Más allá de las diferencias que puedan existir entre los secretarios de Hacienda y de Gobernación, derivadas de las ambiciones presidenciales de ambos, en el escandaloso asunto del Fobaproa los unen los intereses del sistema y de grupo en el poder, de donde deriva el propósito de evitar por completo --cosa imposible-- o reducir al mínimo los costos políticos que el gobierno y el PRI deben pagar por la forma ilegal, nada transparente y seguramente sucia, del manejo de ese fondo constituido para proteger a los ahorradores y que fue convertido en gran medida en botín de muchos banqueros y empresarios.
Todos en la cúpula del gobierno quieren imponer el borrón y cuenta nueva. El borrón consistiría en tender un velo de impunidad política o penal sobre quienes, funcionarios, banqueros o dirigentes políticos. tienen responsabilidad por el manejo inescrupuloso del Fobaproa; la cuenta nueva es la conversión de los pasivos de este fondo (553 mil millones de pesos) en deuda pública y su pago por los contribuyentes mexicanos en forma de impuestos y de empeoramiento de sus niveles de vida ya muy castigados por 17 años de neoliberalismo. Además de que la historia vuelva a repetirse.
La secretaría de Hacienda se escuda en el llamado secreto bancario para negarle a la mayoría en la Cámara de Diputados el derecho y la necesidad de investigar detalladamente acerca de la legalidad y circunstancias en que el Fobaproa asumió deudas de los bancos; la secretaría de Gobernación, por su parte, quiere parecer flexible y ofrece información, pero dentro de los marcos de la ley, esto es, del llamado secreto bancario, de manera que pueda dosificarla y dejar satisfechos a los diputados. Las posiciones públicas diferentes de las dos secretarías no parecen ser otra cosa que un valor entendido, un juego tortuoso para ganar tiempo y debilitar la convergencia de los partidos de oposición que dentro de la Cámara de Diputados tienen coincidencia básicas en el enfoque de este problema.
Por encima de diferencias coyunturales, tanto Labastida como Gurría y, por supuesto, el Presidente, no se resignan a admitir que ya no se puede gobernar como en el pasado, cuando impunemente se adoptaron decisiones económicas fundamentales con los criterios patrimonialistas del grupo en el poder. Así se realizó el desmantelamiento casi completo del sector estatal de la economía, la privatización de la banca, y apenas en este sexenio la entrega de los fondos de retiro de los trabajadores a unos cuantos grupos financieros. Por ello van a luchar enérgicamente por imponer al borrón y cuenta nueva. Es mucho lo que está en juego: enormes riquezas y el poder.
Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados tienen ante sí una enorme responsabilidad. Llegó el momento de demostrar que representan en verdad y con firmeza, además de inteligencia. los intereses de la mayoría del pueblo mexicano. Sin embargo, el problema es un asunto de interés público y esclarecer a fondo el paradero de 553 mil millones de pesos, de cuyo manejo corrupto todos los días se dan ejemplos en la información de los diarios, es un asunto de salud pública.
Pero la gente no necesariamente debe esperar hasta las elecciones del año 2000 para emitir con su voto su juicio sobre este problema. Puede ejercer su derecho a opinar e influir ya, desde ahora, en la solución del mismo. La iniciativa del PRD de realizar una consulta pública da la posibilidad de que hombres y mujeres preocupados por el curso de este grave asunto que va a afectar sus intereses, emita su opinión, participe en la consulta del último día de agosto en todo el país; consulta a la que los medios, sobre todo electrónicos, le hacen el vacío.