Ofrece la dependencia que expertos jurídicos propondrán ``avenidas de consenso''

Andrea Becerril Ť El gobierno federal reiteró ayer ante representantes del Congreso de la Unión su renuencia a entregar a los diputados los expedientes del caso Fobaproa. El secretario de Hacienda, José Angel Gurría, argumentó que podría incluso ir cinco años a la cárcel si accede a entregar la información sobre el rescate de la banca, ya que violaría el secreto bancario.

De hecho, el único ``punto de conciliación'' tras la reunión del grupo de alto nivel, a la que acudieron los secretarios Gobernación y de Hacienda y los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras, fue que en una semana se definirá si la información requerida se entrega a los diputados o se canaliza vía la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados o a través del grupo de auditores que encabeza Michael Mackey, con la garantía de que los datos se manejarán en forma confidencial.

En un comunicado emitido a las diez de la noche, siete horas después de concluida la reunión en el Senado, Hacienda precisó que el Ejecutivo está en ``la mejor disposición'' para trabajar con el Congreso a fin de que éste disponga de los elementos necesarios para tomar decisiones respecto a las iniciativas del paquete financiero. Sin embargo, la dependencia rechazó versiones de que el gobierno habría ofrecido obviar las restricciones legales respecto a los secretos bancario y fiduciario.

La Secretaría de Hacienda informó que el antes de cualquier acuerdo sobre información y para asegurar el cumplimiento de las leyes, el grupo de trabajo de alto nivel creado para discutir las iniciativas en materia financiera designó a un equipo de expertos jurídicos que abordará el tema en los próximos días para proponer ``posibles avenidas de consenso que serían discutidas en una segunda reunión, el jueves de la próxima semana''.

Antes de la reunión del grupo de alto nivel --según precisaron en conferencia de prensa posterior los diputados Fauzi Hamdam, del PAN, y el priísta Jorge Estefan--, el Comité de Seguimiento del Fobaproa, del que ambos forman parte, analizará con Gurría el escrito de 16 puntos de las fracciones parlamentarias para determinar qué información pueden proporcionar a los legisladores y en qué términos.

En la conferencia de prensa no hubo representantes del PRD, sólo Hamdam y Estefan, cuyas posturas fueron contrarias. Por ejemplo, el panista dijo que la oposición no cedió ayer, ya que el punto de coincidencia con los representantes del Ejecutivo fue que los expedientes del Fobaproa se presenten en dos vertientes, pues los auditores tendrán acceso a toda la información sin cortapisas y a los grupos parlamentarios ``se les proveerá de la documentación para poder pronunciarse en un momento dado sobre la iniciativa''.

A su vez, el priísta Jorge Estefan Chidac opinó que los diputados encargados de dictaminar el proyecto de ley sobre el Fobaproa tienen suficiente información y ``podrá haber más, pero dividida en dos: la que tiene que profundizarse caso por caso y la que no va a ser necesaria para votar en este momento''.

Sin embargo, en la reunión no hubo un acuerdo en esos términos. Según precisó después la diputada perredista Dolores Padierna, los representantes de su partido aceptaron que el lunes el comité de la Cámara de Diputados que da seguimiento al Fobaproa discuta con Gurría el documento de 16 puntos y el jueves, cuando se reunirá el grupo de alto nivel, presente propuestas sobre quién debe recibir la información.

El encuentro, detalló la perredista, giró en torno a ese punto y Gurría insistió en que las 8 mil fojas sobre el Fobaproa que ya hizo llegar a la Cámara de Diputados son suficientes, pues si entrega los demás documentos solicitados en el escrito de 16 puntos podría ir a la cárcel, ya que se violaría el secreto bancario.

En respuesta, tanto el coordinador de los diputados del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, como el vicecoordinador, Pablo Gómez, respondieron al titular de Hacienda que no se trata de un problema legal, ya que el Fobaproa en sí mismo es ilegal y los legisladores tienen todo el derecho a solicitar la información que requieran.

``¿Cómo pueden pedirnos convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa y no nos informan quiénes se beneficiaron de esa deuda y cómo se llegó a esa cifra de más de 60 mil millones de dólares?'', le cuestionaron al secretario.

Gurría repitió que los diputados ya tienen información suficiente y que estaría en peligro de ir a la cárcel si saca a la luz pública información de los bancos. Agregó que es a través de la Contaduría Mayor de Hacienda como se pueden hacer llegar los expedientes del Fobaproa al Congreso, ya que tiene ``la seguridad y plena confianza de que ésta sabrá guardar el secreto bancario'', o al despacho de auditores.

Muñoz Ledo le respondió que los diputados prefieren que Hacienda entregue la información al comité legislativo que sigue el caso Fobaproa, ya que no tienen confianza en la Contaduría Mayor y los auditores son empleados de los legisladores.

Como no se pudo destrabar el punto, se optó por transferir la discusión al lunes, y el jueves discutir las alternativas en el grupo de alto nivel.

No es seguro que la iniciativa se discuta en el periodo ordinario

Hamdam precisó que su partido aún está comprometido a no aprobar la conversión de los pasivos de Fobaproa en deuda pública hasta que estén listos los resultados de las auditorías. Por ello, agregó, no es seguro que la iniciativa de ley se discuta en el próximo período de sesiones, que se inicia en septiembre.

El priísta Estefan advirtió que no se acordó condicionar la votación de la iniciativa del Fobaproa a que terminen las auditorías. ``Pero no necesariamente tiene que aprobarse en el próximo periodo'', respondió a su vez Hamdam.