El miércoles pasado el Tribunal Supremo de España, por siete votos contra cuatro, condenó a penas que van de dos a diez años de prisión a altos ex funcionarios del gobierno de Felipe González acusados de autoría intelectual o complicidad en el secuestro de un ciudadano vasco-francés, ilícito que se cometió en el marco de la guerra sucia organizada desde los sótanos del poder público español en contra de la organización separatista ETA. Entre los sentenciados se encuentran José Barrionuevo, ex ministro del Interior; Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Julián Sancristóbal, ex gobernador de Vizcaya.

La importancia del hecho rebasa las fronteras españolas y se convierte en un precedente de relevancia internacional para la lucha por los derechos humanos, el combate contra la impunidad y la erradicación de las muchas guerras sucias que han emprendido y emprenden numerosos gobiernos en contra de las más diversas expresiones de disidencia u oposición, pacífica o armada.

Ha de considerarse que el proceso contra los ex funcionarios del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se desarrolló en un contexto de fuerte polarización política, en el cual el grupo de Felipe González se ostentó como víctima de una cacería de brujas emprendida por parte de sus sucesores en el poder; éstos, encabezados por el presidente José María Aznar, no han resistido la tentación de capitalizar el juicio para descalificar, en conjunto, la pasada administración del PSOE.

Al mismo tiempo, debe constatarse que los miembros del tribunal, tanto los que se manifestaron a favor de la sentencia como los que lo hicieron en contra, lograron distanciarse de las encendidas polémicas partidarias y añadieron a sus votos argumentaciones jurídicas coherentes, con lo que produjeron un fallo legítimo, convincente y bien sustentado.

De esta forma, se ha manifestado la solidez de las instituciones democráticas españolas, las cuales son capaces de erradicar la impunidad y castigar a los responsables de delitos, independientemente de la jerarquía de los acusados.

Además de apegado a derecho, el fallo del Tribunal es congruente con su propio contexto social: el repudio --por demás legítimo y justificado-- de la población española a toda forma de terrorismo. De esta forma se fortalece el régimen democrático de España y se sienta un precedente que, seguramente, tendrá repercusiones en el resto de los procesos relacionados con las actividades criminales de los GAL.

Debe tenerse presente que todavía no han finalizado las investigaciones en torno a la guerra sucia contra ETA, contra sus simpatizantes reales o supuestos y contra ciudadanos que no tenían nada que ver con esa organización. Aún están por esclarecerse otros homicidios, secuestros y violaciones a los derechos humanos cometidos o tolerados por instancias del gobierno durante la administración de Felipe González.

Aunque la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español ha cerrado filas en defensa de su antiguo líder, se mantienen las sospechas de que González pudo estar enterado de las operaciones ilegales de los GAL y de que, de alguna manera, pudo haberlas aprobado o apoyado.

El terrorismo, bajo cualquiera de sus formas, es una actividad bárbara a la que debe responderse con todo el peso de la ley. Pero la práctica de la Ley del Talión resulta incompatible con la vigencia del derecho y de las instituciones democráticas, y colocan al Estado en el mismo nivel moral y jurídico de los criminales a los que se pretende combatir.

Por ello, cabe esperar que la justicia española culmine de manera satisfactoria, y dejando de lado las presiones políticas de cualquier signo partidario, las investigaciones en torno a las vergonzosas y trágicas acciones criminales cometidas desde el poder público, y que ello sea tomado como ejemplo por la institucionalidad de todas las naciones en las que se han realizado, o se realizan, prácticas de guerra sucia.