EU: paramilitares, los que retuvieron a dos oficiales del Pentágono

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 28 de julio Ť El gobierno de Estados Unidos justificó hoy la presencia de sus oficiales militares en Chiapas, ya que los acontecimientos en ese estado se siguen con mucha atención porque es uno de los asuntos que tienen ``implicaciones importantes para nuestras relaciones bilaterales''.

Los funcionarios militares de la embajada de Estados Unidos en México, mayor Thomas Gillen y la sargento de primera clase, Elizabeth Krug, fueron detenidos durante cuatro horas y media por ``pobladores afiliados con un grupo paramilitar organizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)'' en Chiapas, indicó un vocero del Pentágono.

Los indígenas de filiación priísta, agregó, insistieron en revisar el vehículo de los oficiales, y después de varias horas fueron liberados.

Al responder a preguntas sobre lo ocurrido en la comunidad Los Plátanos, el domingo pasado, el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin, insistió en que los funcionarios de su embajada sólo realizaban tareas ``normales'' de recaudación de informes.

``Es perfectamente normal --sostuvo-- que funcionarios de la embajada u oficiales de relaciones militares, que forman parte de la legación, viajen por el país sobre el cual reportan a sus superiores en Washington''.

En otro momento, durante la conferencia de prensa diaria, Rubin señaló que los diplomáticos, como parte de sus tareas ``regulares y normales'' visitan todas partes del país, ``especialmente lugares en donde haya problemas''.

Agregó que ``cualquier sugerencia de que tenemos asesores militares haciendo cualquier otra cosa más allá de sus tareas, es incorrecta''.

Pero indicó:

``Seguimos muy de cerca los acontecimientos en Chiapas, como uno de varios asuntos que tienen una implicación importante para nuestras relaciones bilaterales''. Sin embargo, indicó, la serie de ``complejos'' conflictos en ese estado ``son un asunto fundamentalmente interno mexicano, cuya solución tendrá que llevarse a cabo por los propios mexicanos. Estamos interesados en lo que ocurre en México. Hemos expresado nuestra preocupación sobre la situación en Chiapas'', comentó Rubin.

Asimismo, destacó que la secretaria de Estado, Madeleine Albright, ha dejado en claro en numerosas ocasiones que ``apoyamos una solución negociada pacíficamente aceptable a todas las partes en la disputa, y nos oponemos a cualquier uso de la violencia''.

No es la primera vez que se realiza este tipo de visitas

La oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos ha enviado periódicamente a sus representantes a giras por el estado de Chiapas, inclusive desde antes de que comenzara el conflicto con los zapatistas en 1994.

Funcionarios estadunidenses no pudieron ofrecer información sobre el número de visitas realizadas durante 1998, pero anteriormente una vocera de la embajada de Estados Unidos en México dijo que en 1997 hubo tres visitas de personal de la oficina del agregado militar a ese estado. Todas esas visitas fueron por un periodo de cinco días o menos, y siempre con equipos de dos personas.

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 28 de julio Ť El Congreso de Estados Unidos está intensificando su enfoque sobre las políticas mexicanas en Chiapas, y varios funcionarios aquí advirtieron que las expulsiones de ciudadanos estadunidenses están imprimiendo más presión a los políticos para manifestar sus críticas al gobierno de Ernesto Zedillo.

``El gobierno mexicano tiene que entender que estas presiones son reales'', explicó una fuente legislativa. Incluso, agregó, legisladores que tradicionalmente defienden a México en los debates sobre drogas e inmigración, son críticos cuando los temas son percibidos como asuntos de derechos humanos. Nombró a los representantes Silvestre Reyes y Xavier Becerra, y al senador Christopher Dodd.

Varios funcionarios señalaron que cada estadunidense al que se le niega visa o es expulsado de México, es un elector de un representante y de dos senadores. La Jornada se ha enterado de varios casos en los que personas a las que autoridades mexicanas les han negado visa, han convencido a sus legisladores para intervenir ante el gobierno mexicano o han solicitado que el Departamento de Estado ``investigue'' la decisión.

En por lo menos un caso, el ahora ex embajador de Estados Unidos en la ONU, y próximo secretario de Energía, Bill Richardson, se involucró en una expulsión reciente. Es precisamente este nivel de atención a Chiapas lo que está generando parte del debate, tanto dentro del Congreso como en el gobierno de Bill Clinton, explicó un funcionario.

Nutre esta presión la constante cobertura de Chiapas en periódicos y revistas estadunidenses. Por ejemplo, la revista US News & World Report publicó esta semana un reportaje titulado ``El speedy González vive'', que informa sobre el regreso del subcomandante Marcos al panorama político y detalla las crecientes tensiones en Chiapas. ``El gobierno ha pedido negociaciones, pero su estrategia en el terreno se ve más como un sitio'', escribió la corresponsal Linda Robinson, quien señala que más de mil indígenas han sido asesinados y 14 mil más están desplazados.

El resultado de la ampliación de la cobertura de los medios y la atención de algunos políticos aquí, se manifiestan en la audiencia legislativa convocada para este miércoles por el Comité de Relaciones Internacionales de la cámara, llamada ``Resolución de conflictos: Chiapas, México y la búsqueda por la paz''. Ese acto, que incluirá testimonios del analista mexicano Carlos Tello Díaz, el académico y especialista militar Roderic Ai Camp y el investigador Joel Solomon, de Human Rights Watch, ha provocado preocupación entre algunos funcionarios estadunidenses que temen alimentará una percepción de intervencionismo estadunidense en México. La Jornada se ha enterado que el nuevo embajador de Estados Unidos llamó a varios asesores legislativos para advertirles sobre la percepción de la audiencia en México. También esta semana, los senadores Christopher Dodd y Patrick Leahy esperan presentar una resolución para pedir que Estados Unidos inste al gobierno mexicano a que reduzca su presencia militar en Chiapas y asegurar que equipo militar estadunidense otorgado a México ``no contribuya a violaciones de derechos humanos''.

Pero varias fuentes legislativas dicen que sería una equivocación observar estos esfuerzos como dirigidos exclusivamente al gobierno de México. ``Están dirigidos a dos lugares: a México, pero también a la administración (Clinton)'', explicó una fuente. Señaló que el gobierno estadunidense está ``dividido'' sobre cómo abordar los derechos humanos con México y Chiapas. Desde su punto de vista, algunos funcionarios del gobierno de Clinton opinan que toda crítica pública de México es contraproducente y sólo fortalece las corrientes nacionalistas, mientras que otros dentro del mismo gobierno creen que tienen una responsabilidad de presentar sus preocupaciones sobre asuntos de derechos humanos en donde se perciben.

Esta fuente dijo que los esfuerzos legislativos están diseñados para presionar al gobierno de Clinton a tomar una posición más firme contra las expulsiones de extranjeros y las violaciones de los derechos humanos en México.

Así, la retórica desde Washington es algo esquizofrénica: de pronto, declaraciones sobre Chiapas que parecen ser más severas, son seguidas con afirmaciones de que ese conflicto es un asunto interno mexicano, y poco después de nuevo hay un brote de comentarios que hablan de ``instar, presionar, promover y hasta denunciar'' las políticas seguidas en el conflicto chiapaneco.