Para justificar el tercer recorte presupuestal del año en curso, las autoridades hacendarias han subrayado los peligros de contratar deuda pública para cubrir déficits del tesoro. El propio secretario de Hacienda, José Angel Gurría, ha recordado las malas experiencias que ha sufrido el país por las políticas equivocadas de endeudamiento adoptadas a lo largo de los últimos decenios. Para decirlo algo brutalmente, sus palabras reflejan el proceso muy lento de aprendizaje de los tecnócratas que han manejado las finanzas públicas durante veinte años, con consecuencias extremadamente costosas para la sociedad y economías mexicanas. Las crisis financieras de 1982, 1986 y 1995 son testimonio elocuente y triste de ello, habiendo requerido un rosario de rescates públicos para pagar los múltiples platos rotos por funcionarios y banqueros.

La gran crisis desatada en 1995 --cuyas secuelas todavía perduran-- requirió de dos rescates mayúsculos. Uno fue el bancario conocido como Fobaproa (Fondo Bancario para la Protección del Ahorro), hoy en día tan debatido en el Congreso y en los medios de comunicación. Pero no debe olvidarse que hubo otro (también enorme) que consistió en el pago de los famosos y nefastos Tesobonos. En ello gastó el país cerca de 30 mil millones de dólares a lo largo de 1995 para apuntalar las fortunas de grandes inversores, mexicanos y extranjeros.

¿Por qué se emitió tan enorme volumen de estos extraños y peligrosos bonos durante 1994? Precisamente para cubrir déficits tanto de las finanzas públicas como de las cuentas externas de la economía del país. ¿Quiénes compraron estos instrumentos de deuda interna, indexados al dólar? En primera instancia, inversores e instituciones extranjeros que deseaban asegurarse contra una posible devaluación, siendo alentados en ello por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México, que originalmente recomendó la creación de los Tesobonos. Pero también participaron grandes inversores nacionales, quienes compraron miles de millones de dólares de Tesobonos en el mercado en las primeras semanas de diciembre de 1994. Estos especuladores, y las casas de bolsa que los representaban, temían una posible devaluación a raíz del cambio de la administración presidencial. En todo caso, se trataba exclusivamente de hombres de fortuna considerable ya que cada Tesobono costaba cien mil dólares. Adquirieron estos bonos al precio de cotización del dólar antes del ``error de diciembre'' --es decir a aproximadamente 3.5 pesos por dólar-- pero tras la devaluación los cobraron a razón de 6 y hasta 7 pesos por dólar, obteniendo unas ganancias suculentas.

Fue específicamente para poder cubrir dichos pagos sobre los Tesobonos y garantizar estos extraordinarios beneficios que, en febrero de 1995, el gobierno mexicano contrajo dos enormes préstamos de rescate, uno con el Tesoro de Estados Unidos y el otro con el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras se usó deuda pública para asegurar ganancias privadas. El costo para los contribuyentes, como es bien sabido, fue enorme. Dicha experiencia demuestra los resultados potencialmente catastróficos de adoptar políticas financieras riesgosas. De allí que el debate actual sobre el rescate bancario se desarrolla sobre un telón de fondo doblemente trágico para la mayoría de los mexicanos. Ello hace imposible olvidar las lecciones más recientes de la historia económica de México y ratifica que los reclamos por investigaciones de los fraudes financieros están plenamente justificados.