La actual polémica, pública y abierta, en torno a la conversión de los adeudos del Fobaproa en deuda pública es muy saludable, aunque no siempre se lleve adelante en la mejor forma. Es muy importante que un asunto tan destacado sea discutido de esta manera, insisto, de modo abierto y público. Lamentablemente, muchas decisiones que contribuyeron a generar esta situación tan difícil y esta polémica, no se tomaron de esta manera.

Una buena parte de los problemas se originaron a partir de las devaluaciones anunciadas a partir de diciembre de 1994. Estas, a su vez, fueron consecuencia de una política económica bien definida, la cual no se decidió de manera abierta y pública, sino que se configuró con decisiones administrativas y políticas de pocas personas. Una vez que el peso bajó y el dólar subió, se dispararon las tasas de interés. El permitir que esto sucediera sin intervención pública llevó las deudas hasta las nubes y creó, casi, un nuevo tipo de mexicano: el endeudado de tiempo completo. La falta de capacidad de pago afectó también a los bancos, cuya certera vencida también aumentaba. Los barzones se multiplicaron por todo el país, y se decidió, sin mayor preocupación por las múltiples opiniones en otros sentidos, rescatar... a los banqueros.

Se dijo una y otra vez que lo que se rescataba era el sistema financiero, pero eso no era lo que sucedía. El rescate real del sistema financiero hubiera implicado, por ejemplo, prestar al deudor --empresa o individuo-- con esos fondos de rescate, a largo plazo y con bajas tasas de interés para que se pudiera pagar en realidad, con lo cual el banco recibiría ese dinero en pago de la deuda y hubiera limpiado su cartera vencida. Lo que se hizo fue apoyar al banco para que bajara un poquito las tasas de interés, aunque miles de empresas y cientos de miles de personas, si no es que millones, no pudieran pagar ni así. Se gastaron más de 60 mil millones de dólares en rescatar a un sistema bancario que vale alrededor de la décima parte de ese monto.

Otro rescate que no tuvo, antes de decidirse, una polémica como la de ahora, fue el de las carreteras. Se decidió que se podía cobrar, por ejemplo, 250 pesos a un automóvil por ir de Cuernavaca a Acapulco, sin problema, y la realidad fue que la carretera tan nuevecita se quedó casi vacía. Entonces se rescató a algunas grandes constructoras, tan bien rescatadas que ahora están comprando otras empresas públicas en subasta, por ejemplo en el caso de los ferrocarriles. Miles de millones de dólares del erario fueron destinados a tan noble misión.

Los mismos funcionarios que se escandalizaban ante el gasto público social y, peor aún, ante el gasto público productivo, silenciosamente aportaban cantidades enormes de dinero público para estos propósitos. El Fobaproa fue la cristalización de estos esfuerzos: este fondo se hizo cargo de deudas ajenas y subsidió a unos pocos multimillonarios mientras empeoraba la situación de muchos mexicanos.

Ahora se quiere convertir formalmente el dinero que Fobaproa perdió, en deuda pública. Ahora sí hay discusión y polémica. Pero en cierto modo, se trata de hechos consumados en silencio. La polémica, como dijimos, es sana, pero no porque pueda resultar fácilmente en una buena solución a una situación tan compleja, sino porque nos lleva a reflexionar más a fondo en la cuestión. Se trata de reflexionar sobre la viabilidad de la política económica vigente y sobre las posibles alternativas a la misma.

Es importante, por un lado, mantener y generalizar la discusión abierta de los grandes problemas de la política, incluida la política económica. Este es un elemento clave para una vida más abierta y democrática en México. Por el otro, es preciso construir alternativas viables a esa misma política económica. Esas necesidades están en el fondo de la discusión sobre el Fobaproa, y no se trata, simplemente, de aceptar un hecho consumado.