Estuvo bien que Kofi Annan conversara con Ernesto Zedillo sobre Chiapas y que recomendara la vía del diálogo honesto y sincero para dar solución pacífica al conflicto.

Coincidió la visita del secretario general de la ONU al Presidente de la República, con el anuncio que hicieran más de 600 organizaciones civiles de constituir el próximo agosto la Asamblea Nacional por la Paz. Si el silencio de Marcos no era sinónimo de parálisis, tampoco la sociedad organizada se la pasó tomando el sol.

Creo que todos los mexicanos conscientes de lo que significa la solución al conflicto que viven las comunidades indígenas con el régimen tenemos la obligación de apoyar cualquier iniciativa que permita abrir las puertas a la paz justa y digna en Chiapas y fuera de Chiapas. Pero también la de no ser olvidadizos o ilusos a fin de poder exigir aquello en lo que el gobierno zedillista ha sido omiso. Si el EZLN hubiera asumido la misma conducta, es obvio que la exigencia sería también para él.

¿Cuáles tendrían que ser las bases para el nuevo diálogo (por supuesto honesto y sincero) entre el EZLN, el gobierno y nosotros? Digo nosotros, porque el resto de quienes no somos partes beligerantes nos vemos, querámoslo o no, involucrados, y el desenlace del conflicto nos incumbe en la medida que nos afectaría, de no responder a los valores humanos y sociales que se reconocen en la causa de los rebeldes, como ahora nos afecta el hecho de que el gobierno no se haga cargo de tal reconocimiento. Apunto las que me parecen indispensables:

1. Información gubernamental completa y transparente. Esa misma información ``útil, exhaustiva y completa'', que fue la que entregó el gobierno zedillista al secretario general de la ONU, según las palabras de éste, y a la cual el pueblo de México no ha tenido acceso. Si sus características son ésas, tal información debe contener aspectos que hasta ahora el Ejecutivo federal no nos ha dado a conocer: a) qué razones tuvo para no cumplir con los acuerdos de Larráinzar; b) qué cláusulas, en todo caso, lo llevaron a desentenderse --unilateralmente-- de los acuerdos firmados; c) qué objetivos ha perseguido con el desplazamiento de la mediación civil representada por la Conai y de la mediación oficial representada por la Cocopa; d) qué buscó con la emisión caprichosa de una ley inspirada en el indigenismo fracasado de antes y cuya deslegitimación ab ovo era un hecho; e) cuál es la lógica de llamar a un diálogo directo y ofrecer una solución pacífica mientras aumenta desmesuradamente la presencia del Ejército en Chiapas; f) cuál la explicación de llamar al EZLN el principal grupo paramilitar en la región, cuando éste no ha atacado al Ejército y menos a la población inerme que ha sido víctima de verdaderos grupos paramilitares fascistas, activos y hasta hoy impunes.

2. Propuesta de entendimiento de parte del gobierno. Es absurdo que el Ejecutivo federal convoque a un nuevo diálogo sin argumentar el porqué desechó los resultados del anterior y sin hacer una propuesta concreta de los acuerdos que ofrece someter a discusión. Si el gobierno fue el que se retractó, el gobierno es el que debe reproponer.

3. Garantías de que lo que se acuerde, si llega a acordarse, sea cumplido por las partes comprometidas. Esta sería la cara más delicada de la propuesta gubernamental. Habiendo sido omiso el gobierno en el cumplimiento de sus compromisos (y no existiendo mecanismos para obligarlo a ello), tendría que decirnos qué garantías ofrece de que los acuerdos, si los hay, serán respetados por él mismo y qué bases comunes propone para que su cumplimiento sea mutuo.

4. Seguridades de una amplia representación. El diálogo, por directo que fuese, no tendría viabilidad alguna si a él sólo concurrieran el poder Ejecutivo y la dirigencia del EZLN. En el diálogo, nosotros, el pueblo, tendríamos que estar presentes a través de dos instancias: la parlamentaria y la civil. La razón es comprensible. El poder Ejecutivo ha perdido legitimidad (la legitimidad se gana todos los días y no sólo el día de la elección); el Legislativo, aunque bisoño y contradictorio, es el único órgano de gobierno que puede contribuir en México a la construcción de la democracia. Por otra parte, la sociedad civil organizada ha dado suficientes muestras de madurez y participación como para no considerarla un actor necesario en el diálogo y garante, en buena medida, de que los acuerdos pactados se cumplieran. El acompañamiento internacional pudiera no salir sobrando, pero no dejaría, también, de exhibir la incapacidad de los mexicanos para resolver nuestros problemas internos.