El problema es de salud pública, no de libertinaje: Gloria Careaga

María Esther Ibarra Ť La despenalización del aborto debe abarcar todas las causales por las que una mujer desee utilizar esta práctica médica y garantizar que las instituciones públicas de salud presten este servicio de manera expedita, sobre todo cuando los índices de mayor mortalidad y morbilidad aparecen entre la población de bajos recursos, consideró Gloria Careaga, del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

A su vez, Gabriela Delgado, especialista en estudios de género y feminismo, afirmó que despenalizar el aborto es ``un paso necesario para una mejor política de salud pública y de respeto a los derechos humanos de la mujer, así como de su integridad física y emocional, pues muchas veces se estigmatiza a quienes se han practicado un aborto porque se piensa que lo utilizan como medio anticonceptivo''.

Aunque cuatro años después de la Conferencia de Población y Desarrollo, efectuada en El Cairo en 1994 y en la que se invitó a los gobiernos -México fue signatario de este compromiso- a revisar el marco legal que restringe las posibilidades para la práctica del aborto en condiciones de seguridad para las mujeres, la semana pasada el titular de la Secretaría de Salud, Juan Ramón de la Fuente, se manifestó en favor de abrir un debate, a fin de conocer el sentir de la sociedad.

Para Careaga, coordinadora académica del PUEG, es importante abrir la discusión y el abanico de las causales para permitir la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad para la mujer, pero insistió en la necesidad de que se establezcan los mecanismos legales, a fin de que se garantice un servicio eficaz y oportuno. ``Existen ya algunas causales para practicar un aborto -por violación o riesgo para la madre o el hijo-, pero muchas veces el trámite es demasiado complicado y tortuoso. Cuando se logra la aprobación es difícil encontrar los medios o las instituciones de salud donde se haga de manera expedita''.

-De aprobarse enmiendas legales, ¿qué pasará si un médico por cuestiones éticas o religiosas se niega a practicar un aborto?

-Es un problema que forma parte de los derechos laborales que las instituciones tendrían que definir en los contratos colectivos de trabajo. Este es un punto que debería ser discutido ante los planteamientos de posibles modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. En las instituciones privadas de salud no habría problema, porque tienen la libertad de restringir las prácticas de acuerdo con sus cánones morales o principios éticos. Sin embargo, en el sector gubernamental de salud, el personal se tiene que regir por las políticas públicas y el marco legal establecido.

Respecto a los recursos económicos que pudieran implicar para el gobierno, Careaga señaló que ``es más costosa la atención por abortos mal practicados''.

Tampoco ``se han considerado las consecuencias de la mortalidad de las mujeres a consecuencia del aborto, pues en muchos casos son personas sanas y dejan una familia desintegrada e hijos en la orfandad, lo cual también es un problema que se ha discutido, pero que de repente pierde relevancia'', agregó.

Destacó que la propuesta es atinada, toda vez que ``es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y ha colocado al país con los índices de mortalidad materna más altos con respecto a otros países, incluidos los latinoamericanos. Por igual subrayó que las propias cifras oficiales, en las que no se incluyen los abortos clandestinos -se estima que anualmente mueren un millón 500 mil mujeres por esta causa-, deberían ser elemento suficientes para que sectores como la Iglesia reconozcan que se trata de un problema de salud pública y no de libertinaje.

Es más, puntualizó la coordinadora del PUEG, las estadísticas indican que las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo son católicas, tienen pareja o cónyuge y optan por el aborto por razones econó- micas o de seguridad, principalmente.

Ninguna mujer quisiera abortar

Careaga y Delgado rechazaron que de aprobarse modificaciones a la legislación en materia de aborto se incremente su práctica, pues -coincidieron- ninguna mujer quisiera tener que recurrir a éste.

Ambas se manifestaron en contra de que el aborto se utilice como método de planificación familiar o parte de la política demográfica, y se declararon en favor de reforzar la educación sexual.

No obstante que es partidaria de su despenalización, la investigadora Delgado se declaró en contra del aborto. Explicó: ``Estoy en desacuerdo porque muchas mujeres recurren a él como último recurso por falta de información y precaución. También porque hay un tabú respecto a las relaciones sexuales''.

Otras de las razones -indicó- es porque el aborto a final de cuentas es una forma en que las mujer atenta contra su propia integridad física y emocional. Empero reiteró la necesidad de que se modifique el Código Penal en lo conducente, ya que ``permitirá mayor responsabilidad de la pareja en las decisiones reproductivas.

``Lo aberrante y patético de la actual legislación, es que se penaliza a la mujer y a quien le ayude a realizar un aborto, llámese médico o comadrona, pero el hombre es intocable. Tal parece que la mujer concibe por medio del Espíritu Santo''.