Helicópteros a cambio de armar a la DEA en México, plantean 12 legisladores de EU
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 22 de julio Ť Doce influyentes legisladores acusaron hoy al gobierno de Bill Clinton de fracasar en su combate contra el flujo de drogas a Estados Unidos y presentaron un proyecto de ley, que autorizaría 2.6 mil millones de dólares en nuevos gastos para esfuerzos de interdicción, incluidos fondos para nuevos helicópteros destinados a México y la construcción de una base aérea estadunidense, con un costo de 300 millones de dólares, en algún lugar de América Latina o el Caribe.
Aunque no se espera que la iniciativa sea aprobada por el Congreso este año, algunas de las críticas a los gobiernos de Clinton y de México en el borrador de la propuesta ofrecen una guía sobre el tipo de debates que se podrán anticipar en el ciclo electoral legislativo que culminará en el próximo mes de noviembre.
Por ejemplo, el proyecto autoriza a Estados Unidos a otorgar a México seis helicópteros de alta altitud Bell 212 para la erradicación de opio en Guerrero, Jalisco, y Sinaloa.
Pero los legisladores condicionan esta asistencia, al indicar que el equipo no será trasladado hasta que ``el gobierno de México apruebe la plena inmunidad diplomática para el personal de la DEA (la agencia antidrogas) que opera en México con privilegios otorgados a oficiales del gobierno de Estados Unidos a portar armas''.
Los senadores Jesse Helms, Mike DeWine y Bob Graham están entre los promotores de la medida en esa cámara, y una propuesta paralela también fue presentada hoy en la Cámara de Representantes por los legisladores Bill McCollum, Benjamin Gilman y Peter Goss.
El senador DeWine reconoció que es poco probable que el paquete legislativo completo sea aprobado este año, pero indicó a La Jornada que la legislación ofrece una guía sobre los tipos de políticas antinarcóticos que el Congreso espera promover en los próximos tres años.
DeWine señaló que el porcentaje del presupuesto antinarcóticos federal dedicado a la interdicción se ha reducido dos tercios durante la última década, mientras el uso de drogas entre la juventud estadunidense se ha incrementado dramáticamente durante ese mismo periodo.
El representante Bill McCollum, otro patrocinador de la iniciativa, sostuvo que si Estados Unidos gasta otros 2.6 mil millones en campañas antinarcóticos durante los próximos tres años, el flujo de drogas a este país sería reducido 80 por ciento.
Gran parte de los fondos propuestos estarían dedicados a la compra de nuevos aviones de vigilancia P-3 para los esfuerzos antinarcóticos, así como para la compra de nuevas naves para la Guardia Costera.
Además, prevé 300 millones de dólares para ``el establecimiento de una base aérea para apoyar operaciones antinarcóticos estadunidenses en el sur del Caribe, el norte de Sudamérica y el Pacífico oriental''.
Los redactores de la propuesta señalaron que las negociaciones entre este país y Panamá para establecer un centro antinarcóticos en la base Howard de la fuerza aérea de Estados Unidos en Panamá se han estancado y ``probablemente'' se necesitará una nueva instalación.
Pero incluso asesores legislativos republicanos pusieron en duda la aprobación de la iniciativa.
``Tienen muchas ideas interesantes, pero muchas no están muy claramente pensadas y tres años es un marco imposible'', comentó un asesor a este diario.
No obstante, los legisladores que presentaron este miércoles esta propuesta dijeron que esperan que la misma servirá de ``mapa'' para los esfuerzos antinarcóticos a futuro y señalaron que sus propuestas fueron redactadas después de extensas consultas con la DEA, el Buró Federal de Investigaciones y otras agencias implicadas en la política antinarcóticos.
Pero el senador DeWine reconoció que sus colegas no consultaron con funcionarios del gobierno de México o de otras naciones de la región sobre los detalles de estas propuestas.
``No pensamos que fuera apropiado hablar con ellos sobre la legislación hasta después de presentarla'', respondió DeWine a una pregunta de La Jornada.
``Pero, claro, en general, he sostenido reuniones con el presidente (Ernesto) Zedillo y con el embajador (mexicano) aquí en varias ocasiones para discutir nuestros esfuerzos antinarcóticos'', añadió el legislador estadunidense.
También insistió en que la propuesta no está diseñada para castigar a México, sino para promover un diálogo sobre políticas antinarcóticos.