Pagará IBM 37.5 mdd a la Procuraduría del DF

Humberto Ortiz Moreno Ť Agobiada por la pérdida de al menos dos grandes e importantes contratos, la compañía IBM de México cedió todo en un convenio firmado con la Procuraduría capitalina y, adicionalmente, se obligó a pagar 11 millones 615 mil dólares para ``resarcir los daños sufridos'' por la institución con el sistema de Averiguaciones Previas y Control de Procesos (Apcop).

Asimismo, coincide con el criterio de la PGJDF por el que determinó suspender el proyecto el 18 de mayo de 1998 y decide restituirle 25 millones 950 mil dólares que le había pagado mediante una nota de crédito que quedó abierta en la empresa a su favor ``en igualdad de circunstancias''.

Así, el monto total que IBM cubrirá a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es de 37 millones 565 mil dólares, de los cuales 2 millones 90 mil fueron integrados a la Tesorería del Distrito Federal a la rúbrica del acuerdo.

En efectivo, la compañía pagará 6 millones 969 mil dólares en un plazo de 12 meses, a razón de 406 mil 525 dólares mensuales.

La otra cantidad será cubierta con bienes y servicios de aquí al 31 de marzo del año 2000, conforme a las necesidades y requerimientos de la PGJDF y a los precios más bajos del mercado, prácticamente de lista. En caso de que no los requiera en ese periodo, podrán ser transferidos al gobierno de la ciudad de México.

Frente a la empresa no hay reserva de derecho alguno

El anuncio fue hecho ayer por el procurador Samuel del Villar Kretchmar, quien informó que con este convenio la institución ``se da por plenamente reparada de los daños y perjuicios ocasionados a la misma, por lo que es su deseo hacer patente que no se reserva derecho alguno'' frente a la empresa y sus representantes. Citado a declarar en el curso de las diligencias, Alfredo Capote, presidente y apoderado de IBM, firmó el pacto.

Aclaró el titular de la Procuraduría de Justicia capitalina que este acuerdo no significa la negación del ejercicio de la acción penal.

A su vez, Víctor Carrancá Bourguet, subprocurador C de Procedimientos Penales, explicó que con este arreglo los tres altos ejecutivos de la IBM y los 19 ex funcionarios de la dependencia podrán tener mayores facilidades para lograr su libertad, pues reparado el daño cuando se les venza el amparo y la juez 40 penal pida su detención ya no tendrán que cubrirlo.

Del Villar Kretchmar externó su confianza en que IBM de México tiene la solvencia suficiente para garantizar el pago de sus obligaciones. Aclaró que si no se licita el contrato para otra empresa, es porque sería tanto como haber hecho un doble gasto y, además, el acuerdo con aquella compañía no significa ninguna erogación extraordinaria para los capitalinos.

Carrancá Bourguet insistió en que la licitación pública del sistema Apcop era obligatoria y por tanto hay pruebas suficientes para sancionar penalmente a los 22 indiciados. Actualmente sigue el proceso de aportación de pruebas y la PGJDF, insistió, seguirá investigando.

La disposición de IBM de México a ``trabajar conjuntamente con esta institución para identificar sus requerimientos y desarrollar una solución que cumpla con los fines y objetivos planteados en el programa de modernización tecnológica'', que confluyó en la suscripción de este convenio, ocurre precisamente el día en que la juez 40 penal que lleva la causa, Sara Patricia Orea Ochoa, dictó auto de formal prisión en contra de Roberto Hiriart Torruco, director ejecutivo de Operaciones; Edgardo Cantú Saldaña, gerente de Ventas de Soluciones para Gobierno, y Joaquín Saldaña Otero, gerente de Proyectos.

De acuerdo con fuentes vinculadas a las negociaciones PGJDF-IBM, la empresa habría perdido fuertes contratos con importantes clientes, preocupándole a tal grado la situación legal de sus ejecutivos que optó por conceder esas ventajas luego de que permanentemente sostuvo que no estaba dispuesta a absorber las pérdidas por instalación, capacitación, movimiento de personal y todos los rubros que implicaron la aplicación del Apcop en la Procuraduría.

6 de marzo: La Procuraduría informa que investigará la irregular adquisición del Sistema de Averiguaciones Previas y Control de Procesos (Apcop) a la empresa IBM de México.

18 de mayo: Suspende las operaciones del Apcop por fallas en el servicio en las agencias del Ministerio Público.

17 de junio: Agentes judiciales y ministerios públicos realizan un cateo en las oficinas centrales de IBM de México en el centro corporativo de Santa Fe.

18 de junio: En conferencia de prensa, el procurador Samuel del Villar Kretchmar anuncia que la juez 4 penal libró órdenes de aprehensión en contra de 14 ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de cinco más en funciones, además de tres altos ejecutivos de la empresa IBM de México. La empresa asegura que el proyecto Apcop cumple con los requisitos de funcionamiento exigidos. La procuraduría señala que hasta el día en que operó pudo integrar 138 mil averiguaciones previas.

23 de junio: El subprocurador Víctor Carrancá aseguró que podría añadirse el delito de fraude.

24 de junio: Se amparan 14 de los 22 indiciados y días después 21 del total, y a partir de esto, como condición que impuso el juez de distrito que les concedió la suspensión provisional, declaran en diferentes fechas ante el juzgado 40 penal del Reclusorio Norte.

26 de junio: Comparece ante el Ministerio Público Alfredo Capote, presidente de IBM de México.

21 de julio: La juez Sara Patricia Orea dicta auto de formal prisión a los tres altos ejecutivos de IBM de México y se finiquitan las negociaciones entre la empresa y la Procuraduría General de Justicia del DF para reparar el daño a la institución.

22 de julio: El procurador Samuel del Villar anuncia el convenio por el que IBM de México se obliga a pagar un total de 37 millones 565 mil dólares para resarcir el daño, cubriendo 11 millones 615 mil dólares adicionales.