El juicio político es un recurso utilizado por la oposición para presionar a los funcionarios públicos -en particular a los gobernadores- que se exceden en el apoyo al partido político que los llevó al poder. Ahora sucede lo mismo en Baja California, pero el hecho sobresaliente es que el acusado es un gobernador del PAN: Héctor Terán Terán, y el acusador es el PRI.

El origen de esta acción contra el mandatario bajacaliforniano, el segundo salido de las filas panistas en ese estado fronterizo, fue una acusación lanzada por el PRI durante la reciente campaña electoral contra sus rivales del partido blanco y azul, en el sentido de que pretenden acabar con la educación pública gratuita, después de la educación básica.

Para los miembros de Acción Nacional fue un ataque artero, parte de una ``campaña sucia'' de los priístas, mientras que estos últimos sostienen que no hay ningún engaño, pues la denuncia se hizo a partir del Plan de Gobierno del PAN para el periodo 1997-2000, documento que fue registrado ante el IFE.

Sea quien sea al que le asista la razón, lo cierto es que el gobierno de Baja California pagó una intensa campaña en los medios de comunicación para desmentir las acusaciones priístas. Esta acción es la que los miembros del tricolor consideran ilegal, por el monto de lo invertido y, sobre todo, porque se hizo en plena campaña electoral, lo cual a final de cuentas se convirtió en una campaña a favor de los candidatos del PAN.

Como ha ocurrido con demandas de juicio político contra gobernadores priístas, es posible que esta denuncia contra el panista Terán Terán no prospere, porque las oposiciones sumadas tienen mayoría en la Cámara de Diputados, que es la encargada de conocer este tipo de denuncias, pero de cualquier forma queda el antecedente.

La cosecha

Después de un plantón en Chilpancingo, cinco diputados locales del PRD, encabezados por René Lobato, acordaron con el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero, abrir cinco mesas de trabajo para atender de manera directa los problemas que presenten ciudadanos de la entidad y sostener encuentros directos cuantas veces sea necesario para buscar solución a los problemas más urgentesÉ El presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Antonio Montes Peña, convocó a los presidentes de las juntas especiales de todo el país a acelerar el programa extraordinario 1998-1999 para reducir el número de expedientes en trámite y hacer de ese tribunal un ejemplo de la impartición de justiciaÉ Para que no se consideren sorprendidos, la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyo titular es Roberto Campa Cifrián, ha organizado una serie de cursos en diversas partes de la República, destinados a concesionarios de gasolinerías, a fin de que cumplan los requisitos en la materiaÉ En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuarán las reuniones de análisis del problema del comercio ambulante. En ese sentido, resultaron muy ilustrativas las citas periodísticas conseguidas por el diputado independiente Alejandro Rojas Díaz Durán, en las que puede apreciarse que este fenómeno ya afectaba a la capital del país hace más de un sigloÉ El gobierno federal, por intermedio de la Secretaría de Gobernación, ha firmado acuerdos para la modernización del Registro Civil con las 32 entidades federativas, con el compromiso de que la tarea esté concluida el año 2000, informó el subsecretario de Población, Fernando Solís Cámara.

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