El gobierno ataca, a coro, al PRD por haber dado a conocer su punto de vista sobre el Fobaproa. Los cargos son serios: violación de acuerdos y engaño. Pero, en realidad, se reclama que un partido y un grupo parlamentario piensen y hablen. El viejo estilo de gobernar incluye también la sumisión de otros, el silencio cuando éste es exigido por el poder Ejecutivo. El PRD jamás pactó su propio silencio, como tampoco lo ha hecho el PAN. Las conversaciones con el gobierno han sido discusiones, exposición de puntos de vista, confrontación de análisis. La Cámara de Diputados tendrá que brindar una respuesta al Fobaproa y ésta no podrá darse sin que los partidos definan sus respectivas posturas.

Cuando el gobierno reclama al PRD el exponer sus propias consideraciones sobre un grave problema nacional, se hace el desentendido de su campaña en favor de la aceptación de casi 600 mil millones de pesos como deuda pública. Así, según el gobierno, el oficialismo puede expresarse sin recato alguno; la oposición debe callar. ¿Nueva regla democrática?

El escándalo del Fobaproa fue develándose poco a poco. Una vez más, el gobierno realizó operaciones encubiertas, se negó a dar cuenta al Congreso y a la opinión pública, ocultó el significado y alcance de sus actos y, además, violó la Constitución y la ley.

Se trata, en efecto, del viejo estilo de gobernar. El Presidente no calculó que las elecciones del 6 de julio de 1997 serían un campanazo en el largo camino de los intentos de cambio político nacional, por lo cual supuso que mantendría el control de la Cámara de Diputados, lo que, a su vez, le permitiría encarar la operación Fobaproa mediante los viejos usos.

El salvamento bancario ha venido conociéndose poco a poco. Hoy, el gobierno se sigue negando a brindar toda la información, por lo cual los legisladores desconocen las operaciones realizadas, la naturaleza de los adeudos cubiertos y las condiciones concretas con que se realizaron los contratos. El gobierno pide, sin embargo, que la inmensa cartera del Fobaproa se convierta en deuda pública, aunque su contenido siga siendo secreto.

Esta vieja forma de gobernar persiste aún, aunque con dificultades. Sin embargo, hay también una debilidad en la Cámara de Diputados. A pesar de que el PRI carece de una mayoría absoluta, el resto de los partidos no se articula lo suficiente. Las causas de este fenómeno arrancan del temor a que la convergencia opositora beneficie al PRD, que se encuentra, en general, más alejado del partido oficial y del gobierno.

El asunto del Fobaproa es ilustrativo al respecto. Mientras el PAN mantiene un debate interno sobre su posición y le da vueltas al asunto, el PRD ha definido sin problemas que los pagarés garantizados por la Secretaría de Hacienda no pueden convertirse en deuda pública ya que carecen de los requisitos constitucionales. No se trata solamente de la ilegalidad en el otorgamiento de las garantías por parte del gobierno, sino del mandato que tiene el Congreso para autorizar deuda solamente en los términos señalados por la Carta Magna.

Sin embargo, el Poder Legislativo no debe ignorar la existencia de un problema bancario generalizado.

Las formas de encarar la quiebra de la mayoría de los bancos comerciales del país pueden ser muy variadas, según los intereses que defienden los proponentes de las soluciones. El gobierno decidió asumir las carteras vencidas de la banca a través de operaciones masivas, en las que tomó adeudos privados sin criterios previamente discutidos y aprobados; por esto se habla de ``limpiar Fobaproa''. Pero después de la ``limpia'' subsistirá un problema de quebranto bancario por incapacidad de cobro, ante el cual debe definirse quiénes van a pagar y cuánto.

El gobierno está dispuesto a asumir 70 por ciento de la cartera vencida, lo cual se encuentra muy por arriba del costo fiscal de situaciones semejantes ocurridas en otros países. Como la oposición no puede hacer un cálculo exacto de cuánto tendría que pagar el fisco, debido a la carencia de la suficiente información, entonces la lucha se tiene que centrar, por el momento, en la transparencia de las operaciones del Fobaproa, la reducción al mínimo posible de las aportaciones públicas y la aplicación de la ley.

Mas el punto de partida debe ser el respeto y la aplicación de la Constitución.