Prestará el BM 300 mdd para el desarrollo en zonas indígenas

Martha García /I Ť El gobierno mexicano firmó un crédito con el Banco Mundial (BM) por 300 millones de dólares para extender a 10 regiones indígenas más el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas. Entre las áreas consideradas están norte, selva, Altos, centro-Frailesca y sierra de Chiapas.

El compromiso financiero se concretó esta semana, con el fin de continuar con la segunda fase de este esquema conjunto de intervención en municipios prioritarios de mayor rezago para reducir la pobreza. El organismo internacional informó ayer sobre su programa de préstamos para México en el año fiscal 1998, el cual concluyó el 30 de junio.

Precisó que 47 millones de dólares se destinaron a ``mejorar el nivel de vida de la población rural'' en las regiones mixe, mazateca y cuicateca de Oaxaca, así como en la Huasteca (Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz), ``con un enfoque claro en el incremento de la productividad agrícola''. Estas áreas fueron atendidas en la primera etapa 1997-1998.

El director general de Programas Regionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Eduardo Pérez Haro, afirmó a La Jornada que esos recursos se destinan a las áreas marginadas con potencial productivo no desarrollado. El citado programa es uno de los 28 que están incluidos en la Alianza para el Campo.

El funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Rural aclaró que se trata de estrategias productivas en el contexto de procesos participativos, coordinación interinstitucional, reconversión productiva, diversificación de las actividades económicas, generación de empleo, mejora en los índices de seguridad alimentaria, incremento en los niveles de bienestar y desarrollo rural integral.

48 regiones marginadas

Datos de la oficina de Programas Regionales establecen en 20 estados y 853 municipios 48 regiones marginadas con potencial productivo no desarrollado; su población es de 17 millones de habitantes identificados en 1.6 millones de unidades de producción, con restricciones tecnológicas y de comercialización.

A partir de los resultados obtenidos este año en las zonas piloto mencionadas, el programa se abrirá a 10 más para abarcar 24 regiones prioritarias en todo el país hasta el 2000, añadió Pérez Haro.

Las macrorregiones son sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), sureste (Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán), centro (Hidalgo, Michoacán y Puebla) y norte (Durango, Nayarit, Jalisco y San Luis Potosí).

Para 1998, además de las chiapanecas, se incluyen las regiones indígenas cora-huichol (Durango, Jalisco y Nayarit), Costa Chica y Tierra Caliente (Guerrero), Sierra Gorda (Hidalgo), costa (Michoacán), Tuxtepec (Oaxaca), Sierra Norte (Puebla), centro peninsular (Quintana Roo), altiplano (San Luis Potosí), Frontera (Tabasco-Campeche), Sierra de Soteapan y los Tuxtlas (Veracruz) y maicera (Yucatán).

Resaltó que de la población objetivo -ubicada en municipios de alta y muy alta marginación- 67 por ciento es indígena y 85 por ciento tiene ingresos menores a dos salarios mínimos; en todos los casos se presenta el fenómeno migratorio y existen tierras de temporal y una agricultura de subsistencia.

De acuerdo con los registros de la dependencia sobre el programa -con respaldo del BM, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los gobiernos federal y estatales y los productores-, la población con muy alta y alta marginación apoyada es de 4.4 millones; de ellos, 1.8 millones son indígenas. La cifra representa 39 por ciento de la gente catalogada en esos niveles pobreza.

El presupuesto comprometido para este año en Chiapas con la participación federal y estatal de los programas Alianza para el Campo, Empleo Temporal y Procampo asciende a 294 millones 365 mil 32 pesos.

Los proyectos receptores abarcan cultivos como café, hule y cacao, además de mecanización, fomento pecuario, extensión y capacitación, kilo por kilo, mejoría y conservación de suelos, sanidad vegetal, equipamiento rural y asistencia técnica apícola, entre otros.

Combate a la pobreza

El funcionario de la Sagar precisó que con ese esquema el programa busca el impacto regional, mediante la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos tradicionales que permitan establecer modelos de producción alternativos como vehículo de cambio estructural para abatir la pobreza.

Expuso que el enfoque de las inversiones tomó en cuenta que la cuestión de ese sector de campesinos pobres ``no se agota en el asunto meramente productivo''. Indicó que el problema tiene una mayor complejidad, ya que ``reúne factores sociales, culturales, organizativos, tecnológicos y ecológicos que deben recibir atención de manera integral''.

Para lograr esas metas, ``no basta pensar en montos presupuestales, sino en los mecanismos en que los apoyos se instalan''. En ese contexto, añadió, el papel fundamental está en los consejos regionales, integrados por la representación de los productores para dirigir los recursos del programa como instrumento autónomo y motor de cambio para la introducción de las innovaciones en la actividad productiva.

Pérez Haro manifestó que las instituciones ``aprendieron la lección del pasado, en la asignación unilateral de los programas en que prácticamente interpretábamos lo que quería la gente''.

Aceptó que la forma en que se otorgaron los subsidios tiene, a la vuelta del tiempo, un saldo negativo: ``No hemos remontado los indicadores de pobreza y marginación, ni los de producción y de ingreso; lo que encontramos es progresivamente el colapso de las unidades de producción campesina y la agudización del fenómeno migratorio''.

De ahí que la base del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas apueste por el trabajo participativo en la construcción de modelos alternativos y la adaptación de tecnología para la transformación productiva.