El señalamiento formulado por funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores --el mismo día del arribo del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al país-- en el sentido de que el gobierno de México no tendría inconveniente para que Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, realice una visita a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, representa un dato alentador y es indicio de un posible cambio en la actitud que las auto-

ridades mexicanas han mantenido hasta ahora en lo referente a la presencia y la actividad de observadores internacionales en territorio nacional.

Además, las revelación de que la propia canciller Rosario Green estudia la posibilidad de invitar formalmente a Robinson para que, luego de su futura estancia en México, redacte un informe sobre la situación de los derechos humanos en las entidades antes señaladas, contribuye a atemperar las tensiones resultantes del empecinamiento del gobierno federal en acotar y controlar las actividades de extranjeros defensores de los derechos humanos, como sucedió hace algunas semanas con la visita de observadores italianos a Chiapas.

La situación de los derechos humanos en México, y particularmente en las zonas rurales chiapanecas, guerrerenses y oaxaqueñas, es por demás preocupante, y múltiples organismos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado y documentado los inaceptables atropellos y violaciones cometidos sobre todo contra comunidades indígenas y campesinas, y la impunidad de la que gozan los agresores.

En este sentido, es más que probable que un informe de Mary Robinson sobre estos asuntos --siempre que se le permita recorrer libremente y sin interferencias las zonas donde se han cometido incontables abusos y escuchar de manera directa los testimonios de las víctimas-- aportaría datos cruciales, evidencias y recomendaciones que las autoridades tendrían que atender de forma obligada, para beneficio de la sociedad en general y, cabe añadir, de la credibilidad del propio gobierno mexicano.