La fuente, "responsable legalmente": procurador fiscal
César Martínez y Notimex Ť La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tiene facultades para invocar excepciones al secreto bancario y dar información al Congreso sobre las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), dijo ayer el procurador fiscal de la Federación, Ismael Gómez Gordillo. Además, si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) divulga nombres de beneficiados por ese fondo, debe ``demostrar sus afirmaciones'', y la fuente bancaria que los haya proporcionado será responsable legalmente, advirtió.
Ante la expectativa generada en torno a la posibilidad de encontrar algún mecanismo para que el gobierno entregue los datos requeridos por los partidos de oposición, el procurador reiteró la aclaración ya reconocida por la propia SHCP, de que la colaboración ofrecida por el Poder Ejecutivo debe respetar los conductos oficiales y las leyes vigentes, que en este caso son el secreto bancario y fiduciario.
Esta semana volverán a reunirse los coordinadores de las bancadas parlamentarias con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Hacienda donde, se anunció, se analizará la información solicitada y se buscarán las vías para divulgarla. Sin embargo, este mensaje es confuso, ya que se antepone la Ley de Instituciones de Crédito, que establece como únicas excepciones al secreto bancario los requerimientos judiciales y fiscales. La legislación ``no establece más excepciones'', aseguró Gómez Gordillo en una entrevista radiofónica.
Fobaproa a deuda pública: Bursamétrica
Los pasivos del Fobaproa deben convertirse en deuda pública para dar liquidez al sistema bancario y restablecer el circuito del crédito en México, recomendó ayer Ernesto O'Farril, presidente de la correduría Bursamétrica. Pronosticó una devaluación de 27 por ciento e inflación de 12.8 por ciento si cede la crisis asiática, y estimó que el barril del crudo mexicano no superaría los 11 dólares en 1999.
Pidió que los activos de ese fondo sean investigados en forma independiente a los pasivos, para aplicar la ley a quienes hayan incurrido en irregularidades en las operaciones del rescate bancario.
El tratamiento legislativo del Fobaproa está empantanado por haberse ligado el análisis de sus activos y pasivos, y la tardanza en dar una solución al problema aumenta el costo social y económico que pagarán los contribuyentes, apuntó O'Farril, quien reclamó un cambio de enfoque de parte de los legisladores en este sentido.
En cuanto a los pronósticos económicos, estimó un crecimiento de 4 por ciento y un déficit público de 2 por ciento, junto a un tipo de cambio de 10.25 pesos por dólar, que arrojaría una devaluación anual de 27 por ciento. Al cierre de julio pasado el peso se depreció 10 por ciento en el acumulado anual