Pablo González Casanova
Legislar es gobernar con la razón
Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo están asumiendo sus facultades constitucionales para asegurar la paz y la democracia en la República. Un uso responsable de los poderes que representan haría que el jefe del Ejecutivo convocara a los mejores juristas de la UNAM, del ITAM, de la Iberoamericana, y de una o dos organizaciones más, para que con toda libertad y conocimiento de causa le informen si el Proyecto de Reforma que en torno al problema indígena envió al Congreso cumple los acuerdos de San Andrés y qué derechos reconoce a los pueblos, municipios, comunidades y localidades indígenas de México. Una delegación de juristas honestos ayudaría al Presidente de la República a no insistir en presentar como suyo un proyecto que no cumple ni un solo acuerdo y no concede ni un solo derecho. Saber corregir errores es signo de grandeza, tal vez el más importante en la civilización occidental. En este caso corresponde al propio Ejecutivo iniciar una gestión para que con el Legislativo ambos cumplan a la vez --como se puede y se debe-- con los acuerdos de San Andrés con pleno respeto a las normas que para todo cambio señala la Constitución de la República. Ese sería el camino más efectivo de la Paz y la Democracia en Chiapas y México. El propio jefe del Poder Ejecutivo tendría el privilegio y la prioridad de iniciarlo.
Otro camino es el del Poder Legislativo. Lejos de posponer su deber fundamental que es el de legislar, lo asumiría plenamente con fundamento en la Constitución de la República, en el Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado como Ley Suprema de la Nación, en los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996, y con base en el proyecto de la Cocopa aceptado originalmente por las partes.
El Poder Legislativo debería considerar que los acuerdos de San Andrés reconocieron a los pueblos Indios menos derechos que el Convenio 169, y que el proyecto de la Cocopa acordó a los indios menos derechos que los acuerdos de San Andrés. En buena lógica jurídica y política el Poder Legislativo podría mejorar el proyecto de la Cocopa incluyendo los derechos que se negaron a los indios, pero no podría cambiarlo para quitarles derechos.
El Congreso puede hacer que la reforma cumpla no sólo con una parte de los acuerdos de San Andrés sino con todos ellos y también con todos los de la Ley Suprema y del Convenio 169 ratificado ya por el Senado de la República. Además puede dar al proyecto de la Cocopa una forma totalmente apegada a la Constitución vigente haciendo de la autonomía municipal, de la democratización de los municipios autónomos, de la redistritación democrática de los mexicanos, y de la democratización de las agencias municipales o de los gobiernos locales la base ciudadana y social de la reforma. También tiene la posibilidad jurídica de confirmar y precisar que varias localidades y municipios indígenas puedan establecer planes permanentes en materia de educación, salud, justicia y desarrollo. El reconocimiento de esas uniones de municipios con lenguas y culturas comunes configuraría a las regiones y/o pueblos indios. El Legislativo podría también reconocer el derecho consuetudinario de los indios como se reconoce el de los no indios, ratificando lo que los propios pueblos indios ya han expresado: que como todos los mexicanos estamos obligados a respetar los derechos universales, las garantías individuales y sociales, y la Constitución de la República.
El jefe del Ejecutivo puede iniciar una estrategia de Paz y Democratización no elevando a dogma el proyecto de reforma que presentó al Congreso. Sería ejemplo para el mundo. El Congreso de la Unión puede iniciar el ejercicio de su poder soberano con una estrategia de paz y conciliación nacional, invitando a que el proyecto que cumpla con la palabra y con los pueblos indios sea aprobado por ambos poderes. Pero si eso no es posible debe ejercer su soberanía en pleno uso del derecho, de la lógica y de la palabra comprometida. Ninguna acción distraccionista, ningún pretexto ``realista'' o ``presidencialista'' autoriza a los legisladores a eludir los compromisos que ellos o sus representantes firmaron. Ninguna acción mediadora les permite eludir su responsabilidad legislativa. Diputados y senadores, sean del partido que sean, tienen tanta responsabilidad como el Presidente de la República para acabar con el vacío de poder constitucional que amenaza la paz nacional y la democracia. No tienen derecho a engañarse pensando en un diálogo de los-vencidos-que-no-están-vencidos con los vencedores que no les cumplieron. No habrá paz ni democracia si violamos la palabra dada y la lógica elemental, aunque unos busquen la paz de buena fe y otros quieran imponer la democracia a la fuerza. Los pueblos indios de México han ratificado una y otra vez sus compromisos con los acuerdos de San Andrés y con el camino pacífico a una democracia en que puedan luchar dentro del derecho.
En torno a la autonomía municipal es necesario precisar todos y cada uno de los acuerdos de San Andrés. Cúmplanlos Ejecutivo y Legislativo, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y cumpla cada diputado y senador, cada ciudadano, desde el más encumbrado hasta el más pequeño, con su conciencia, con su país y con la Constitución.