La decisión del Partido de la Revolución Democrática de someter a consulta pública la postura que deberán asumir sus diputados en torno a la aprobación o el rechazo de la conversión de los pasivos globales del Fobaproa en deuda pública suscitó airadas reacciones de parte del partido oficial y de las secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público. Tanto el PRI como las dependencias mencionadas acusaron a los legisladores perredistas de romper el diálogo interpartidario, de violar acuerdos entre los grupos parlamentarios y entre éstos y el gobierno federal, de irresponsabilidad, de propiciar situaciones desestabilizadoras en función de intereses políticos partidistas y hasta de poner en duda la capacidad de las instituciones nacionales.

Al margen de lo correctas o erradas que puedan ser las iniciativas del PRD para resolver el asunto del Fobaproa, es sorprendente la vehemencia empeñada por el gobierno y su partido en descalificar un método para fijar decisiones estrictamente partidarias, como lo es la consulta pública anunciada por la dirigencia perredista, la cual constituye, en principio, un saludable y necesario ejercicio democrático en torno a un problema que, para bien o para mal, afecta a todos los ciudadanos del país.

Nadie ha pretendido que la consulta perredista implique mandato alguno o tenga algo parecido a fuerza de ley. Se trata simplemente de un sondeo efectuado por un instituto político para fijar sus propias posiciones. Frente a ello, las estridentes reacciones de Hacienda y Gobernación, por una parte, y del PRI, por la otra, lejos de contribuir a esclarecer y dar rumbo al debate sobre este crucial asunto, introducen en él un ruido innecesario, en la medida en que pueden interpretarse como una expresión de pánico por parte del grupo gobernante, ante la posibilidad de que la sociedad manifieste su postura en el caso Fobaproa y sea, de alguna manera, tomada en cuenta en la solución del problema. La virulencia oficial también podría dar pie a sospechas de que el empeño gubernamental por lograr la aprobación rauda, en paquete, y sin mayores investigaciones de la asimilación de las pérdidas del Fobaproa a las deudas nacionales, pretende encubrir situaciones o prácticas irregulares en la aplicación del rescate bancario.

En este contexto, las declaraciones del presidente de la Asociación de Banqueros de México, Carlos Gómez y Gómez --aunque refrendan la posición pragmática de los propietarios de la banca en el sentido de que la conversión de la cartera del Fobaproa en deuda pública debe ser aprobada, sea como sea-- introducen un factor de distensión en la polémica desatada a raíz de la ríspida respuesta oficial a la propuesta del PRD. Gómez y Gómez señala que en esta disputa es necesario evitar radicalizaciones y encontrar un punto medio, aunque para ello sea necesario introducir modificaciones a la propuesta original que el Ejecutivo envió al Congreso de la Unión. Si se tiene en cuenta que la pretensión oficial de hacer pagar a la sociedad los saldos de la crisis financiera, originados en gran medida por errores en la conducción económica del país y por malas administraciones bancarias, fue enviada al Legislativo de manera unilateral, queda claro que la única forma de pulsar la opinión ciudadana y de encontrar alternativas legítimas y apegadas al sentir social para abordar el problema del Fobaproa es realizar una consulta directa a la población.

Es innegable que grandes sectores de la sociedad perciben que las fórmulas aplicadas para paliar la crisis iniciada en diciembre de 1994 --ADE, Udis, Procapte, Fobaproa y demás-- han dado un trato diferenciado y clasista a los pequeños deudores y a los grandes grupos financieros e industriales que concentran la mayor parte de la riqueza nacional. Esa percepción --validada incluso por los tribunales, como lo demuestran los más de 250 casos de capitalización de intereses resueltos a favor de los deudores-- permite prever un rechazo mayoritario a la propuesta oficial de distribuir obligada e indiscriminadamente entre toda la población las deudas de algunos que siguen siendo multimillonarios en un país empobrecido y golpeado por la crisis. En todo caso, la consulta perredista permitirá tener una aproximación mayor al sentir nacional y aportará, por ende, nuevos elementos de juicio a los legisladores de todos los partidos para que adopten las mejores decisiones sobre el destino de los pasivos del Fobaproa.