Formal prisión, sin derecho a fianza, para ocho de los 15 acusados

Humberto Ortiz Moreno Ť Declarados formalmente presos por el juez 47 penal, sin derecho a libertad provisional, ocho de los 15 policías acusados de privación ilegal de la libertad calificada, abuso sexual agravado y violación agravada contra dos jovencitas menores de edad y una mayor de 18 años, fueron ayer llamados y notificados no sólo por su nombre, sino también por los apodos que las mujeres mencionan en sus declaraciones.

Arturo Camacho Hernández, El Caníbal; Heriberto Ibáñez Barrera, El Chile; Rogelio Díaz Ramírez, El Cocoazul o El Trevi; Gerardo Banderas Cervantes, El Chulito; Alberto Castro Martínez, El Mascafierros; Juan Eustacio Ruiz Ramos, Everardo López Zamora, El Cabo, y Roberto Ortega Parrales, El Jardines, son sus agresores. Así se conocen entre ellos los integrantes del destacamento 18 del Agrupamiento a Caballo que protegía la seguridad del poblado de Santa Catarina, en Tláhuac.

Y así les citaron para dictarles el auto de formal prisión en la rejilla de prácticas, informándoles que tienen tres días para apelar el fallo, y siete para presentar pruebas en su descargo. Serán sometidos también al riguroso estudio de personalidad.

En el curso de una larga espera de más de seis horas en el reclusorio preventivo Norte para que el juez en funciones, Miguel Ramírez Sandoval, notificara su decisión a los acusados, familiares de los uniformados procesados hicieron guardia y, al menos en voz baja, en orden, manifestaron su desacuerdo con tales imputaciones, pidieron que las tres jóvenes estuvieran presentes en el lugar e, incluso, aconsejadas por los abogados defensores, deslizaron la posibilidad de que este caso tenga que ver con un asunto de prostitución de menores.

Las tres agraviadas, incluso, fueron vistas por la mañana en el juzgado y, al ver las cámaras y a los reporteros, corrieron para evadir contacto con medios de comunicación. Versiones no confirmadas señalan que pese a la gravedad del caso, al parecer sólo un familiar de alguna de las menores habría asistido.

Y es que el litigante Alejandro González Flandes -quien hasta ayer defendió a Everardo López Zamora, jefe del destacamento hoy desmantelado, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública abrió una investigación para comprobar que las tres jóvenes forman parte de grupos de mujeres denominadas las Choclayas, que prestan sus servicios domésticos e íntimos a la tropa en los diversos cuarteles de la SSP.

Esta sería, dice, una parte importante de las pruebas que serán presentadas en descargo de los uniformados presos y posteriormente desahogadas en la audiencia del próximo 31 de agosto.

Explicó que los policías, en su declaración ministerial ratificada ante el juzgado, afirman no haber visto a las muchachas, y luego han revelado que sí las vieron algunos cuando las subieron al camión y otros ya en el cuartel.

González Flandes aseguró haber visto en la PGJDF a las tres jóvenes mientras identificaban a sus presuntos agresores, y denunció que este trámite fue ilegal porque la hicieron las muchachas simultáneamente sobre fotos, con uso de la palabra, cuando regularmente se hace por separado, además de que no permitieron la presencia de los abogados.