Recuperar dinero dado a Arizmendi, nuevo viacrucis para sus víctimas

Juan Manuel Venegas Ť Abierta la mesa de atención ciudadana para resarcir el daño económico que la banda de los Arizmendi provocó a sus víctimas, aparecieron las inevitables preguntas: ¿Cómo comprobar que, efectivamente, el quejoso fue plagiado por esa organización de secuestradores? ¿Cómo comprobar que el dinero o los bienes que reclaman son verdaderamente los que entregaron a los secuestradores? ¿Recuperarán total o parcialmente lo que reclaman?

La Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la mesa instalada en la calle de López, y las propias víctimas, tendrán que sortear largos y numerosos trámites antes de resolver esas interrogantes. Si bien el titular de la Unidad contra la Delincuencia Organizada de esa dependencia, Samuel González Ruiz, señaló ayer por la noche que cuentan con los elementos para garantizar la agilidad y transparencia en la atención ciudadana, durante el día salieron a relucir los problemas que enfrentarán.

Primero, en los próximos 15 días (el 16 de agosto cerrará la mesa de atención) las víctimas tendrán que acreditar que fueron secuestradas por los Arizmendi, y la cantidad que pagaron por el rescate.

De acuerdo con González Ruiz, definitivamente no tendrán mayores problemas aquellos que hayan levantado la denuncia respectiva de su secuestro, en tanto que entre los medios para comprobar que fueron víctimas de los Arizmendi, destacó la presentación de ``casetes grabados con la voz'' de algunos de los integrantes de la banda de secuestradores.

Además, expuso, los reclamantes tendrán que acudir a la mesa personalmente. ``Es absolutamente indispensable, cualquier persona que quiera reclamar el dinero y no lo haga de manera personal, no puede ser tomada en cuenta, por una razón: se trata de hechos propios, no de algo que pueda realizarse por representante. Ninguna persona puede venir por otra a decir que fue secuestrada''.

Para enfrentar esas situaciones, la PGR -según González- cuenta con una lista de ``alrededor de 20 nombres'' de víctimas de los Arizmendi y puede, de ser necesario, interrogar a los miembros de la organización criminal ya detenidos, entre ellos al propio Aurelio. ``Ellos pueden confirmar si secuestraron a tal o cual persona, a esta o a aquella'', apuntó el funcionario.

La PGR cuenta también con algunas averiguaciones previas con los nombres de las víctimas de un secuestro, integradas con las declaraciones de los propios secuestradores.

Pero con estos elementos, lo que las autoridades no tienen -reconoció González Rubio- es la forma de comprobar el monto de las cantidades que pagaron los plagiados y sólo hasta que la víctima presente las pruebas de lo que pago como rescate se determinará cuánto y cómo se regresará el dinero.

Por lo pronto, es un hecho que lo que se devuelva no corresponderá al ciento por ciento de lo que las víctimas entregaron a la organización de secuestradores: primero, porque los Arizmendi gastaron parte de sus ganancias delictivas y, segundo, porque buena parte de los recursos que obtuvieron de los rescates, los utilizaron la compra de bienes inmuebles.

Si bien la PGR está en condiciones de disponer de los inmuebles asegurados a los Arizmendi, tendrá que hacerse la valuación respectiva para su venta, y ya realizada, entonces sí poder determinar cuánto se puede regresar a las víctimas.

A todo esto se agregó ayer la primera queja pública de un ciudadano que acudió a la mesa de López. El abogado Max Morales, representante jurídico de una de las víctimas, se presentó a reclamar 2 millones de dólares que habrían pagado a los Arizmendi.

Reconoció que la mesa que instaló la PGR es ``un logro para quienes resultaron afectados'' por la actividad de los Arizmendi, pero advirtió dos problemas: el poco tiempo que tienen para acreditar ``todo'' lo que la Procuraduría les pide para comprobar la autenticidad de su reclamo, y la ``obligación'' que se fijó de que la víctima tiene que presentarse personalmente.

Esto último ``es muy delicado'' -dijo Morales- porque se pierde el anonimato y las personas afectadas, por supuesto, tienen temor a sufrir un atentado por la denuncia que están presentando. Al respecto se quejó, incluso, de la presencia de medios de comunicación en los alrededores de la mesa de atención a víctimas, ya que ``inhiben todavía más a las víctimas'' que quisieran presentarse a reclamar el dinero que pagaron a los secuestradores.