La detención ilegal, el secuestro y la violación tumultuaria de tres jóvenes, de apenas 13, 15 y 18 años, respectivamente, por integrantes de la Policía Montada adscritos a la delegación Tláhuac, son hechos repugnantes e intolerables que agravian y avergüenzan a toda la sociedad y demuestran, una vez más, la profunda descomposición y el completo descontrol que imperan en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF.

Debe señalarse que no se trata de actos circunstanciales perpetrados por delincuentes solitarios, ni por criminales infiltrados de manera sigilosa en las instituciones de seguridad pública de la capital del país. Se trata de atrocidades cometidas con extrema crueldad y perversidad, dentro de los propios cuarteles policiacos, por un grupo organizado: las tres muchachas fueron conducidas mediante la intimidación y la violencia, en un camión de la SSP, hasta las instalaciones de la Policía Montada, donde se les sometió brutalmente a abusos sexuales durante cuatro días, sin que ningún mando -ya sea por negligencia o complicidad- interviniera con oportunidad para evitar que esos ultrajes se cometieran.

Ciertamente, la detención de esos delincuentes -a los que debe castigarse con todo el rigor de la ley- se realizó de manera ágil, y las investigaciones en torno a esos graves delitos se han ampliado a todos los integrantes del agrupamiento al que pertenecían los agentes involucrados. Pero no debe olvidarse que prácticas tan repulsivas e infames como el secuestro y la violación tumultuaria de niñas indefensas se inscriben en un contexto de corrupción, impunidad y descontrol al interior de las corporaciones policiacas, el cual no puede ser tolerado. ¿Cómo fue posible que sujetos socialmente destructivos, con conductas tan desviadas y una evidente inclinación al crimen como los agentes que perpetraron esos delitos hayan sido contratados por la SSP? ¿Cuántos agravios deberá padecer la sociedad antes de que se emprenda una depuración a fondo del personal de todas las instancias de seguridad pública y procuración de justicia de la metrópoli?

Combatir la corrupción y abatir la delincuencia y la inseguridad es uno de los compromisos más importantes del gobierno de Cárdenas, y se actúa en consecuencia. La ciudadanía, en buena medida, votó mayoritariamente el 6 de julio de 1997 por un nuevo gobierno capaz de limpiar las instituciones policiacas y judiciales de la capital del país, erradicar la impunidad y controlar a la delincuencia. Aunque no debe perderse de vista que la aguda descomposición que se registra en el aparato policiaco del DF es una de las herencias perniciosas del periodo de la regencia.

Es obligación de las autoridades de la ciudad atender y respaldar incondicionalmente a las víctimas de éstos y de otros delitos; emprender una revisión inmediata de la forma como se han conducido las labores de supervisión y depuración de las policías; acelerar al máximo y sin concesiones la destitución y el castigo, conforme a derecho, de todos los servidores públicos implicados en prácticas delictivas, y designar al frente de las tareas de seguridad pública a individuos con la capacidad y la decisión necesarias para enfrentar a fondo un problema de proporciones mayúsculas, como es la infiltración de criminales en las corporaciones policiacas de la ciudad de México.