Ortiz: seguridad del Estado vigiló la reprivatización bancaria
Roberto González Amador Ť Los organismos encargados de la seguridad del Estado mexicano realizaron una profunda investigación de los empresarios que a principios de los años 90 mostraron interés en adquirir los 18 bancos que fueron
reprivatizados por el gobierno de Carlos Salinas y, salvo en dos casos, no encontraron elementos para objetar la participación de los interesados en adquirir las instituciones, reveló Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México.
Hace unos días, en una reunión informal a cuyo contenido tuvo acceso este diario, Ortiz defendió el proceso de desincorporación bancaria y aseguró que se vigiló cada detalle. El organismo encargado de la venta, realizada entre 1991 y 1992, realizó un minucioso análisis de los postores, dijo.
Guillermo Ortiz recordó que el Comité de Desincorporación Bancaria, creado exprofeso para vender los bancos y que él presidió hasta que concluyó el proceso, recibió un informe de cada uno de los postores elaborado por los organismos de seguridad del Estado, que indagaron la historia de cada uno de los interesados en adquirir las instituciones de crédito y ``pulsar'' la ``calidad moral'' de los participantes.
Salvo en dos casos (que no reveló), las investigaciones de los organismos de seguridad nacional no encontraron indicios de que los interesados en la compra de los bancos hubieran estado involucrados en actividades ilegales o fraudulentas, recordó Ortiz.
Hubo cierta presión para vender los bancos a algunas personas, reconoció Ortiz sin mencionar de dónde provinieron esas presiones. Sin embargo, aseguró que en todo el proceso de venta se cuidaron al extremo los criterios estipulados por el Comité de Desincorporación Bancaria para la asignación de las instituciones.
Una posible fuente de las presiones que mencionó Ortiz fue citada hace dos días por el diario especializado El Financiero, que se edita en la ciudad de México.
En declaraciones atribuidas por el rotativo al gobernador del Banco de México, éste habría reconocido que varios postores fueron excluidos de antemano.
Según el artículo de El Financiero, Ortiz Martínez admitió que Carlos Salinas de Gortari, quien era presidente cuando se realizó la reprivatización, ordenó que los 18 bancos entonces propiedad del Estado no se vendieran a ex banqueros ni a bancos extranjeros, ``por lo cual --según El Financiero-- `no hubo de otra' más que dárselos a los casabolseros''.
Para algunos analistas consultados ayer por La Jornada, el hecho de que un funcionario prominente como Guillermo Ortiz haga declaraciones contra Carlos Salinas ``implica que las fracturas en el seno del equipo económico gubernamental por el escándalo del Fobaproa son un hecho''.
Observadores políticos señalaron que tras la declaración de Ortiz ``sólo falta aguardar la reacción de Carlos Salinas y ver por dónde va a llegar el coletazo del hombre de Dublín, quien finalmente fue el que promovió la privatización bancaria''.
Uno de los asistentes de Guillermo Ortiz comentó ayer a La Jornada que las declaraciones atribuidas al funcionario por El Financiero (diario al que, hasta ayer, el banco central no había desmentido públicamente) eran falsas. ``El gobernador no ha concedido ninguna entrevista de prensa oficial en varias semanas'', agregó el colaborador de Ortiz.
Sin embargo, algunas evidencias parecen confirmar la especie de que varios postores fueron eliminados de antemano de la venta de los bancos, por los cuales el gobierno obtuvo, a precios de 1993, unos 38 mil millones de pesos (alrededor de 10 mil millones de dólares de entonces). Esta cantidad es una sexta parte el costo del rescate asumido por el Fobaproa.
En una entrevista con este diario publicada en septiembre de 1995, Manuel Espinosa Yglesias, quien hasta antes de la nacionalización de la banca era el propietario de Bancomer, en ese entonces el principal banco del sistema, se quejó de haber sido excluido por el gobierno del proceso de reprivatización.
``El gobierno, inexplicablemente, me impidió concursar para readquirir Bancomer. La decisión era favorecer a los dueños de las casas de bolsa'', recordó Espinosa Yglesias, quien fuera uno de los banqueros de más tradición en el país.
El Congreso ya investiga el proceder de Guillermo Ortiz como encargado de la venta de los bancos, y posteriormente como responsable de su rescate, cuando era secretario de Hacienda, cargo que dejó en diciembre de 1997.
Diputados opositores que participan en la investigación sobre el rescate bancario consideran que el funcionario incurrió en varias irregularidades, las cuales esperan documentar cuando se realicen auditorías independientes al Fobaproa.
Ortiz Martínez, junto con el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe y el ex gobernador del banco central, Miguel Mancera, forma parte del grupo de 17 funcionarios y ex funcionarios a quienes citará a declarar una subcomisión legislativa que investiga el Fobaproa.
Dolores Padierna, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirma que las evidencias surgidas en los últimos días prueban que Ortiz Martínez cometió anomalías en la venta y posterior rescate de los bancos.
``Guillermo Ortiz ha estado en tres periodos claves de la historia del escándalo bancario: fue el encargado de la reprivatización; tomó parte en la decisión de rescatar a los bancos a través del Fobaproa, que resultó ser un fracaso, y ahora, como gobernador del Banco de México, pretende firmar los pagarés para que los bancos obtengan recursos líquidos'', dijo Padierna.
La legisladora aseguró que esas tres etapas explican las causas del fracaso de la banca en México.
``Ortiz es uno de los responsables de la toma de decisiones y tiene que responder por ello ante los diputados. El tomó la decisión de ayudar a los bancos regalándoles recursos públicos, fue el facilitador de recursos para impulsar proyectos de gran envergadura que finalmente no resultaron o que cayeron en crisis'', aseguró.
En círculos políticos y financieros del país, ayer se comentaba que los fantasmas del pasado no dejan de perseguir a Guillermo Ortiz.
El gobernador del Banco de México, quien ocupa ese cargo desde enero, está envuelto en una serie de escándalos que ponen en entredicho su labor como el principal funcionario encargado de vender en el sexenio pasado 18 bancos que eran propiedad del Estado.
Cuando concluyó la desincorporación bancaria, realizada entre 1991 y 1992, Guillermo Ortiz, entonces subsecretario de Hacienda, aseguró que la administración de los bancos había quedado a cargo ``de mexicanos con experiencia financiera, lo cual debe propiciar que los recursos que les confían millones de ahorradores e inversionistas sean manejados con prudencia y conocimiento''.
Sin embargo, dos escandalosos fraudes cometidos por empresarios a quienes se asignó la administración de bancos (Carlos Cabal en Cremi y Unión y Angel Isidoro Rodríguez en Banpaís) hicieron surgir dudas sobre la venta de las instituciones. Este asunto, al que ahora se suma un rescate financiero que asciende a 65 mil millones de dólares, se ha convertido en uno de los principales problemas del actual gobierno y ha desencadenado una serie de acusaciones mutuas entre varios de los encargados de la reprivatización bancaria.
La venta de los bancos, que en su momento Guillermo Ortiz calificó de exitosa, se convirtió en un escándalo público a raíz de la intervención, en septiembre de 1994, de Banca Cremi y Unión por un fraude cometido por Carlos Cabal Peniche.
Después vino la intervención de Banpaís, en marzo de 1995. Posteriormente el Banco Industrial de Jalisco fue acusado de participar en operaciones de lavado de dinero, al igual que Banco Anáhuac.
Seis años después de concluida la reprivatización, el ``éxito'' de dicho proceso puede medirse de la siguiente manera: 12 bancos han sido intervenidos por el gobierno y sólo cinco de los vendidos entonces permanecen en manos de sus accionistas originales.