Ante la política guerrerista del gobierno mexicano, el EZLN ha respondido con un llamado pacífico y civilizado a la sociedad y a las instituciones reconocidas por la Constitución y el Estado mexicanos.

La Quinta Declaración de la Selva Lacandona, lejos de convocar a una guerra civil o a que el pueblo mexicano se arme contra el mal gobierno, llama a la sociedad, al Congreso de la Unión, a los partidos políticos y a otras instancias también institucionales para que frenen la actitud bélica y de exterminio del gobierno y para que opinen sobre la propuesta de reformas legislativas elaborada por la Cocopa con relación a los derechos y la cultura indígenas.

Con este llamamiento el EZLN está diciendo con toda claridad que las condiciones no son propicias para continuar el diálogo que iniciara con el gobierno en abril de 1995 y suspendido al principio de septiembre de 1996. Las condiciones para el diálogo no son propicias ya que el gobierno, aparte de haber enmudecido en la mesa II de San Andrés sobre Democracia y Justicia, se ha dedicado a llevar adelante una guerra de baja intensidad contra los indios de Chiapas y contra los inconformes y rebeldes en Guerrero, Oaxaca y otros estados de la Federación donde los pobres han optado por hacer oír su voz. Las condiciones tampoco son propicias al desaparecer, por hostilidad gubernamental, la mediación entre las partes representada por la Conai. Las condiciones no son propicias, en fin, porque el gobierno, con subterfugios legaloides y con mentiras ha negado en la práctica la vida institucional (tradicionalmente precaria) convirtiendo al país en una tierra de nadie donde la justicia sólo opera para quienes tienen privilegios, influencias y compadrazgos o dinero suficiente para comprar a quienes no debieran vender su función pública.

Al comprobarse en la práctica que la razón, la mesura, la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos y a la vida no son cualidades del gobierno, el EZLN acude al pueblo, a sus supuestos representantes en el supuesto Poder Legislativo, a los partidos, a las personas honestas y de buena fe a que obliguen al gobierno a gobernar, a gobernar con criterios de equidad, de justicia, de nación y, sobre todo, a favor del pueblo mayoritario y no de los intereses de quienes han querido apoderarse del país, desde dentro y desde fuera.

El EZLN, en su Quinta Declaración, llama al pueblo a pronunciarse a favor de la paz y a que opine sobre la propuesta de ley indígena que elaborara la Cocopa y con la que estuvo de acuerdo el ejército indígena y rebelde de Chiapas. Su llamamiento, a diferencia de lo que ha hecho el gobierno cuando decidió entregar nuestro destino a Estados Unidos, es a la expresión libre y soberana del pueblo de México, por lo que no ha de extrañar a nadie que pronto declaren los jilgueros oficiales que el plebiscito en nuestro país no es legal, como ya dijeron ante la consulta propuesta por el PRD en torno al Fobaproa.

Una vez más el EZLN se convierte en un catalizador de la sociedad y pone en evidencia al gobierno, con una agravante para éste: que los tiempos políticos, por la impericia tecnocrática, ya se adelantaron y, por lo tanto, los flancos de las presiones al gobernante solitario se multiplicaron. El gobierno ya perdió. Comienza un nuevo capítulo.