En el debate actual parece haber una constante que preocupa a los diferentes actores sociales y políticos: la pertinencia de encarar con corresponsabilidad la definición de los temas medulares que inciden en la marcha de la vida nacional, para luego avanzar en la búsqueda de alternativas adecuadas que faciliten su solución. ¿Corresponde a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y a los partidos definir el sentido y la orientación de cada tema de la agenda? No hay duda. Sin embargo, la complejidad y la acumulación de los asuntos públicos que requieren ser atendidos con eficacia, tienen el imperativo de la participación activa de la sociedad.

La discusión sobre las reformas legislativas en curso, el paquete económico, la reforma del Estado, el conflicto en Chiapas, la inseguridad, tienen en común un elemento sobre el cual es necesario subrayar. No pueden abordarse desde una visión excluyente y unilineal y, sobre todo, no pueden lograrse acuerdos estables si no están respaldados con la fuerza de la sociedad. El reclamo es un nuevo arreglo social que --si bien en el corto plazo permite superar los puntos álgidos de la agenda-- garantice avanzar hacia una nueva institucionalidad y en el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación horizontal que regulan la atención de las demandas.

Así, es una prioridad delimitar las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Debe existir un acuerdo sobre quiénes deben discutir qué; un acuerdo sobre cómo y cuándo. Solamente así podremos evitar la acumulación de conflictos que tensen el ambiente político nacional.

Por mencionar dos ejemplos, es claro que el debate sobre la reforma a la legislación laboral no es asunto exclusivo de los partidos políticos representados en el Congreso. El Ejecutivo y el Legislativo deben escuchar las voces de las organizaciones de trabajadores y empresarios, sí, pero debe ser la sociedad en su conjunto la que sea tomada en cuenta ya que el impacto de las transformaciones al marco laboral tendrán consecuencias en la naturaleza del modelo de sociedad.

El segundo caso es la discusión sobre legislar o no y cómo, en materia de medios de comunicación. El Legislativo realizó un foro público en la materia y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión convoca a otro en estos días. El dilema consiste en resolver la fórmula derecho a la información -libertad de expresión y no sólo es papel de los medios (convertidos en actores), ni atribución exclusiva de los legisladores. Se trata de decisiones que, como sostiene Sartori, en su reciente Homo Videns, tendrán consecuencias en varias generaciones modificando no sólo el orden social, sino la naturaleza misma del hombre. De este tamaño es el desafío.

El hecho es que si bien la sociedad ha dado una nueva misión a las instituciones, no les entrega automáticamente su confianza. Si a esto le añadimos la persistencia de conflictos que complejizan las relaciones entre el gobierno y los partidos políticos que se le oponen, tenemos el escenario completo: instituciones que no acaban de nacer, respuestas lentas que debilitan la eficacia decisoria en la atención a las demandas sociales, conflictos sobrepolitizados y sobredimensionados que polarizan a los actores involucrados y empujan en el sentido contrario al del consenso.

Por ello, resulta relevante el llamado a la conciliación que hiciera el presidente Zedillo, al invitar a reanudar el diálogo Ejecutivo-Legislativo. Es indudable la urgencia de que las distintas fuerzas que aspiran a seguir representando a las partes de la sociedad que coinciden con sus posiciones, se sienten nuevamente a la mesa y aceleren las reformas políticas, económicas, sociales y culturales. Sin embargo, este proceso no será suficiente si no constituye la plataforma para modificar la relación de la autoridad con el ciudadano.

Algo se desprendió de la ceremonia para conmemorar la muerte del presidente Juárez: el llamado a la conciliación, la convocatoria presidencial ``a ponernos a trabajar'' todos, sin excepción. Si los actores sociales y políticos asumimos con seriedad la representación de los intereses generales sobre los particulares, la conciliación puede sentar las bases de un nuevo arreglo social.

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