No descarta la Contraloría fincar más cargos al funcionario

Ricardo Olayo Ť En el transcurso de la semana la Contraloría del gobierno del Distrito Federal podría fincar nuevas responsabilidades al ex titular de la Dirección General de Servicios al Transporte (DGST), Fernando Peña Garavito, por lo que será citado para tomarle su declaración, según informes de la dependencia que continúa el análisis del trienio 1994-1997.

La Contraloría denunció penalmente al ex funcionario del ex Departamento del Distrito Federal (DDF) sin que haya respondido a los llamados formulados desde abril pasado para que estuviera enterado de su situación , y además le inició un proceso administrativo porque ``infringió diversos ordenamientos'' al asignar un contrato a la empresa Cosmocolor sin realizar licitación abierta y a un costo mayor por unidad en cada una de las licencias emitidas, ``sin considerar el descuento de 3 por ciento del pacto y el IVA''.

El texto de la denuncia lo responsabiliza de firmar un contrato antes de que el Subcomité de Adquisiciones correspondiente avalara los recursos financieros para tal operación, y apunta que no están aclarados los criterios utilizados por el ex funcionario para cancelar y firmar un nuevo contrato con la misma empresa, solamente con un día de diferencia, el cual fue desventajoso a la luz de las cuentas efectuadas.

La denuncia contra Peña Garavito, director de Playas de la Secretaría de Turismo, indica que hay ``un detrimento en contra del patrimonio del gobierno del Distrito Federal por la cantidad de 954 mil 357 pesos'', pues se pagó un precio mayor a Cosmocolor, empresa contratada desde enero de 1992 por el entonces DDF, y cuyo propietario es el empresario Jorge Kawhagi Gastine.

En 1994 el precio pactado por licencia con la compañía fotográfica fue de 20 pesos con 60 centavos, y posteriormente se determinó que la cotización se haría conforme el movimiento del índice inflacionario, que ese año fue de 7.05 por ciento, ``lo cual significó que en el ejercicio de 1995 debió aplicarse el precio unitario de 22 pesos con cinco centavos por licencia. Empero, se cubrió la cantidad de 24.55 pesos por licencia''.

Es decir, hubo un pago en exceso ``por autorización de Fernando Peña Garavito'', indica la denuncia preparada por la Contraloría del DF, cuyo titular es Gastón Luken Garza y entregada a la Procuraduría General de Justicia para integrar el expediente A/HPSP/264/98-07, mediante el cual se solicitó al juez la orden de arraigo en contra de Peña Garavito.

Las investigaciones y el cruce de información de las auditorías continúa en la DGST, y según fuentes consultadas hay nuevas irregularidades, incluso en este expediente, que serán documentadas por montos mayores que lo involucrado hasta ahora.

En las auditorías realizadas al Programa Anual de Adquisiciones que se iniciaron durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal, se encontró en Servicios al Transporte que en 17 facturas y cuentas de liquidación están contenidas las operaciones con Cosmocolor que hoy son investigadas. La denuncia penal sostiene que si se hiciera la cuenta de las 381 mil 743 licencias expedidas, resulta que se pagaron 9 millones 371 mil 790 pesos, ello implica un precio unitario superior al que se tenía que aplicar, según el índice inflacionario.

Otra de las irregularidades mencionadas es la celebración de un convenio de terminación del contrato con Cosmocolor realizado el 11 de mayo, y un día después firmó otro, antes de que entrara en vigor el acuerdo publicado en el Diario Oficial que permitía tal operación.

De las pesquisas ``se desprende que se adjudicó (el contrato) sin que se encontrara acreditado el procedimiento y sin cumplir con los requisitos señalados en el texto del propio contrato, ni se justificara la causa real por la que se optó por el citado procedimiento''.

Por tratarse de un nuevo contrato, agrega la denuncia, debió haberse sometido a consideración del Subcomité de Adquisiciones correspondiente para que dictaminara si había recursos para sostener la firma de tal compromiso.

El Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Transporte y Vialidad tampoco elaboró estudios para determinar si procedía pagar a 24.55 pesos cada licencia, lo que supone que constituye el uso indebido de atribuciones y fraude.

Irregularidades similares a las detectadas por la Contraloría fueron detectadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representante del Distrito Federal, la que al entregar los resultados de sus auditorías a la Contraloría, coincidieron en lo irregular del proceso. Por ello, en abril pasado, un mes antes de que prescribiera la actuación de Peña de 1995, la Contraloría decidió abrir un expediente administrativo que corre en paralelo con la investigación penal que realiza la procuraduría.