Antier, el mayor Thomas Gillen y la sargento Elizabeth Krug, militares estadunidenses asignados a la embajada de Washington en nuestro país, fueron retenidos durante varias horas por paramilitares priístas de la comunidad chiapaneca de Los Plátanos. El suceso ha ameritado declaraciones del Pentágono, del Departamento de Estado y de la representación diplomática del país vecino, así como reacciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración (INM), y ha colocado ante la opinión pública diversas inconsistencias, ambigüedades y puntos oscuros en la información oficial.

Por principio de cuentas, el vocero del Pentágono que se refirió a la detención de los diplomáticos la atribuyó a ``un grupo paramilitar organizado por el PRI'', es decir, una organización de esas que, según las secretarías de Gobernación y de Defensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, no existen. Así, el Departamento de Defensa de Estados Unidos --que ciertamente sabe de lo que habla, porque a lo largo de su historia ha organizado, armado, financiado y entrenado a centenares de bandas paramilitares en diversas latitudes-- confirma la presencia y la actuación, en Chiapas, de estas fuerzas irregulares de contrainsurgencia.

En otro sentido, las versiones oficiales sobre el episodio resultan por demás insatisfactorias y oscuras, y colocan a la sociedad ante preguntas ineludibles: ¿Qué hacían los militares estadunidenses en la zona de conflicto? ¿Por qué fueron retenidos por los paramilitares de Los Plátanos? ¿Qué llevaban los diplomáticos extranjeros en las multicitadas ``cajas'' que no quisieron someter a revisión? ¿Cómo ocurrió su liberación?

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que los militares extranjeros debieron pasar por diversos retenes militares para llegar hasta Los Plátanos, localidad en la que, por añadidura, existe desde abril pasado un destacamento de la policía estatal, resulta poco verosímil la aseveración de Alejandro Carrillo Castro, comisionado del INM, en el sentido de que las autoridades federales ignoraban la presencia de Gillen y Krug en la zona de conflicto en Chiapas. En un entorno en el que los menores movimientos de extranjeros son monitoreados y controlados por efectivos de la Procuraduría General de la República, del propio INM, de los cuerpos de seguridad locales y del Ejército, parece imposible que el vehículo de los militares estadunidenses haya pasado inadvertido al gobierno.

Por otra parte, no puede soslayarse el contraste de las actitudes gubernamentales ante los representantes militares de Estados Unidos, por una parte, y los ciudadanos de ese país que vienen al nuestro a construir escuelas para las comunidades indígenas chiapanecas, como Peter Brown, expulsado de México el fin de semana pasado por la Secretaría de Gobernación, o los observadores extranjeros que acuden a la zona de conflicto. De la observación de tales actitudes podría pensarse que el poder público opera con criterios variables de la soberanía nacional y que los aplica, con discrecionalidad y a conveniencia, en función de sus necesidades políticas coyunturales.

Finalmente, salta a la vista la necesidad de que las autoridades nacionales ofrezcan una explicación satisfactoria a las dudas y las inconsistencias que el episodio de Los Plátanos ha sacado a la luz pública.