El hampa policiaca ya es ``intolerable'': Del Villar

Humberto Ortiz Moreno Ť Prioridad absoluta para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es perseguir y sancionar a la delincuencia interna que ya es ``intolerable'' en la institución, estableció su titular, Samuel del Villar.

Aseguró que el objetivo central es cumplir con la responsabilidad social de ejercer acción penal contra los criminales fuera y dentro de la PGJDF.

Pese a todo, defendió a la Policía Judicial del Distrito Federal porque, aseguró, ``sí tiene remedio'', y en este marco anunció la puesta en marcha del Programa de Moralización, Regularización y Profesionalización de los Servicios del Ministerio Público y sus Auxiliares Directos: Policía Judicial y periciales de la Procuraduría capitalina, al que todo el personal tiene derecho a acceder, cuya meta es acabar con el régimen de discrecionalidad que prevaleció en su seno, dar seguridad jurídica a la estructura institucional y corregir de raíz deficiencias que han facilitado el comportamiento indebido de funcionarios.

Sin embargo, el doctor Del Villar advirtió que quienes no aprueben los exámenes de acceso para ingresar a los cursos dentro del Instituto de Formación Profesional, no serán promovidos, tampoco mejoradas sus condiciones de trabajo y en el peor de los casos serán cesados.

En conferencia, el procurador capitalino refutó la pregunta sobre si este programa -suspendido al inicio de la gestión perredista por la drástica reducción presupuestal en la PGJDF- podría constituir una moda de la administración actual en la capital, y afirmó que ``no es retórico'', sino que contiene todos los elementos para que permee las bases de la institución.

``Aspiramos a que pueda dejar huella'' para que la Procuraduría cumpla con su competencia de ser garante del orden en la ciudad, remarcó.

Los 8 mil servidores públicos de la PGJDF, según explicó Del Villar, deberán regularizarse en un periodo de 32 semanas hábiles, con base en cursos-evaluación intensivos semanales para 300 funcionarios en el IFP.

Quien reúna los requisitos establecidos por la ley para permanecer en la institución y no apruebe el examen del curso, tendrá derecho a volver a tomarlo y vuelto a ser examinado.

Las pruebas aplicadas a los servidores públicos estarán sujetas a un procedimiento por el cual no podrá conocerse su nombre ni el de los que las apliquen. Al mismo tiempo, habrá un proceso de integración, evaluación y regularización de antecedentes de los 8 mil funcionarios.

Y para quienes hayan mentido en la declaración patrimonial y de antecedentes penales, bajo protesta de decir verdad, la PGJDF los responsabilizará por el incumplimiento de sus obligaciones.