Inhabilitan 5 años en cargos públicos al ex director de la PJF

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) sancionó al ex visitador general de la Procuraduría General de la República, Jorge Anastasio Stergios Gómez; al ex director de la Policía Judicial Federal (quien actualmente está como testigo protegido de la PGR), Adrián Carrera Fuentes, y a otros nueve ex funcionarios de la dependencia por haber participado y/o permitido que se realizaran ``agresiones físicas y mentales'' a los detenidos sujetos a investigación por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

La Secodam informó lo anterior luego de dictar resolución al procedimiento administrativo 508/95 y determinar la inhabilitación por 30 años para desempeñar un cargo público. En el caso de Stergios, la sanción por este asunto es de 20 años, pero se suma a una emitida por la misma dependencia el año pasado por 10 años por uso indebido del servicio público y abuso de autoridad.

La dependenscia indicó en un comunicado que Stergios Gómez ordenó a elementos de la Policía Judicial Federal que agredieran ``física y mentalmente'' a Daniel Aguilar Treviño, Jorge Rodríguez González, María Eugenia Ramírez Aráuz, Jesús Sánchez, Irving Anthony Borrego Cirerol, María Dolores Robles Lara, José Martín y Roberto Angel Ramírez Aráuz.

Según la Secodam, fueron debidamente acreditados los delitos contra la administración de justicia, intimidación, encubrimiento, ``principalmente con las declaraciones ministeriales de los detenidos''. Además, el ex visitador general de la PGR -actualmente prófugo de la justicia federal por los delitos de abuso de autoridad, uso indebido de funciones y tortura- ``no compareció al desahogo de la audiencia de ley, no obstante haber sido legalmente notificado para ello''.

También fueron sancionados Arturo Cecilio Deloya Fonseca, ex jefe de la Unidad Fiscal Especializada; Víctor Manuel Patiño Esquivel, ex director de área; Francisco Javier Herrera Gónzalez y Alejandro Sánchez Torres, ex agentes del Ministerio Público federal; Humberto Torices Morales, Alejandro Pizarro Moreno, Dana María Samaniego Montes, Bertha Romero Corona y Flora Angélica Holguín Pérez, ex agentes judiciales federles. Todos ellos, junto con Carrera Fuentes, fueron inhabilitados por cinco años para desempeñar un cargo público ``al demostrarse igualmente su responsabilidad administrativa con las constancias de las averiguaciones previas citadas'', de las que se desprenden imputaciones directas formuladas por los agraviados.

Además, explicó la dependencia, durante la audiencia de ley ninguno de los sancionados aportó pruebas suficientes para desvirtuar su responsabilidad en los hechos.

En los casos de Deloya Fonseca, Patiño Esquivel y Herrera González, se les atribuye que, durante las investigaciones sobre el homicidio de Ruiz Massieu, ejercieron violencia mental y física ``algunos casos'', contra los detenidos, con el fin de que firmaran declaraciones que no fueron expresadas libremente por ellos, sino redactadas previamente, y no impidieron la consumación de los delitos que sabían que se estaban cometiendo.

Adrián Carrera Fuentes y los ex agentes Torices Morales y Pizarro Moreno fueron sancionados por agredir física y mentalmente a los detenidos, causándoles lesiones, para que firmaran supuestas declaraciones, además de que permitieron que se cometieran arbitrariedades por los demás ex servidores públicos.

En cuanto a las ex agentes Samaniego Montes, Romero Corona y Holguín Pérez, se les sancionó con destitución del cargo que desempeñaban en la PGR, porque se acreditó que estando los detenidos bajo su custodia no les dieron un trato adecuado ni respetaron sus garantías individuales, participando en las agresiones a los mismos.

Por otra parte, a Joaquín Jesús Pérez Serrano, ex director general de la visitaduría; Carlos Jaime Pratt Straffon, y Fausto Destenave Kuri, ex delegados estatales, se les consideró sin responsabilidad administrativa en los hechos que se les atribuyeron, que consistían en haber ejercicio violencia mental y física contra las mismas personas. La dependencia precisa que la Contraloría Interna de la PGR concluyó que no existieron otros elementos de prueba y convicción que acreditaran dicha responsabilidad administrativa.