La Jornada 20 de julio de 1998

Viviendas sobre cañadas y minas, legado mortal del clientelismo priísta

José Galán Ť Desde hace 40 años, sucesivas autoridades priístas en la delegación Alvaro Obregón permitieron a sus habitantes construir castillos en el aire. A cambio de votos. Y ahora esas viviendas irregulares en cañadas, barrancas, el cauce de los ríos Becerra y Mixcoac, e incluso sobre minas de la arena utilizada en construcciones del Centro capitalino, están a punto de ser barridas por el viento, el agua o tragadas por el vacío sobre el cual se asientan.

Conseguidas como premio por invasiones y posesión ilegal de los terrenos, estos hogares de cientos de capitalinos --aproximadamente 30 por ciento del millón de habitantes con que cuenta actualmente-- se ubican curiosamente en terrenos con servicios como agua potable y energía eléctrica, aparte del ahorro obtenido al utilizar las minas de arena como fosa séptica. Eso significa que, al introducirlos en asentamientos irregulares, las autoridades priístas sabían del peligro que enfrentaban, y nada hicieron para corregirlo.

Como Manuel Díaz Infante, último delegado priísta en la demarcación, quien a pesar de permitir la existencia de esas bombas de tiempo, fue nombrado a su salida como director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Fernando Machuca, titular de la Unidad de Protección Civil de la delegación, afirma que ni siquiera hay archivos o antecedentes de la ubicación de las minas, ``aunque tenemos hasta el momento localizadas ya más de 138 de ellas, que van de mayor a menor riesgo. Todas, por ejemplo, están bajo monitoreo constante''. Pero, añadió, ``las minas que más temor nos dan son las que no conocemos, las que todavía están ocultas. Y que en cualquier momento pueden provocar una tragedia''.

``Desde 1972 se planeó rellenar estas minas. No hemos parado y, por lo que veo, el relleno no se va a parar nunca'', agregó el funcionario. ``En realidad, lo que estamos haciendo en enterrar dinero. Tirar la plata al hoyo''.

Tan sólo para enfrentar los riesgos de los asentamientos irregulares y los taludes --los asentamientos en barrancas y pendientes--, la delegación cuenta con un presupuesto autorizado de 10 millones de pesos, ``más una ampliación de otros diez, autorizada por la Asamblea Legislativa'', dijo Machuca. ``Pero no sería suficiente ningún dinero. Ni siquiera con el presupuesto de tres años de toda la administración. El problema lo dejaron crecer de manera alarmante''.

La Subdirección de Zonas Minadas y Taludes de la Subdelegación de Obras --única en su tipo en toda la ciudad-- trabaja a marchas forzadas en la que es, quizá, la mina más grande detectada bajo casas habitación. Se trata de la mina descubierta el pasado 21 de junio en un lote de la colonia Arturo Martínez, cuando los vecinos hallaron en una cochera del lote 24 manzana 2 un pequeño agujero. Al día siguiente ya medía varios centímetros. Y luego de ser reportado se descubrió una enorme caverna de hasta 15 metros del piso al techo, que se extiende por debajo de por lo menos 16 lotes de vivienda.

Allí trabajan desde entonces más de cien hombres en tres turnos, para rellenar la arena y la grava que depositan en el lugar 45 camiones de volteo diarios. Se calcula que la dimensión de esta mina es de 3 mil 500 metros cúbicos. Para que usted se dé una idea, un camión de volteo transporta siete metros cúbicos. ``Llevamos un avance de relleno de aproximadamente 65 por ciento de la mina y de sus túneles'', revela Ricardo Balderas, titular de la subdirección de Zonas Minadas y Taludes de la delegación. ``Y así debe haber varias minas en la zona. Ya hemos trabajado en más de 130. Pero nos van a espantar las que no conocemos. Como ésta, que no sabíamos que existía''.

Pero la gente sí. Y nunca dijo nada. Por lo menos eso han comprobado los trabajadores de protección Civil de la demarcación, que han acudido en varias ocasiones a un mismo lugar, hasta que, por fin, los vecinos se muestran dispuestos a decir la verdad. Y cada vez son más, debido a los crecientes riesgos que enfrentan. Aunque, como dice Filiberto Rojas, jefe de la Unidad Departamental Operativa de Protección Civil, ``nadie habla más de la cuenta porque piensan que vamos a quitarles sus casas, sus terrenos, cuando en realidad lo que queremos hacer es salvarles lo que podamos de sus bienes''.

Y narra una anécdota que en este sentido ilustra muy bien la actitud vecinal.

``Hace algunos años, nos informaron de la existencia de una mina en un lote de la colonia Margarita Maza de Juárez. Cuando llegamos, el propietario se negó a darnos información, y simplemente dijo que no había nada. Nos fuimos'', relata. ``Pero regresamos. Y a unos muchachos que andaban por allí, drogándose, les preguntamos. Y nos señalaron la misma casa. Y regresamos, y el propietario nos mostró el sótano. ¡Utilizaba la mina como salón de fiestas! Con foquitos y todo. Allí hacían sus tocadas y cobraban la entrada. La clausuramos de inmediato''.

Al borde del precipicio

Pero los riesgos no sólo están debajo de la tierra. También arriba. En las cañadas. En las barrancas que conducen al fondo, al lecho de los ríos. De los afluentes del Becerra, del Mixcoac, del Magdalena, donde también hay asentamientos. Arriba arrojan su drenaje, sus aguas, a las mismas paredes que sostienen precariamente sus casas. Abajo, instaladas cerca de donde hay agua, casas humildes han experimentado ya la crecida de ríos que por el crecimiento urbano y la contaminación parecen dormidos.

Pero que cuando despiertan, lo hacen con furia. Y no respetan siquiera casas de material como bloques o cemento. Mucho menos láminas acanaladas y petrolizadas, de cartón, el material común de aquéllos que nada tienen.

Así, asentamientos irregulares en zonas federales, producto del clientelismo electoral del PRI que permitió a líderes llevar la esperanza de la gente a donde ahora debe ser desalojada, se convirtieron abajo en colonias: Ampliación Cascada, La Cascada, Liberación Proletaria, Hogar y Redención. Arriba, en barrios: Jalalpa, Lomas de Becerra, La Cañada. ``Son zonas urbanizadas de hace muchos años. Más de 40. En algunos casos, lo ideal sería colapsar algunas de las construcciones de arribas de las barrancas. Dinamitarlas, porque están sobre minas. Pero, obviamente, la gente no quiere'', informa Fernando Machuca. ``Y lo mismo pasa abajo, en el cauce de los ríos. Las anteriores administraciones permitieron la urbanización de terrenos altamente riesgosos, mediante invasiones y asentamientos irregulares. Resulta muy difícil moverlos''.

Nadie quiere retirarse, a pesar de la conciencia del peligro

Por ejemplo, en el asentamiento Hogar y Redención, instalado a la vera de lo que queda del río Becerra, viven 70 familias, algunas con más de 17 años de estar allí. Y ninguna está dispuesta a abandonar sus pertenencias porque, dicen, las anteriores autoridades de la delegación firmaron con ellos un convenio de material, terrenos y reubicación, y hasta ahora nadie les ha cumplido.

``Yo sé que donde estoy el terreno no es mío. Pero, ¿qué hago? ¿Dónde llevo a mi familia? A mí me gustaría la reubicación, pero ¿cómo?'', se pregunta Francisco Cruz Tapia, chofer de un comerciante de tianguis, de 39 años, con mujer y tres hijos. ``Si hubiera alguna facilidad para negociar, algo para el bien de la gente, yo sí le entraba. Sé del riesgo de estar aquí, porque la naturaleza no respeta nada, pero no hay dónde más''.

Modesto Ramírez Antioco, de 44 años, trabajador de un estacionamiento en Olivar del Conde, confiesa que llegó al lugar hace diez años, ``como muchos'', por una invasión encabezada y apoyada por el PRI. ``Estamos enterados del riesgo, pero hemos buscado la reubicación y no se ha podido'', dice con resignación. ``No hemos tenido ayuda de nadie'', agrega, ``pero estamos dispuestos a reubicarnos si nos dan con qué, porque somos muy pobres'', añade el padre de siete hijos, con 44 años de edad.