La decisión del EZLN de realizar una consulta nacional acerca del proyecto de la Comisión de Concordia y Pacificación obliga a reflexionar sobre sus objetivos, el contexto jurídico-político y su contenido. Esta constituye la reafirmación tanto del compromiso con los pueblos indígenas en la lucha por su reconocimiento constitucional como de la opción por el diálogo como medio para la resolución del conflicto.

El accidentado destino de los acuerdos de San Andrés ha sido marcado por el rechazo oficial al proyecto elaborado por la Cocopa bajo reglas pactadas por las partes y luego desconocidas por el gobierno federal. Esta divergencia se consolidó con la presentación de la iniciativa presidencial que afirma expresar sobradamente dichos acuerdos cuando los afecta en aspectos básicos, como el relativo al sujeto de derechos y al acceso, uso y disfrute de recursos naturales.

La consulta que se pretende realizar tiene sentido ante la ausencia de consenso en el Senado para procesar un tema tan complejo como el relativo al derecho indígena, con ingredientes adicionales como los que introdujo la iniciativa del PAN.

Las reacciones gubernamentales ante la consulta del zapatismo poco contribuyen a tender puentes. El triunfalista discurso oficial arguye que la iniciativa del Ejecutivo, además de cumplir los acuerdos firmados, responde a la consulta nacional realizada a finales de 1995 y principios de 1996. Tal afirmación no resiste un análisis riguroso. Por ejemplo, con señalar el número de reuniones realizadas, como se está haciendo al más alto nivel, no se explica por qué si esa consulta hoy tan interesadamente reivindicada tuvo como demanda generalizada la petición de que se abrogue la reforma salinista al 27 constitucional, la iniciativa que dice expresarla no incluyó tal propuesta.

Tampoco ayudan las referencias de articulistas y políticos en el sentido de que la consulta que realizó el zapatismo en 1995 le mandató dejar la vía armada y éste no ha cumplido. Recordemos que la postura gubernamental fue la responsable de boicotear tal proceso. Al rechazar la propuesta de la Cocopa se imposibilitó el acuerdo de que tras su aprobación se transitaría por una vía rápida en el diálogo.

Por otra parte, se ha dicho que la consulta zapatista vulnera facultades exclusivas del Congreso de la Unión, sin considerar que el proyecto de la Cocopa no es iniciativa sujeta a su dictamen y que, por lo demás, no existe disposición que prohiba a nadie consultar las que sí lo son. Aclaremos: en el caso de la consulta propuesta se trata de una iniciativa que como tal no tendría efectos vinculatorios para el Congreso de la Unión, porque aún carecemos de la iniciativa popular que daría validación jurídica a propuestas ciudadanas frente al Congreso. Sin embargo, el que los resultados de la consulta no sean jurídicamente vinculatorios no exime que lo sean políticamente.

Sería por tanto deseable que el Congreso pactara con el EZLN, a través de la Cocopa, el acompañamiento de la consulta y el compromiso de no dictaminar las iniciativas que se han presentado formalmente para dar oportunidad de considerar sus resultados. Un acuerdo así no afecta su facultad de modificar cualquier iniciativa.

Si se allana el camino de los vericuetos jurídicos y políticos de la consulta nacional zapatista, queda por resolver un dilema aún más complejo: ¿cuál debe ser el contenido y la forma de una consulta sobre una materia que ha sido ajena a amplios sectores de la sociedad?, ¿cómo superar la tentación de realizar una consulta tan genérica que sea previsible convertirla en un referéndum más sobre la falta de credibilidad respecto del gobierno en la mayoría de los asuntos que se consulten?

A partir de 1994 el tema indígena ha estado presente en la agenda nacional como nunca antes, y si bien ha suscitado apoyos y despertares de conciencias, éstos coexisten con fobias y rechazos pacientemente cultivados por una ideología excluyente de la pluriculturalidad, ¿cómo procesar una consulta a la sociedad toda, indígena y no indígena, que plantee adecuadamente la lógica del respeto a los pueblos indígenas para enfrentar el racismo y la discriminación? Así pues, el contenido de la consulta sobre el proyecto de la Cocopa debe encontrar una salida que concilie seriedad y realismo. Para ello, deberíamos ser capaces de proponer al zapatismo un modelo de consulta razonada donde sus preguntas sean precedidas de una especie de ``exposición de motivos'' sobre el contenido y las implicaciones de los temas centrales del proyecto de la Cocopa de manera que sin prejuiciar se oriente e informe.

Una consulta nacional cuyos resultados sean ponderados en la definición del Congreso de la Unión para cumplir lo acordado en San Andrés puede constituirse en una nueva oportunidad para que el zapatismo transite el camino de la política y se aleje del asedio de las armas.