La propuesta del coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, en el sentido de que la Cocopa promueva el plan de distensión formulado por el gobierno chiapaneco, adolece de graves desvíos y omisiones.

El ofrecimiento oficial pasa por alto el hecho de que la Cocopa ya ha formulado un plan de distensión para Chiapas, en el que se plantea el reposicionamiento del Ejército Mexicano como una medida urgente e indispensable, tanto para propiciar el reinicio de las negociaciones con el EZLN como para atemperar el estado de intranquilidad, temor y desconfianza en el que se encuentran las comunidades indígenas asentadas en la zona del conflicto, como resultado de la presencia de efectivos militares en sus tierras de labranza, en sus espacios de vida comunitaria y en sus lugares ceremoniales. Además, la pretensión del gobierno federal de emprender un plan de distensión distinto al de la Cocopa --como sucedió con la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas-- minimiza el importante rol que esa instancia legislativa ha desempeñado para encontrar una solución justa y pacífica al conflicto chiapaneco, y limita negativamente sus márgenes de acción y negociación. Las autoridades federales deberían apoyar decididamente las gestiones e iniciativas de la Cocopa y comprender que esa comisión no puede reducirse a desempeñar un papel de simple portavoz de las propuestas oficiales, sino que es la única instancia con la pluralidad, credibilidad y capacidad necesarias para restablecer los contactos con el EZLN y reconstruir las vías para la reanudación del diálogo de paz.

Por otra parte, el tibio ofrecimiento de Rabasa para desarmar a los grupos paramilitares que operan en las zonas de los Altos, el norte y la selva de Chiapas --escuadrones cuya existencia el gobierno federal había negado hasta ahora-- choca con algunos hechos contundentes. El primero de ellos es la libertad y la impunidad con que actúan dichos grupos, sin que, hasta ahora, las autoridades hayan emprendido acciones efectivas para desmantelarlos. El segundo es la denuncia periodística sobre el reclutamiento sin tapujo alguno de jóvenes indígenas para reforzar las milicias paramilitares existentes o para construir otras nuevas --circunstancia gravísima que enfrenta de manera artificial y dolosa a las comunidades entre sí--, y sobre la acciones de represión e intimidación que estos grupos delictivos realizan contra campesinos humildes y desarmados. El tercero es la advertencia del ministerio canadiense de Relaciones Exteriores sobre la peligrosidad de estas bandas, hecha a sus connacionales que van a Chiapas, y los señalamientos del Pentágono en torno a la participación de paramilitares de filiación priísta en la detención de dos funcionarios militares de la embajada estadunidense en nuestro país. Las autoridades federales y estatales tienen la obligación jurídica y moral de desarticular a estos grupos y de castigar conforme a derecho a sus organizadores; por ese motivo no resulta sustentable que el gobierno ofrezca como propuesta de distensión la realización de tareas que le corresponde cumplir por mandato de ley.

El desarme inmediato de todos los grupos paramilitares y una disminución importante de la presencia castrense en Chiapas serían muestras concretas del compromiso de las autoridades con la reanudación del diálogo de paz. Si el gobierno realmente desea convencer a la sociedad de su intención de resolver mediante la negociación el conflicto de Chiapas, debe demostrarlo con hechos y no con propuestas unilaterales que pasan por alto los esfuerzos realizados por instancias plurales e incluyentes como la Cocopa.