La Jornada 26 de julio de 1998

La reacción contrasta con la de autoridades en Chihuahua, Chiapas y Durango, expresa

Ricardo Olayo Ť Un grupo de nueve funcionarias del gobierno de la ciudad, encabezadas por la secretaria general, Rosario Robles, hicieron ayer pública su indignación por las violaciones cometidas por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública contra tres jóvenes en la delegación Tláhuac. Pidieron un castigo ejemplar y ofrecieron su compromiso político de evitar cualquier tipo de protección e impunidad para quienes resulten responsables de estos gravísimos delitos.

Robles dijo en conferencia de prensa que ningún otro gobierno había asumido desde el más alto nivel la exigencia de castigo. Este hecho inédito contrasta con la actitud de las autoridades en los casos de indígenas chiapanecas violadas, de las más de 100 jóvenes agredidas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; o de Yéssica Díaz, en Durango.

Hizo un llamado a las mujeres a denunciar las agresiones que sufren, sobre todo si provienen de servidores públicos, y a la sociedad le pidió avanzar en la eliminación de la violencia hacia el sexo femenino.

El gobierno del DF nombró a la coordinadora del Programa de Particiación de la Mujer (Promujer), Patricia Olamendi, para apoyar a las tres jóvenes afectadas durante todo el proceso penal, y colaborar en la asesoría jurídica, médica y psicológica.

Al mediodía, en las oficinas de gobierno del DF, la secretaria general, Rosario Robles, leyó un comunicado acompañada por otras ocho funcionarias, en el que indica que se mantendrán atentas al caso para que se cumpla la ley.

La conferencia de prensa se produce a dos días que se haya hecha pública la agresión sufrida por tres jóvenes por parte de integrantes del destacamento número 18 de la Policía Montada que la SSP asigna a la delegación Tláhuac. ``Como mujeres, como servidoras públicas, como madres y como participantes de años atrás en la lucha por el respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, nos indignan los sucesos'', y la indignación es mayor porque provienen de quienes deberían estar encargados de la seguridad de todos los ciudadanos ``y que al parecer todavía no entienden que los tiempos de la impunidad y la protección ilícita ya terminaron'', dijo Robles.

Explicó que las funcionarias participan en el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas porque está comprometida con la causa de las mujeres y, congruente con ello, el jefe de gobierno a 24 horas de conocerse los hechos, indicó que no habrá encubrimiento ni impunidad.

Luego Robles convocó a las organizaciones sociales a participar junto al gobierno en campañas que permitan a las mujeres agredidas romper el silencio y denunciar todo tipo de acoso. Pidió confianza en que desde las posiciones de gobierno ``habrá apoyo y respaldo necesarios''.

Es prioridad recobrar la seguridad pública en la ciudad, es un reclamo ético de los ciudadanos al que se tiene que responder, dijo durante la lectura del comunicado.

Se rompió el círculo

En el encuentro con los medios de comunicación estuvieron presentes, además de Rosario Robles y Patricia Olamendi, la secretaria de Educación, Salud y Desarrollo Social, Clara Jusidman; la directora del DIF-DF, Isabel Molina, y las siguientes delegadas políticas: Tláhuac, Graciela Rojas; de Iztacalaco, Diana Bernal; de Cuajimalpa, Jenny Saltiel; de Alvaro Obregón, Guadalupe Rivera, y de Xochimilco, Estefanía Chávez.

Al responder a las interrogantes de los reporteros, la secretaria de Gobierno dijo: hay un elemento más, muy importante que debe reconocer la sociedad, ``quienes rescataron a estas jóvenes, quienes incluso atraparon a los elementos inculpados fueron también policías'', y con ello se rompió el círculo de la impunidad.

Mientras las investigaciones siguen su curso, ``seremos como los defensores de oficio de las tres chicas'', porque hay la garantía de que la experiencia de Olamendi ayudará a que se haga justicia, dijo de la coordinadora de Promujer.

Agresiones como la ocurrida en Tláhuac no es la primera vez que ocurren, pero la diferencia es que no se permite la impunidad, aunque en otros casos no se tiene a uno solo de los responsables.

Clara Jusidman dijo que se debe ``sensibilizar'' a los servidores públicos en su trato con las mujeres, en especial a los policías. Los esfuerzos se realizan en todos los grupos vulnerables, incluidos los niños de la calle, los discapacitados y otros. La funcionaria dijo que a través del servicio Locatel se reciben reportes de la ciudadanía y que este año se abrirán ocho centros de atención integral a la mujer, de los 16 que debe haber en igual número de delegaciones.