Astillero Ť Julio Hernández López
La propuesta de reconciliación política hecha por el Poder Ejecutivo mexicano el anterior sábado 18 tiene como destinatarios a Chiapas y al PRD y, en ambos casos, refleja la urgente necesidad que tiene la cúpula del gobierno federal de tender puentes de comunicación que le permitan salvar las trampas que ese mismo poder se ha tendido.
El gesto es valioso, y aun cuando su elaboración verbal descansó en una retórica de poca sustancia, formada más por lugares comunes que por una propuesta orgánica y clara, puede (si proviene de una convicción genuina, y no de un acto de oportunidad política o de mera pose propagandística) ayudar al destrabe de los temas de la guerra del sureste y del Fobaproa.
La omnipotencia del Presidente
Vocero indudable de la voluntad presidencial, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, utilizó como marco para su llamado a la reanudación del diálogo político la ceremonia conmemorativa de un aniversario más de la muerte del presidente Benito Juárez. En el Palacio Nacional que es la sede real del poder político en México (y no las comodidades de la residencia de Los Pinos, impropiamente convertida en pasteurizado despacho de la Presidencia), Labastida habló. Además del presidente Zedillo y la mayoría de sus principales colaboradores, le escuchaban los coordinadores de las cámaras, entre ellos el diputado perredista Porfirio Muñoz Ledo, y el jefe del gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas.
Laudatorio de las hechuras del actual régimen, al que de manera destacada pertenece, Labastida reconoció, sin embargo, que los graves problemas nacionales requieren de actitudes diferentes. En ese contexto reconoció que las importantes tareas que impone el momento nacional ``no pueden ser cabalmente cumplidas sólo por el Poder Ejecutivo Federal; para su solución es imprescindible luchar juntos, y continuar dando viabilidad a la nación para alcanzar la justicia con la que estamos comprometidos''.
En una nación como la nuestra, que va cambiando con rapidez los perfiles imperiales con los que antaño se investía a los presidentes de la República, es altamente saludable el reconocimiento que el propio mandatario actual hace (por voz de su secretario de Gobernación) del verdadero tamaño de su poder.
La tecnocracia en el poder: dogmática y excluyente
Pero, además de esa importante caracterización (dirigida para su entendimiento no sólo a los titulares de los restantes poderes, el Judicial y el Legislativo, sino a las principales fuerzas políticas y sociales, como el PRD, por ejemplo), es necesario que quienes hoy ejercen la porción más importante del poder público (como es el grupo tecnocrático asentado con Miguel de la Madrid, consolidado con Carlos Salinas de Gortari, y hoy plenamente vigente con Ernesto Zedillo), desarrollen una verdadera política de Estado, incluyente del pensamiento y las propuestas ajenas, tolerante con las divergencias y las oposiciones, y sinceramente dispuesta a corregir desviaciones, a cumplir acuerdos y a avanzar sin dogmatismos.
Tales propósitos no han tenido cumplimiento en el tramo de gobierno del presidente Zedillo. Por el contrario, ha reinado una visión política cerrada, excluyente y en muchas y peligrosas ocasiones, intolerante. Rodeado de un pequeño grupo de eminencias, el régimen del presidente Zedillo se ha aferrado a una visión económica que mantiene al país en el desasosiego y la especulación, y que ha agravado las diferencias sociales; en lo político el resultado ha sido peor, se navega sin rumbo cierto, resolviendo lo inmediato, dejando sueltas y en proceso de peligroso crecimiento a fuerzas políticas de tinte feudal, encabezadas por turbios personajes locales, que la mayoría de las veces son los propios gobernadores priístas.
Las dos piedritas en el zapato: Chiapas y el Fobaproa
Pero hay dos temas en los que el gobierno zedillista ha llegado a extremos verdaderamente peligrosos para la nación: Chiapas y el Fobaproa. En el primer caso se han instaurado las condiciones de una guerra civil, se han violado permanentemente los derechos humanos de miles de mexicanos y se ha lesionado terriblemente el estado de derecho. En el segundo, se pretende engatusar una vez más a los mexicanos para que aprueben sin grandes aspavientos una fórmula más de saqueo de la riqueza nacional para beneficio de unos cuantos grupos de poder económico.
En ambos casos está entrampado el gobierno zedillista: la vigilancia internacional y la presión social le han impedido dar el zarpazo final en Chiapas, y la resistencia de la franja perredista encabezada por Andrés Manuel López Obrador le ha impedido manejar a gusto el asunto del Fobaproa.
Por ello se recurre hoy al expediente del llamado a la unidad por México y al enarbolamiento de los superiores intereses de la nación. Como frases de discurso de ocasión están bien tales referencias, pero el problema real es la aplicación de tales conceptos a partir de lo que cada una de las partes del conflicto social entienden en cada caso.
La unidad nacional y los supremos intereses nacionales tienen diferentes significados y distintas formas de materializarse según la visión de los empresarios beneficiados con el Fobaproa o la de los millones de mexicanos abandonados a su suerte económica sin salvavidas gubernamental alguno. También son distintas las visiones de los indígenas chiapanecos y las de los ganaderos, finqueros y jefes de grupos paramilitares.
Intereses de grupo o de partido...
Labastida, inclusive, pronunció un párrafo que pensado para aplicación de otros bien pudiese ser administrado al propio grupo tecnocrático y neoliberal en el poder: ``No son las visiones de corto plazo las que cambian un país. No son los intereses de grupo o de partido los que transforman a una nación. Son la fuerza de las ideas y de la razón y los valores nacionales los únicos que pueden conducir los cambios''.
De cualquier manera resulta atractiva la propuesta gubernamental de reanudar el diálogo y de privilegiar el debate. Es una respuesta cuidada y serena a la reaparición declarativa del subcomandante Marcos. Es también una corrección oportuna de los signos de intolerancia mostrados ante el diagnóstico y propuesta que hizo el PRD en relación con el Fobaproa y con su decisión de organizar una consulta pública sobre el tema.
Falta nada más saber si el discurso de Labastida, y la voluntad presidencial que estaría detrás, pretenden llegar a algo más que las menciones en los medios de comunicación y al desanudamiento oportunista del enredo de los temas de Chiapas y de la postura perredista respecto al Fobaproa.
Esperemos que, esta vez, no se trate sólo de un discurso de buenas intenciones o, peor, de un doble discurso más.
Astillas: Samuel del Villar se enreda a una impresionante velocidad con sus propias medidas. Ahora, después de la más reciente pifia, relacionada con el secuestrador al que nombró funcionario, pretende conseguir en unos cuantos días que los más de 14 mil funcionarios de la procuraduría capitalina de justicia declaren su riqueza, sus antecedentes penales y administrativos, y sus adicciones. ¿Cuántos de ellos reconocerán ser alcohólicos? ¿Cuántos mencionarán ante el confesionario las propiedades y las cuentas bancarias reales? ¿Será éste un capítulo más de la Renovación Moral que en tiempos de Miguel de la Madrid impulsó el entonces asesor presidencial Del Villar?
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