El Tribunal Penal Internacional podría servir para presión política

David Aponte Ť El Tribunal Penal Internacional (TPI) está en posibilidades de ser un ``instrumento político'' del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un mecanismo de manipulación de los países desarrollados, en lugar de un órgano de justicia internacional que sirva a todas las comunidades del mundo, de acuerdo con análisis de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Las determinaciones de la nueva corte podrían estar sujetas a ``presiones'' de carácter político, bajo el veto del Consejo de Seguridad. Un mecanismo jurídico de esta naturaleza no debe estar sujeto a ninguna clase de ``caprichos'', se opina.

Con su posición, el gobierno de México buscó que el TPI fuera un instrumento de justicia sin distinciones, en el que no hubiera ``selectividad'' o ``discriminación'' de las posibles causas penales entre los países ricos y pobres, se agrega.

Durante la reunión de Roma, la representación diplomática mexicana, a cargo del embajador Sergio González Gálvez, dio la batalla para evitar que el Consejo de Seguridad del organismo multilateral tuviera atribuciones para bloquear las investigaciones o procesos del nuevo tribunal, es decir, que de alguna manera ejerciera el derecho de veto. No obstante, 120 países aprobaron esa fórmula.

La representación mexicana en la reunión de Plenipotenciarios de Roma suscribió el acta final. Sin embargo, no firmará el estatuto para el establecimiento de la corte, según los reportes enviados por González Gálvez a Tlatelolco.

En el proyecto de estatuto del TPI se indica que ese órgano tiene como objetivo ``juzgar a las personas que cometieron crímenes graves de alcance internacional''. Entre los ilícitos, se establecen el genocidio (intención de eliminar un grupo nacional, étnico, racial o religioso) contra la humanidad (ataque sistemático contra la población civil), de guerra (violaciones a la Convención de Ginebra de 1949) y agresión de una nación a otra (el Consejo de Seguridad determinará su aplicación).

Con sede en La Haya, el fiscal del tribunal puede abrir investigaciones sin efectos retroactivos por iniciativa propia y emitir sentencias de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua, así como establecer multas y confiscación de bienes. Sin embargo, el Consejo de Seguridad tendrá facultades para frenar cualquier pesquisa o proceso.

La cancillería mexicana considera inaceptable que el tribunal esté sujeto a las decisiones del Consejo de Seguridad. De esa forma, el nuevo órgano de justicia internacional quedará como una ``corte política a favor de sus países miembros'', destacan los análisis de la Subsecretaría para Naciones Unidas, Africa y Medio Oriente de la SRE, a cargo de la embajadora Carmen Moreno.

En las negociaciones celebradas en Roma, la parte mexicana buscó garantizar la independencia de la nueva corte internacional respecto del Consejo de Seguridad, con el propósito de que los dictámenes sean producto de un juicio objetivo e imparcial y no de ``caprichos'' o ``presiones políticas'' de los integrantes de los países desarrollados, se menciona.

La idea estaba orientada a evitar cualquier tipo de ``politización'' de los posibles procesos legales en el seno del Consejo de Seguridad. Con el proyecto de estatuto, el tribunal podría estar a favor de sus miembros y en contra del resto de las naciones, se agrega.

Desde el comienzo del debate, la parte mexicana estableció los requisitos que a su juicio debería tener el nuevo tribunal internacional: definición de los casos, para evitar una sustitución de los sistemas judiciales nacionales; descripción de los crímenes sobre los individuos y no de los Estados, y la independencia del Consejo de Seguridad.

``México apoya firmemente la creación del Tribunal Penal Internacional, como un importante paso en el desarrollo del derecho penal internacional. Por esa razón, considera que se debe negociar un estatuto que garantice la independencia de esta corte frente a cualquier organismo u órgano de Naciones Unidas, como el Consejo de Seguridad'', precisa la dependencia en sus documentos previos a la determinación.

El artículo que permite la injerencia del Consejo de Seguridad ha sido calificado por el gobierno de México de ``grave error''. González Gálvez dijo en Roma que el ``tribunal estará castrado por el derecho de veto''. Ahora, el proyecto de estatuto tendrá que ser ratificado al interior de los parlamentos de los países firmantes.