los 43 distritos electorales locales para designar a los delegados, que luego votarían en una magna convención estatal sin ``línea'' y con plena libertad de decisión. Si de números se trata, se podrían elegir hasta 500 delegados por cada distrito, que sumarían más de 21 mil en el estado, una cifra de votantes que no se alcanza muchas veces en los sistemas abiertos de elección.

La clave para garantizar un proceso realmente democrático está en la elección de los delegados y en su plena libertad para votar. Por eso, conforme a la propuesta del gobernador Camacho Quiroz, no se volverá al sistema antiguo de asignar ``cuotas'' a los sectores, sino que habrá elecciones reales y así los delegados saldrán auténticamente de las bases.

Una garantía de que no habrá manipulación de los resultados es que ninguno de los muchos precandidatos del estado de México tiene fuerza en toda la entidad. Cada uno tiene áreas de influencia, así que el que desee ganar tendrá que hacer una campaña muy intensa o establecer alianzas con otros grupos políticos.

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