Iván Restrepo
La basura radiactiva
La resolución de los jueces Kerry Sullivan y Mike Rogan, de la Oficina de Audiencias Administrativas de Texas, aplazó hace unos días la construcción de un tiradero de residuos radiactivos en Sierra Blanca. La medida reavivó la polémica sobre el destino final de sustancias que son fruto del desarrollo industrial o militar, y que nadie quisiera tener a la vuelta de su casa. Sierra Blanca es importante por lo que significa en términos de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Y por revelar, una vez más, que la mayoría de los residuos que afectan la salud de la población y el ambiente no se encuentran en sitios con las condiciones mínimas de seguridad.
En México la industria nacional y extranjera produce más de 15 mil toneladas diarias de residuos peligrosos. Destacan como generadoras importantes y sitios de concentración el área metropolitana de la ciudad de México, los corredores industriales Lerma-Toluca, Puebla-Tlaxcala, Celaya-Salamanca-Irapuato-León, Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Pajaritos, Querétaro-San Juan del Río y Monterrey.
Sin embargo, no hay la infraestructura adecuada para disponer cada año de poco más de 5 millones de toneladas de dichas sustancias. Solamente dos empresas: una ubicada en Mina, Nuevo León, y la otra a siete kilómetros de Hermosillo, operan como confinamientos de servicio público, reciben una parte mínima de los residuos producidos, por lo que la inmensa mayoría de éstos se hallan en los patios de las industrias, en bodegas o tirados a cielo abierto, en barrancas y lechos de ríos y cañadas.
Por su parte, en Estados Unidos existen más de 750 mil generadores los cuales han depositado arriba de 60 millones de toneladas de residuos peligrosos en unos 50 mil sitios, la mayoría de ellos ilegales, con el agravante de que 90 por ciento de esa carga nociva yace en lugares sin las normas de seguridad requeridas. Preocupa especialmente el destino de los residuos radiactivos de la industria y el ejército, algo así como 69 millones de pies cúbicos. Varios estados prohíben enterrarlos en su territorio, mientras la mayoría ha firmado acuerdos regionales para construir confinamientos y obligar que los desechos de varios estados se concentren en un solo sitio. En igual sentido, hay oposición a quemar en incineradores ciertos residuos peligrosos, pues pueden originar otros contaminantes igual o más peligrosos.
Las iniciativas para establecer confinamientos al sur de Estados Unidos y cerca de la frontera con México, han despertado protestas de ambos lados de la línea divisoria. Por ejemplo, los de Forth Hancock, Dryden y Spoffor, todos en Texas, cancelados gracias a la acción conjunta de autoridades y población de dicho estado y de Coahuila. Pero en cambio, desde 1992 otro más, el de Sierra Blanca, en un poblado de 700 habitantes, la mayoría de origen mexicano, levanta la protesta regional.
Ubicado a 90 kilómetros de Ciudad Juárez, remplazaría al de Forth Hancock, y serviría para confinar durante 30 años residuos radiactivos catalogados de bajo nivel. Hace cinco años, el Senado de Texas aprobó su construcción y que residuos de los estados de Maine y Vermont también fueran depositados allí. Se venció la oposición local al confinamiento con promesas de bienestar y se minimizaron los peligros que significaría para la región. Por ejemplo, a las fuentes de agua que comparten las ciudades fronterizas de El Paso y Ciudad Juárez.
La resolución judicial de suspender temporalmente la construcción de este tiradero no desaparece la política de echar la basura más peligrosa en áreas pobres de Estados Unidos y limítrofes con México. Un ejemplo es la reciente autorización de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para operar un basurero para materiales ``transuránicos'' provenientes de la industria militar, en Carlsbad, estado de Nuevo México. Se trata de un viejo proyecto que incluye una caverna de 240 metros de profundidad excavada en formaciones naturales de sal. Las autoridades estadunidenses confesaron que así se da ``un paso enorme para deshacernos del legado de la guerra fría''. La primera remesa provendrá del Laboratorio Nacional de Los Alamos, ubicado también en Nuevo México.
Aunque las protestas no se hicieron esperar, calificando la autorización de la EPA de ``arbitraria y altamente peligrosa'' para el ambiente transfronterizo, Carlsbad entrará en funcionamiento en estos días. Mientras, el de Sierra Blanca finalmente será construido gracias al apoyo del gobernador Busch, serio aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Con ello, nuevamente se imponen los intereses económicos y estratégicos de quienes promueven y se benefician con esos tiraderos, y pisotean acuerdos binacionales sobre la frontera común. El imperio en todo su esplendor.