La Jornada 29 de julio de 1998

SHCP: sobre Fobaproa, ninguna información

César Martínez Ť El gobierno definió finalmente ayer su posición respecto al reclamo de los partidos opositores para conocer los detalles de los créditos en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), a través del vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Marco Provencio, quien informó que no divulgarán dicha información porque sería violar el secreto bancario.

En las negociaciones del gobierno con la oposición sobre este tema, conducidas ahora por la Secretaría de Gobernación, se planeó una reunión para mañana viernes con su titular, Francisco Labastida, y los coordinadores parlamentarios de cada partido, y se especuló con la posibilidad que los datos solicitados sean entregados finalmente a los legisladores, ya que en el acuerdo firmado por las partes días atrás, y refrendado el pasado lunes, aquella dependencia comprometió su disposición para dar la información.

Sin embargo, ayer, el vocero de Hacienda hizo precisiones que cambian la situación. Aclaró que el Fobaproa no es legalmente dueño de los créditos rescatados de las instituciones financieras, y es en cambio ``tenedor de los flujos que esos adeudos generen en caso de pago'', y los propietarios de los activos son aún los bancos.

Recordó que la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 117 establece que los bancos en ningún caso podrán divulgar información sobre sus operaciones, excepto a sus titulares, al Poder Judicial si corresponde, o a las autoridades hacendarias para fines fiscales.

Por lo tanto, reiteró que las autoridades no pueden proporcionar los datos reclamados por los legisladores porque violarían ese artículo, conocido como el secreto bancario. ``Si esa ley no es del agrado de los legisladores, está en el uso de sus potestades cambiarla, pero no está en el uso de sus facultades violarla'', añadió.

Respecto a la posibilidad de que la divulgación de los nombres y los detalles de los créditos sean considerados de interés público, en cuyo caso sí deberían proporcionarla, aseguró que no es potestad de Hacienda o del Poder Ejecutivo ni del Legislativo interpretar si pueden clasificarse así, sino de las autoridades judiciales.

Aseguró que no hay contradicción entre las secretarías de Gobernación y Hacienda, ni un doble discurso, porque el acuerdo alcanzado entre Labastida y los coordinadores parlamentarios establece que se dará información, pero también aclara que será respetando el marco legal vigente, y en este caso sería violatorio del mismo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha advertido que si para el próximo martes 4 de agosto no se entrega la información sobre los empresarios y funcionarios públicos implicados en ilícitos cometidos con el Fobaproa, ellos mismos difundirán esa lista.

En la conferencia de prensa, junto a Provencio había 40 voluminosas carpetas en el escritorio, puestas allí sólo para señalar que contenían 8 mil páginas con información ya entregada a los legisladores sobre el Fobaproa.

Según el vocero, esa pila de hojas era prueba de lo infundado de las denuncias hechas por los legisladores opositores sobre una supuesta falta de comunicación oficial en el tema. El gobierno siempre estará abierto a la negociación, en cuya mesa ``no hay asientos retirados'', dijo Provencio en alusión al PRD.

Sin embargo, acotó que sólo se continuará el diálogo con quienes tengan ánimo constructivo, y los que no lo tengan ``es preferible que no estén''. Las declaraciones del funcionario no parecían dar la categoría de constructivo al PRD, ya que lo acusaron de manipulador y falseador de las posturas del gobierno en la preparación de la consulta popular que hará sobre el Fobaproa.