La sociedad está madura para enfrentar el tema: Marta Lamas

María Esther Ibarra y Martha García Ť Para evitar caer en proclamaciones teóricas de que el aborto es un mal para la sociedad, es necesario adoptar medidas de política familiar, vivienda, salud, trabajo y una acción educativa de la paternidad y maternidad responsables, establece Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, en el Documento pastoral sobre el aborto.

Por su parte, Marta Lamas, directora general del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, AC), expuso que la sociedad está madura para enfrentar un debate sobre el aborto. Señaló que en la discusión se requiere la participación de todos los sectores y no sólo grupos opuestos. Así, consideró que es necesario escuchar a las asociaciones de ginecología, academias de medicina, partidos políticos y a toda la comunidad intelectual.

Luego de recordar que en México se practican un millón de abortos y que mueren mil 500 mujeres por esta causa al año, agregó que la despenalización de la interrupción del embarazo es una cuestión de justicia social y de democracia, y dijo que el tema no es nuevo en la opinión pública nacional sino un aspecto que se ha ventilado desde hace tres décadas.

A su vez, Juan Guillermo Figueroa, del Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano de El Colegio de México, señaló que la despenalización del aborto no obliga a nadie a llevarlo a cabo. ``La población debe saber que tiene derechos, y que como ciudadanos somos autoridades para decidir y definir nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, uno puede cuestionar las normas religiosas sin dejar de ser parte de la Iglesia católica'', agrega el coautor de Apuntes para un análisis ético del aborto.

En el concierto de voces que se han levantado en diversos momentos sobre el debate de despenalizar el aborto, el clérigo considera que una ley permisiva o restrictiva puede ser un engaño de no realizarse en paralelo una amplia política social, pues ``el fenómeno innegable de la multiplicación de abortos clandestinos no se explica porque se carezca de una despenalización que permita a quienes decidieron en su conciencia, bien o mal'' recurrir a esta práctica médica.

Para el obispo Ruiz, el problema debe ubicarse en el marco de una sociedad, cuyas ``estructuras injustas'' producen, entre otras cosas, concentración de poder económico y político, la dominación de unos grupos sociales sobre otros, políticas que no contemplan el bien común o que proporcionen una remuneración adecuada a los hombres y mujeres de la clase trabajadora''.

Si bien rechaza rotundamente el aborto provocado directamente --lo califica de crimen--, considera que en las circunstancias actuales la mujer que opta por su práctica no lo hace por una ``decisión gustosa'', ni es la primera que lo busca, pues hay traumas que la marcan para toda la vida. ``No puede silenciarse la parte que tiene en esto ordinariamente el otro miembro de la pareja. Las presiones que el hombre ejerce sobre la mujer son causa de fondo en numerosas ocasiones''.

Por ello, agrega el obispo sancristobalense, ``condenamos el machismo como una discriminación permanente y ofensiva contra las mujeres que son víctimas de humillaciones, tratos inhumanos y difamatorios cuando se las orilla a aceptar la responsabilidad total de un embarazo no deseado, como si sólo ellas fueran las únicas participantes''. Y agrega: ``Esto es consecuencia de una sociedad patriarcal, que no reconoce la corresponsabilidad del hombre en los actos culpables''.

Ante esto, propone que las autoridades actúen también ``seriamente en la creación de instituciones para adopción de bebés, que podrán hallar un verdadero hogar entre aquellas parejas que por diversas causas no pueden tener hijos''.

Si bien no pasa por alto la importancia que tienen las leyes civiles en la vida social, política y económica, ``con sus profundas y serias repercusiones'', llama a atender las convicciones cristianas porque -asegura-- ``la despenalización no es de por sí una legitimación moral, sin embargo, fácilmente puede ser interpretada como tal''.

Al respecto, el investigador Figueroa examina que ante la posición determinante de la Iglesia de condenar el aborto y la tarea del Estado de tomar en cuenta las demandas de la población, considera que el debate será complicado, sobre todo ``éste tiene que gobernar para que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos, y no sé si la Iglesia sea la mejor informada de cuáles son los derechos de la ciudadanía o sea la mejor interlocutora para esto''.

Lamas comentó que en este proceso se trata de adecuar los códigos civiles, ya que sólo en algunas entidades es permitido el aborto por distintas circunstancias. Mencionó a Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Jalisco, estado de México, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas, Distrito Federal y Nuevo León.