La Jornada 30 de julio de 1998

Pretendieron los gobiernos federal y neoleonés bloquear la entrevista con Lankenau, acusan diputados

David Carrizales, corresponsal, Monterrey, NL, 30 de julio Ť La Secretaría de Gobernación y el gobierno panista de Nuevo León pretendieron boicotear la reunión de los diputados federales de la subcomisión especial del caso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) con el ex presidente del Grupo Financiero Abaco-Confía, Jorge Lankenau Rocha, denunciaron hoy tres de los seis integrantes del grupo legislativo, después de que con limitaciones lograron entrevistarse con el ex banquero en el interior del Penal de Topo Chico, donde permanece desde el pasado 17 de noviembre.

Entrevistados al salir de su cita con Lankenau, afirmaron que existen presiones, amenazas y chantajes contra algunos diputados de la oposición para obligarlos a definirse en favor del fondo, en los términos planteados por el gobierno federal.

Arturo Saiz Calderón demandó que salgan de sus puestos Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, y Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por el mal manejo de la regulación de las instituciones bancarias y de la política económica.

Además, dijo, estos funcionarios ``han sido capaces de ejercer chantaje, amenazas contra diputados, sobre todo del PAN, para que cedamos en la aprobación del Fobaproa'', y advirtió que serán dados a conocer los nombres de quienes recibieron beneficios del Fobaproa.

El diputado federal por Guanajuato salió en defensa de Vicente Fox, quien ha sido ``balconeado'' como supuesto beneficiario. Expuso que la empresa de la familia de Fox adeuda 14 millones de pesos y de esa cifra 7 millones fueron el crédito original, mientras el gobernador es dueño de 8 por ciento de las acciones.

Durante el encuentro con Lankenau, que duró más de cuatro horas, sólo estuvieron Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo (PT), presidente de la subcomisión especial, así como los panistas Felipe de Jesús Cantú y Arturo Saiz Calderón.

En tanto, Ricardo Cantú Garza expuso que entre las trabas que debieron enfrentar estuvo que no podían ingresar todos los diputados de la comisión al mismo tiempo, ``porque se requería un operativo de seguridad'', según argumentó Raúl Maldonado Tijerina, subsecretario estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, no se les permitió utilizar una cámara de televisión, que era fundamental para videograbar las conversaciones y llevar el testimonio al resto de diputados que no estuvieron presentes.

Cantú Garza consideró que las dificultades que encontraron se debieron a disposiciones de la Secretaría de Gobernación, en concreto del subsecretario Jorge Alcocer Villanueva, quien les manifestó que no quería que se llevaran a cabo ese tipo de audiencias. ``Si no quieren que se realicen, a lo mejor es porque temen que encontremos algo de información para las investigaciones'', señaló el diputado petista.

Ricardo Cantú informó que el ex banquero les proporcionó documentación que les permitirá apoyar las auditorías. Entre otros papeles les dio copia de una carta de intención de un grupo de inversionistas del First City Financial Co., que estaba dispuesto a pagar 250 millones de dólares para la capitalización de Confía y se comprometía a absorber, sin costo para el país, la cartera vencida del banco por mil 600 millones de dólares.

Además, dio a conocer solicitudes de convenio donde Confía no necesitaba los apoyos del Fobaproa, pero las autoridades hacendarias y de la CNBV le replicaron que ellos decidirían con quién se debería asociar.

``Para nosotros es importante que haya habido opciones que no le costaran al país y que las autoridades se hayan negado a tomarlas'', concluyeron los legisladores.