Si se revisa el discurso político contemporáneo se llega rápidamente a la conclusión de que no existen términos más sagrados en dicho léxico que los de ``mercado'' y de ``democracia''. Los paralelos entre ambos no son evidentes a primera vista, pero si uno se esfuerza por descifrar el discurso neoliberal pueden encontrarse algunas coincidencias. En la democracia los votantes eligen a sus representantes políticos de acuerdo con sus inclinaciones personales e ideológicas. En el mercado los consumidores eligen loso productos que desean comprar de acuerdo con las modas, pero también en función de gustos personales. En ambos casos, por lo tanto, puede argumentarse que se trata de elecciones, aunque de carácter muy distinto.

Sin embargo, cabe preguntarse sobre el grado de democracia que realmente se ejerce en el mercado. Un ejemplo lo proporciona el actual debate en México sobre la reforma financiera y la posible conversión de las valores del Fobaproa en deuda pública. En este caso puede considerarse que tanto el ciudadano como el consumidor se encuentran confrontados por una elección de gran importancia pero en la cual difícilmente pueden participar. Pues de acuerdo con los cánones del Estado liberal, esta materia debe para ser discutida por los legisladores con los funcionarios del poder ejecutivo y los representantes de la banca. Precisamente para ofrecer una opción alternativa el Partido de la Revolución Democrática ha propuesta una consulta popular sobre tan trascendental materia, aunque pueda anticiparse que, inevitablemente, se producirán numerosas fallas en este tipo de encuesta política, cuyos promotores desean que sea lo más amplia posible. Las críticas ya llueven sobre el intento de democratizar el debate político/financiero pero vale la pena resaltar la originalidad de la iniciativa en términos históricos. Durante decenios las decisiones económicas fundamentales han sido formuladas por una cúpula de tecnócratas y empresarios que han logrado su aprobación legislativa merced al predominio absoluto de un partido político. En otras palabras, no existía un ``libre mercado'' en materia política, no existía competición sino monopolio. De allí que ni los ciudadanos tenían la posibilidad de participar en verdaderas elecciones ni los contribuyentes de opinar directamente sobre los impuestos o las dudas que era su obligación pagar.

El rechazo de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda a las propuestas de abrir todavía más el debate sobre materias financieras, por lo tanto, no es nada sorprendente. Pero no debe engañar a nadie: se trata de cuestionar la democratización de la vida económica, de limitar las opciones de una gran masa de mexicanos a manifestar públicamente sus preferencias. El argumento de los funcionarios hacendarios consiste en sugerir que la voz popular puede debilitar al sistema bancario mexicano. Sin embargo, y muy al contrario, lo que todos sabemos es que el muy cacareado ``sistema'' bancario nacional contribuyó a debilitar a la economía popula5r desde el estallido de la crisis de 1995. Tasas de interés exhorbitantes, múltiples intentos por embargar propiedades indebidamente, limitación del crédito a clientes gordos y preferenciales, cuentas más que dudosas de un número significativo de bancos y estafas promovidas por una pléyade de neobanqueros. Teniendo en cuenta estos antecedentes se necesario enfatizar que la democracia no debe servir solamente para elecciones políticas sino también para elecciones económicas: de ahí que, pese a las críticas, una consulta popular económica es un paso en la dirección correcta de la modernización del país y de una sociedad que se desea cada vez más plural y abierta.