Según José Antonio González Fernández, titular actual de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los sindicatos no serán forzados a realizar las reformas a la Ley Federal del Trabajo previstas para el inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Esto debido a que varias organizaciones sindicales se pronunciaron en contra de toda modificación y convocaron a la primera Asamblea Nacional de Trabajadores que se celebrará el 29 del mes entrante en el Distrito Federal. Tiene razón el funcionario. Si no quieren cambios, no habrá cambios. Otra cosa muy diferente es que las organizaciones obreras, por sí y ante sí, quieran modificar la ley laboral sin más referencia que el Congreso.

Son muchos los organismos sindicales que día tras día ven cómo, contra la ley, a los trabajadores se les niega el beneficio de la contratación colectiva, se les recortan horarios de trabajo en interés de los patrones, se les contrata y despide sin muchas contemplaciones, se les imponen cargas y reglas no correspondidas por tales o cuales días de descanso, todo eso bajo la protección del desempleo cada vez mayor. Y no hacen nada. Muy de temerse es que sean los trabajadores protegidos, ellos y sus familias, los que no quieren cambios. ¿Para qué cambiar, si las condiciones de riesgo creciente son cada día más grandes y si tal como vamos podemos sobrevivir?

Pero hay dos propuestas de ley que sobrepasan por entero a esas actitudes conformistas. Uno es el proyecto de ley de l995 y otro el anteproyecto del PRD dado a conocer hace poco. Ambos, han sido discutidos ampliamente en este diario, y van a seguir siéndolo. Otra propuesta, en una línea similar, es la adoptada por la Unión Nacional de Trabajadores, que plantea, entre otras muchas cosas, el derecho de huelga sin restricciones ni controles estatales. Dos partidos políticos, una central sindical: mientras se hacen escuchar otras voces, tenemos a esas instituciones que pueden hablar en nombre de todos los trabajadores.

Siempre hay un buen tiempo para defender principios, pero no siempre hay un buen tiempo para aplicarlos. Eso se está viendo claramente con la LFT. Tenemos una economía que está siendo rudamente agredida por la caída del sistema educativo y por incidentes menores como los ajustes gubernamentales al gasto social, el Fobaproa y el conflicto chiapaneco para el que evidentemente no se quiere encontrar una verdadera solución. En la perspectiva, aparte del cierre de fábricas, no se ve ningún resurgimiento que permita descorporativizar a los trabajadores, dignificar su salario ni aumentar la contratación colectiva. A escala mundial, México está siendo ahora mismo uno de los diez países de mayor desempleo, y esta terrible situación presionará en el Congreso, mediante las fuerzas regresivas, para invalidar cualquier ley medianamente ventajosa.

Ciertamente, no hay aún una iniciativa de ley del Ejecutivo que trate de desviar las discusiones en favor suyo y en contra de quienes le llevan abiertamente la contraria, tal como lo ha dicho el titular del Trabajo. Eso, en todo caso, no significa que no vaya a haberla nunca. De pronto, viendo la flaccidez con la que los legisladores se pasan por alto nada menos que tal o cual hecho de sustancial importancia, como la soberanía nacional, tal como ocurrió con los Acuerdos de San Andrés, el Ejecutivo podría intervenir para enseñarnos a todos a pensar con la vista puesta siempre del lado de la patria, tal como él la ve.