El PRI sigue siendo la barrera a la democratización del DF; lo está mostrando en la mesa de negociación de la reforma política. Su oposición a toda propuesta que exija cambios constitucionales, contrasta con la mano dura con que despedazó la Constitución para imponer el proyecto neoliberal salinista-zedillista. Es evidente que si se quiere una democracia real para la capital, es necesario modificar la Carta Magna para darle base sustantiva, pues su reforma de 1997 dejó en pie aspectos esenciales del régimen político de partido de Estado y del presidencialismo, autoritarios y restrictivas de la soberanía local. Los 15 puntos que el PRI rechaza en la propuesta de organización jurídico-política para el DF (La Jornada, 10-VII-98), muestran claramente la intención del partido de Estado de entorpecer una reforma política plena y mantener el viejo régimen en descomposición.

Al oponerse a la desaparición del DF y su sustitución por el Estado 32, trata de mantener el estatuto de excepción que recorta los derechos políticos a sus ciudadanos, frente a los garantizados a todos los demás mexicanos; así como limitar la autonomía del gobierno local en temas sustantivos como la economía, lo social y las finanzas públicas. Ello se reafirma con su rechazo a la supresión de facultades del Presidente de la República sobre el gobierno del DF, en particular su actual mando sobre la fuerza pública. Acostumbrado al control autoritario y cupular de sus presidentes sobre la capital, el PRI no puede ni quiere aceptar la posibilidad de que desaparezca.

El rechazo a la municipalización de la ciudad, a la que tilda de ``fragmentación de la unidad de gobierno'', muestra su incomprensión de la posibilidad de que los municipios se pongan de acuerdo democráticamente para actuar coordinados en función de los intereses de los capitalinos; no puede imaginar que los gobernantes y legisladores expresen los intereses ciudadanos; sólo conoce la acción vertical y autoritaria que impuso durante siete décadas. Siguiendo su precaria lógica, habría que suprimir la autonomía de los municipios del estado de México conurbados al DF, que forman la otra mitad de la Zona Metropolitana, lo cual no aceptarían los mexiquenses y sería un inaceptable retroceso. El riesgo de fragmentación puede eliminarse y construir políticas para el desarrollo de toda la metrópoli por consenso democrático mediante la constitución de un Consejo Metropolitano integrado por autoridades electas (gobernadores y presidentes municipales), propuesto muchas veces y siempre rechazado por el PRI. En su lógica, sólo el autoritarismo garantiza la unidad.

Su visión de la ``gobernabilidad'' se sustenta también en el control autoritario: no puede aceptar la representación proporcional directa en la formación de los órganos municipales, pues sólo la concibe basada en la mayoría absoluta de un partido, formada mediante normas legales y no por la votación; desestima el método democrático de la búsqueda de consensos y la construcción de mayoría a partir de ellos. Muestra igual reticencia hacia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo locales; prefiere mantener la histórica subordinación del segundo al primero, totalmente reñida con la democracia republicana.

No cabe duda que en la reforma política para el DF, en la del Estado a nivel federal, y en la de otras instituciones constituidas en el viejo régimen, el PRI y los priístas, confesos o encubiertos, temen la democracia, dudan de la viabilidad de la gobernabilidad democrática y prefieren mantener la formación de mayorías espúreas mediante la sobrerrepresentación, la presencia de individuos con poderes discrecionales no sujetos a la repre- sentación popular y métodos de consulta poco transparentes.

Es, sin duda, el miedo a la democracia, al libre debate de ideas, a la búsqueda de consensos mayoritarios y a la autoridad, y la gobernabilidad sustentadas en ellos y no en investiduras o poderes discrecionales; es el afán de mantener el viejo régimen del que fueron beneficiarios; se teme perder el poder y se busca alargarlo a cualquier precio, oponiéndose a la democratización.