Si por mal manejo, en un hogar se descompone el refrigerador o, peor aún, es robado, la familia tendrá que hacer ajustes en su economía para reparar o reponer el aparato, pues de otra forma se expone a peores problemas, como la pérdida de la comida o el deterioro de la salud al ingerir alimentos en mal estado.
Por supuesto, al mismo tiempo se tendrá que poner un correctivo al responsable de la descompostura o solicitar la intervención de las autoridades penales si se trató de un robo.
Con una enorme distancia, derivada sobre todo del efecto sobre millones de personas y no únicamente para una familia, esta es una situación semejante a lo que le sucede a México con el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, el tan censurado Fobaproa.
Este mecanismo especial fue creado precisamente para evitar daños mayores en el sistema bancario nacional, de por sí afectado por la crisis financiera local e internacional. El riesgo, en caso de no haber obrado así, era muy grande.
Por ejemplo, en un documento de circulación restringida, preparado sobre todo para los diputados del PRI --que también están a disgusto con los abusos en los bancos y no desean nuevamente comprometer su voto--, se describe parte del catastrófico panorama que podría presentarse si, como lo desean muchos legisladores de oposición y no pocos priístas, el gobierno no actuara para proteger al sistema bancario nacional.
No hay perdón para culpables
Como punto de partida para el análisis en ese documento se recuerda que los bancos trabajan con los capitales que les confían sus clientes, los ahorradores; es decir, una parte de la sociedad. Las aportaciones de los banqueros son siempre menores, a ellos se les confía la conducción de las instituciones no por el monto de sus depósitos, sino por su supuesta o real habilidad para invertir el dinero y hacer ganar a los otros ahorradores.
Ante la sola posibilidad de que los bancos no puedan cumplir con sus obligaciones, depositantes y acreedores entran en un estado de nerviosismo y ansiedad, que pueden a su vez generar situaciones de pánico que pronto se extenderán a todo el resto del sistema financiero. Esto ya ha ocurrido en otros tiempos y en otras naciones --incluido el poderoso Estados Unidos, que por eso tiene también su mecanismo de protección a las instituciones de crédito-- con un grave daño a la sociedad entera.
Evitar este fenómeno, indica el documento, es la función del Fobaproa.
Pero esa tarea de salvamento, responden legisladores de todos los partidos, no significa olvidar los abusos cometidos por algunos banqueros. Los culpables deben ir a la cárcel y pagar con su patrimonio los excesos o los errores cometidos, porque éstos van en contra de toda la sociedad.
Esto es precisamente lo que estará a discusión en las próximas semanas en la Comisión Permanente y luego en la Cámara de Diputados, cuando se reanuden labores a partir del primero de septiembre.
Es una larga lista de funcionarios y ex funcionarios la que pasará por las comisiones legislativas. Pero, además, ya se empieza a hablar nuevamente de la posibilidad de interpelar al presidente Ernesto Zedillo, cuando se presente el primero de septiembre, o por lo menos, cambiar el mecanismo del informe para que el primer mandatario escuche directamente las posiciones de los partidos, que hasta ahora se expresan antes del arribo del jefe del Ejecutivo.
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